La violencia que azota al Estado de Sinaloa desde hace varios días confirma que la detención de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López para nada fue accidental. Un bando traicionó al otro. No hay ninguna otra explicación para las confrontaciones que estamos viendo. Me inclino a pensar que los hijos del “Chapo” dieron el paso, irreversible, con el propósito de finalizar la campaña que comenzaron desde hace unos años para apropiarse por completo de las operaciones del Cártel de Sinaloa.
1. La violencia sí depende de la dinámica criminal 2. La violencia depende de la capacidad operativa del crimen 3. Estamos ante una reconfiguración profunda del régimen criminal
Más allá de los estragos evidentes, la ruptura de los principales liderazgos de esa organización criminal también revela tres verdades. Vale la pena ponerlas en el centro de discusión si aspiramos a diagnosticar con certeza las causas de la violencia imperante en amplias regiones de nuestro país y reducir sus afectaciones. El gobierno de López Obrador presumió hasta el último minuto la reducción de las víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todas las oportunidades posibles afirmó que dicha reducción es resultado de sus estrategias, como la atención a las causas a través de la entrega de programas sociales, y el despliegue operativo de la Guardia Nacional y otras fuerzas armadas. Esta afirmación ha sido puesta en duda, pues las autoridades no han ofrecido evidencia para respaldarla. Además, en varias entidades la presunta reducción coincide con el incremento de “otros delitos contra la vida”, o las desapariciones. En una columna previa en este espacio subrayé una hipótesis alternativa: que la violencia depende de la dinámica criminal y no de la política pública. Junto a casos como Guerrero, Chiapas o Sonora, entre otros, ahora Sinaloa aporta evidencia al respecto. En un solo fin de semana se registraron 37 víctimas de homicidio a raíz del desacuerdo entre liderazgos criminales, cifra superior a la que se registró en el estado en todo el mes de marzo o abril. Cuestionado en una rueda de prensa del gobierno de Sinaloa,el propio comandante de la Tercera Región Militar, Francisco Jesús Leana Ojeda, afirmó que la paz depende de la voluntad criminal , lo que es una muestra clara de la abdicación del Estado en materia de seguridad, incluso si las Fuerzas Armadas están al mando. En otras palabras, el Estado mexicano carece de capacidad de establecer y mantener umbrales mínimos de gobernabilidad en varias regiones del país, lo que no podrá resolverse mientras no se reconozca la existencia y gravedad del problema. Otra verdad que queda al descubierto es que la violencia no depende necesariamente del número de estructuras criminales, sino de su capacidad operativa. Si bien es cierto que en este conflicto están participando otras organizaciones criminales del lado de ambos bandos, como “Los Rusos” del lado de Los Mayos o la familia Canobbio apoyando a Los Chapitos, es un hecho que la violencia sostenida en los últimos días solamente es posible gracias a la disponibilidad de milicias de sicarios fuertemente armados con equipamiento militar y de otros recursos relevantes, como la capacidad de movilización social, como cuando dichas organizaciones emplean a la población para que informe de los movimientos de sus rivales o del Estado mismo. Puesto que la inteligencia será un pilar fundamental de la estrategia de seguridad pública encabezada por Omar García Harfuch, conviene definir nuevos criterios para focalizar la intervención ante el crimen organizado y ejecutar tiros de precisión. La caída de Ismael “El Mayo” Zambada puso fin al Cártel de Sinaloa. Es más preciso referirnos ahora a sus facciones como organizaciones independientes a nivel operativo. En nuestro país se inaugura una etapa de reacomodos profundos en la distribución del control territorial del crimen organizado, pues organizaciones nacionales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, regionales como Los Caborca y decenas de grupos locales buscarán imponer su autoridad en aquellos territorios en donde la unidad de Sinaloa contribuía a mantener su hegemonía.
Como consecuencia de este reacomodo, con mucha probabilidad, el próximo sexenio veremos un repunte de enfrentamientos armados, violencia política, actos de corrupción y otros mecanismos de imposición criminal. El problema es que, al parecer, Claudia Sheinbaum cree de forma incontestable que AMLO le heredó mejores condiciones de seguridad sólo porque unos cuantos indicadores acompañan la narrativa de seguridad del oficialismo ( como lo afirmó en su último informe la todavía secretaria de seguridad pública, Rosa Icela Rodríguez). Con tales creencias falaces nunca podrá haber estrategias adecuadas. Agradezco a Felipe Soto, coordinador de edición de México Evalúa, su enorme apoyo en la edición del texto. ____ Nota del editor: Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa ( @mexevalua ). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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