Arrancamos el año con una noticia tan terrible como cotidiana en el México en el que llevamos viviendo desde 2007, el país de la violencia, el miedo, las desapariciones, la guerra y la muerte. Un grupo armado irrumpió en una cárcel en Ciudad Juárez para liberar a casi 30 presos, entre ellos, el líder de la banda Los Mexicles. Casi veinte personas murieron en los hechos y la violencia armada se ha apoderado, una vez más, de Ciudad Juárez. La prensa suele narrar estos hechos como episodios aislados y el lenguaje bélico se ha vuelto moneda corriente en los textos periodísticos que cubren los acontecimientos. Hablamos de un “enfrentamiento” por aquí y otro por allá; nos enteramos de que un “comando” del crimen organizado atacó tal blanco; decimos que el Ejército realizó un “operativo” para capturar a tal capo.

En la práctica, amplios territorios del país viven en una situación de guerra, no reconocida nacional ni internacionalmente, desde hace lustros. En otras tantas regiones, el poder reinante no es el del Estado, sino el de actores regionales que controlan territorios, mercados y cotos de poder político y económico. Nos referimos, comúnmente, a esos poderes regionales simplemente como “crimen organizado” o “cárteles”, pero la realidad es más compleja que eso. Las divisiones entre el crimen organizado, los ciudadanos, la economía legal, la ilegal, el Estado y las fuerzas del orden son artificiales. Las fronteras entre estos campos son mucho más porosas y difusas de lo que solemos reconocer. Así pues, los análisis de seguridad pública –basados en estas divisiones artificiales– que se suelen hacer sobre el fenómeno de la violencia en México pueden tener cierta utilidad práctica, puesto que pueden contribuir a identificar problemas y proponer soluciones. Sin embargo, son insuficientes para comprender las violencias del país, toda vez que éstas no se reducen a criminales “malos” ejerciendo violencia contra ciudadanos “inocentes” y el Estado intentando “combatirlos”. Supuestamente, el presidente López Obrador llegó al poder entendiendo que las violencias no son sólo producto del crimen organizado (y no organizado), sino también de la desigualdad, la pobreza, la marginación y la precariedad. No obstante, su enfoque resultó ser igualmente simplista y limitado, puesto que parece pensar que, con unos cuantos pesos mensuales para los jóvenes de escasos recursos, el problema se soluciona. Al igual que ocurre con otros problemas sociales, el oficialismo parece creer que la entrega de dinero en efectivo es la única solución.

No conforme con eso, el presidente ha insistido en colocar a las Fuerzas Armadas como la piedra angular de su estrategia de seguridad pública. Si bien las políticas de seguridad de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador presentan grandes diferencias, también muestran una asombrosa continuidad: la participación de los militares como actores centrales en el “combate” al crimen organizado. Y digo que esta continuidad es asombrosa porque la violencia —y con ella, la crisis de homicidios y desapariciones— estalló precisamente cuando se desplegó al Ejército para realizar tareas de seguridad pública. La gran violencia que vivimos en México inició con la movilización de los cuerpos castrenses, no la antecedió. No tengo elementos para sostener, de manera contundente e irrefutable, que el despliegue militar fue la principal causal o el detonador único de la violencia; pero sí hay evidencia suficiente para argumentar que la militarización de la seguridad pública es uno de los principales factores explicativos de nuestra violencia, así como una constante en estos quince años de muerte y dolor. También se puede sostener que el despliegue de las Fuerzas Armadas no fue una respuesta a la violencia, pues ésta arreció con la guerra contra el narcotráfico (que, en la práctica y bajo lógicas distintas, se sigue peleando). En resumen, la mesa está puesta para que 2023 sea un año más de violencia, toda vez que los medios, el debate público y los principales actores involucrados en la toma de decisiones para reducir la violencia homicida siguen conduciéndose bajo las lógicas simplistas ya descritas. __________________ Nota del editor: Jacques Coste (Twitter: @jacquescoste94) es historiador y autor del libro ‘Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica’, que se publicó en enero de 2022, bajo el sello editorial del Instituto Mora y Tirant Lo Blanch. También realiza actividades de consultoría en materia de análisis político. Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

]]>