A lo largo del mes que concluyó, ocurrieron acontecimientos significativos para el país. Entre ellos, hay que señalar desde luego la explosión de una pipa de gas en el puente La Concordia que de nueva cuenta enluta a la Ciudad de México –al momento de escribir estas líneas, 31 muertos- y que recuerda a la caída del Metro –sí: otra vez Iztapalapa- en 2021; o el relevante discurso del almirante secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales en ocasión del desfile militar en las fiestas patrias y en el que se hace cargo de los muy públicos escándalos de corrupción ocurridos durante la administración pasada y que involucran a la cúpula de la institución. También, se cuentan los vericuetos del escándalo en desarrollo que involucra a la élite política tabasqueña (por ende, nacional). Sin embargo, por la trascendencia que tiene para el país, el cambio de época en el Poder Judicial es lo más relevante.
Durante la época del régimen hegemónico mexicano del Siglo XX, el 1º de septiembre era el “Día del Presidente”, con todo el boato y parafernalia dispuestos para su lucimiento. El Congreso, totalmente sometido, le rendía pleitesía, con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, los gobernadores y los altos mandos del partido oficial. Esto cambió paulatinamente, en la medida en que se democratizó el país y se hizo más plural el Legislativo, hasta el último informe de Vicente Fox, en 2006. De entonces a la fecha, los presidentes han remitido por escrito al Congreso el informe sobre el estado de la administración pública, organizando eventos ad hoc no oficiales, con audiencias amigables y el consabido despliegue propagandístico. Desde la reforma electoral de 2007, y con el propósito de poner límites a ese despliegue, se estableció que sólo en una decena de días en torno a la fecha del informe se podía realizar una campaña de propaganda personalizada en medios masivos de comunicación sobre los “logros” del gobierno. Actualmente esa limitación es letra muerta, dado que desde el inicio del obradorato, y hasta la fecha, se celebran cotidianamente largas conferencias diarias de prensa que no son más que instrumentos de propaganda del oficialismo, empleando recursos públicos. Y, además, los spots . Sugiero revisar el relativo a salud pública. Hay que tener arrestos para osar hablar de derechos, honestidad y distribución de medicamentos, en contraste con las evidencias recogidas en el último libro de Nayeli Roldán, “La austeridad mata”, así como las protestas y testimonios de distintas personas y colectivos que han evidenciado las pésimas condiciones de la salud pública en el país. El discurso pronunciado por la presidenta sobre su primer informe en nada sorprende: ni una sola frase o declaración que caracterizarían un mensaje a la nación pronunciado por una estadista, sino meramente un compendio de cifras felices y un diagnóstico de país que la terca realidad contradice día con día, como vimos con las marchas y protestas de los días previos, en ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), uno de los más lacerantes problemas que desgarran al país, o la masiva marcha por la resistencia celebrada en la Ciudad de México, que agrupó distintos agravios contra el gobierno.
El 1º de septiembre quedó marcado como un día histórico particularmente lúgubre para el país. El saldo del año es la destrucción institucional, no sólo de los organismos constitucionales autónomos, que han ido desapareciendo en los últimos meses, sino en particular la lamentable captura oficialista del Poder Judicial, consumada ese día con la toma de protesta de un total de 881 personas, ministros, magistrados y jueces, electos todos ellos gracias al infame “operativo acordeón”. El ridículo circo de la Suprema Corte, un amasijo anquilosado de ceremoniales republicanos mezclados con rituales dizque indigenistas y dizque populares, incluyendo una multiplicación de bastones de mando, limpias energéticas y hasta rezos a Quetzalcóatl (un absoluto disparate que, además, violó flagrantemente los principios del Estado laico), tal vez se explican por la muy cuestionada legitimidad con la que llegan los nuevos ministros. En fin: así quedó marcada la inclusión del Poder Judicial en el proyecto hegemónico autoritario y populista que va ganando terreno en México, mientras se desmantelan los restos de lo que de democracia constitucional llegamos a tener. _____ Nota del editor: Horacio Vives Segl es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina). Síguelo en X como @HVivesSegl Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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