México enfrenta una amenaza sistémica donde el dinero ilícito sostiene la violencia, corrompe instituciones y distorsiona la economía. En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita actualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), opera bajo un marco predominantemente administrativo y fiscal que limita su potencial estratégico en el combate al crimen organizado. La inteligencia financiera ya no puede considerarse un asunto contable: es un componente esencial de la seguridad nacional. Transferir la UIF a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) representa un paso lógico, operativo y estratégico hacia una arquitectura de seguridad moderna e integral.

Justificación general 10 razones contundentes

La naturaleza del crimen organizado contemporáneo ha mutado: sus estructuras financieras son más complejas, globalizadas y tecnológicamente sofisticadas. Sin embargo, la actual ubicación institucional de la UIF dentro de Hacienda responde a un modelo de control financiero pensado para la supervisión de entidades bancarias, no para la persecución criminal. Integrar la UIF a la SSPC permitiría articular la inteligencia financiera con la inteligencia táctica, cibernética y policial, cerrando el ciclo entre detección, investigación y judicialización. El cambio no implica politizar la unidad, sino profesionalizar su uso como herramienta estratégica contra las redes económicas que sostienen la criminalidad organizada. 1. Integración de inteligencia operativa y financiera La UIF genera información valiosa sobre flujos sospechosos, pero su desconexión con las áreas de investigación criminal reduce el impacto de sus hallazgos. Bajo la SSPC, esta información podría integrarse con bases de datos de inteligencia policial y criminal, permitiendo una visión 360° de las finanzas delictivas. 2. Enfoque de seguridad nacional, no fiscal La adscripción actual prioriza la recaudación y la supervisión financiera. Reubicarla en la SSPC la alinearía con el paradigma de seguridad nacional, donde el lavado de dinero se aborda como amenaza estructural a la soberanía y la estabilidad del Estado. 3. Coordinación directa con Guardia Nacional y CNI Desde la SSPC, la UIF tendría acceso inmediato a las plataformas del Centro Nacional de Inteligencia y de la Guardia Nacional, facilitando operaciones conjuntas, alertas en tiempo real y trazabilidad de flujos ilícitos vinculados con cárteles o grupos terroristas. 4. Mejora en tiempos de respuesta Actualmente, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) tardan semanas en traducirse en acciones concretas. Bajo un esquema de seguridad, la reacción podría reducirse a horas mediante protocolos compartidos y unidades conjuntas de análisis. 5. Alineación con estándares internacionales Países como Estados Unidos (FinCEN), Reino Unido (NCA) y Francia (TRACFIN) integran sus unidades financieras en estructuras de seguridad o interior, precisamente para maximizar la interoperabilidad. México puede modernizar su modelo en congruencia con el Grupo Egmont y el GAFI. 6. Combate más efectivo al financiamiento del terrorismo Las amenazas híbridas —del narcotráfico a los grupos extremistas— requieren rastrear dinero, no ideologías. La SSPC tiene facultades de seguridad interior y ciberseguridad, esenciales para detectar patrones de financiamiento ilícito transnacional. 7. Fortalecimiento del marco de judicialización Los informes de la UIF suelen carecer de seguimiento penal. Con su integración en Seguridad, los reportes podrían coordinarse directamente con unidades especializadas de la Fiscalía General de la República (FGR), incrementando la efectividad de las denuncias y aseguramientos. 8. Blindaje institucional frente a presiones políticas Paradójicamente, una UIF dentro de Hacienda está más expuesta a intereses políticos vinculados con decisiones fiscales. En Seguridad, su función se reconfigura bajo protocolos técnicos y de inteligencia, reduciendo el riesgo de instrumentalización. 9. Optimización tecnológica y analítica La SSPC cuenta con infraestructura avanzada de análisis de datos, videointeligencia y geolocalización. Al combinarse con los algoritmos financieros de la UIF, se crearía una red de inteligencia convergente que permitiría identificar patrones criminales complejos. 10. Disuasión real del crimen organizado El mensaje estratégico de esta reubicación sería contundente: el Estado mexicano persigue las finanzas criminales como parte del corazón de su estrategia de seguridad. Golpear los recursos económicos del crimen equivale a desmantelar su estructura logística y operativa.

Proceso de transición e integración

La transferencia debe planificarse en tres fases: A. Adecuación jurídica, mediante una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para redefinir la adscripción de la UIF; B. Integración operativa , con la creación de un Centro de Fusión de Inteligencia Financiera y Criminal; y C. Fortalecimiento técnico, incluyendo capacitación interinstitucional, interoperabilidad tecnológica y cooperación internacional. El resultado sería una UIF fortalecida, alineada con la visión de seguridad multidimensional y capaz de convertir la información financiera en poder estratégico contra el crimen organizado. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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