La elección judicial avanza y el desastre que se previó, desde su anuncio y en los foros posteriores que se llevaron a cabo posteriormente, se confirma.
Está por concluir una de las etapas principales: la de selección de los perfiles que estarán en la boleta que la ciudadanía tendrá enfrente el 1 de junio. Los procesos de evaluación y selección en los tres Comités han sido un fracaso, llenos de incertidumbre e improvisación se definen las listas de candidaturas para cada uno de los cargos de la elección judicial, predominan los perfiles afines al gobierno y al partido mayoritario, exfuncionarios de la administración anterior, parientes de actuales liderazgos de Morena, colaboradores de funcionarios del gobierno en turno e incluso representantes de dicha fuerza política ante órganos electorales son algunos de los nombres que hemos ido conociendo estos días. Sin criterios objetivos para definir quiénes tienen los mejores perfiles, ante una total ausencia de transparencia y máxima publicidad, la lógica de los cuates y las cuotas que tanto se reprochó en gobiernos anteriores es la que está imperando. Todo este desastre avalado por las sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en las cuales se ha convalidado la violación a la equidad y la certeza de la elección, así como el atropello a los derechos de quienes han participado, avalando también las arbitrariedades, principalmente en los comités de evaluación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Una vez definidas las candidaturas, las campañas comenzarán y el escenario no pinta mejor, primero porque la geografía electoral no garantiza la universalidad del voto, no toda la ciudadanía va a elegir a los jueces que podrían conocer de casos que nos involucren. La falta de tiempo, la nula planeación y la permisividad de la justicia electoral han convalidado una geografía electoral que nos recuerda a las peores prácticas de gerrymandering . Por otro lado, quienes resulten candidatos o candidatas tendrán numerosas restricciones: no podrán acceder a tiempos de radio y tv, tampoco podrán recibir financiamiento público o privado, pero sí deberán cumplir con las obligaciones de fiscalización, no podrán contratar espacios publicitarios, tampoco pueden contratar o difundir encuestas, de manera que quienes estén en la boleta deberán darse a conocer y convencer a sus posibles votantes con recursos y herramientas limitadas. Aunque claro, esto no es para todos, pues como lo vimos en las elecciones 2024, los criterios de aplicación son selectivos, ya que a unos cuantos, que son bendecidos por el manto protector del poder, seguramente tendrán mejores condiciones y recursos para promoverse; claro, fuera de las improvisadas reglas electorales, como lo vemos ya con algunas figuras.
A todo lo anterior hay que sumarle lo que ya he comentado en textos previos, las pobres condiciones que tiene el INE para enfrentar una elección de este tipo. Me refiero a la falta de presupuesto, lo ajustado de los tiempos y la ausencia de una regulación que garantice certeza y equidad en la contienda. Se instalarán menos de la mitad de las casillas que se instalan en una elección federal de cargos legislativos o del Ejecutivo, los recursos para la promoción del voto están restringidos y los derechos políticos electorales han sido víctimas de retrocesos importantes para esta elección. La reforma que nos vendieron para democratizar al Poder Judicial y acabar con el nepotismo, el influyentismo y la corrupción, está siendo el desastre que se previó, pues hasta ahora no estamos ante unas elecciones democráticas; en la definición de candidaturas, el nepotismo e influyentísimo es lo que está prevaleciendo, solo falta ver si al momento de ejercer los cargos la corrupción y la politización de la justicia será la regla. Al tiempo… ____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
]]>
Comentarios recientes