La reforma constitucional para juntar las elecciones políticas y judiciales con la revocación de mandato puede abaratar costos, pero no es un buen síntoma de que las elecciones serán democráticas, pues va contra principios establecidos en la Constitución , advierten expertos electorales. Tres de las reglas básicas de toda elección democrática son el voto informado, la equidad en la contienda y la no interferencia del gobierno, pero la reforma -planteada por morenistas- haría aparecer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las boletas, con lo que se vulnerarían las condiciones de integridad electoral, pues ella representa al movimiento político que fue fundado por Andrés Manuel López Obrador, consideran los expertos.
El 18 de septiembre, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar presentó una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución para adelantar la fecha de realización de los procesos de revocación de mandato y establecer que éste sea el mismo día de las elecciones federales. La iniciativa sería dictaminada anoche para su discusión este martes 11 de noviembre en el pleno de la Cámara de Diputados, pero se pospuso la dictaminación y está pendiente. Aunque Morena cuenta con los votos suficientes para aprobarla en cualquier momento, el coordinador de sus diputados, Ricardo Monreal, señaló que se busca ampliar la discusión, como lo solicitaron integrantes de los partidos de oposición. Esa reforma, sumada a la obligación que ya estableció la Reforma Judicial de 2024 de que en tres años se elegiría a la segunda mitad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, provocará que el 6 de junio de 2027, en un solo día, se sometan a elección miles de cargos. Pero esos cargos son de diferente naturaleza, por lo que de forma obligada se requerirá duplicar casillas, plantea Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE). Se crearía un caos, considera el experto, si en la misma jornada se ponen a votación cargos judiciales (más de 2,600 cargos de juzgadores federales y locales), 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos estatales y 2,246 alcaldes. “Si siguen en la idea de tener el mismo día las elecciones federales y locales empalmadas con las elecciones judiciales, va a ser un verdadero desastre, porque van a tener que ponerse dos bloques diferentes de casillas”, plantea. Se requerirá “un bloque de casillas para recibir la votación de las elecciones de diputados, gobernadores, ayuntamientos y congresos locales y otro bloque de casillas para recibir la votación de las elecciones judiciales”. Eso se debe, explica, a que la Reforma Judicial prohibió toda participación de los partidos políticos en la elección de jueces y magistrados, por lo que ahora no se podrían mezclar unas y otras casillas, pues en unas habrá, además, representantes partidistas. Esa duplicidad de casillas reduciría los ahorros que, asegura el impulsor de la propuesta -el diputado Ramírez Cuéllar-, traería consigo su propuesta de reforma, dice Baños. Por otro lado, sumar la revocación vulneraría otras disposiciones de la Constitución, pues los partidos políticos no sólo están impedidos de participar en las elecciones judiciales, sino también tienen restringido intervenir en los procesos de revocación de mandato. Arturo Espinosa Silis, director de Laboratorio Electoral, recuerda que ninguna persona funcionaria puede aparecer en campañas que no sean los suyas, ni impulsar alguna candidatura. Si la presidenta Claudia Sheinbaum aparece en las boletas de revocación no cumpliría esa restricción, por lo que la reforma al artículo 35 constitucional abriría la puerta a influenciar indebidamente al electorado. “Esto es contrario a lo que durante años se ha exigido de los presidentes de México, que se mantengan al margen de los procesos electivos que no sean presidenciales y eviten influenciar de alguna manera al electorado para votar por uno u otro partido, como sucedía en muchos gobiernos anteriores, y que tantas denuncias y cambios a la ley electoral trajeron consigo”, dice Espinosa. Además, adelantar el proceso vulneraría la naturaleza de la revocación, pues al ser antes de que concluya la mitad del mandato se deja sin instrumentos ni información a la ciudadanía “para saber cómo continuará el resto del sexenio». En cuanto a los supuestos ahorros, el experto valora que no importa cuánto se busque economizar con la concurrencia electoral, “si no se otorgan los insumos y cantidades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema electoral”. Por tanto, el integrante de Laboratorio Electoral llama a los legisladores a realizar análisis real sobre las necesidades y capacidades del sistema electoral mexicano, de la ciudadanía y del fortalecimiento de los ejercicios de participación y rendición de cuentas. “No debemos olvidar que todos los cambios que se han hecho y se hagan al sistema electoral serán las reglas en las que alguna vez, quienes ahora son gobierno, sean oposición -como la historia reciente ha demostrado”, indica.
El regreso de los acordeones
Para Luis Fernández, de Práctica Laboratorio para la Democracia, una eventual reforma al artículo 35 de la Constitución debe garantizar centralmente la integridad electoral. De entrada, dice, “elecciones que deberían de ser independientes del poder político, es decir, las elecciones judiciales y una revocación de mandato (ambas) tendrían que estar separadas de los procesos de partidos políticos para garantizar una independencia y autonomía en la toma de decisiones”. El especialista indica que seguramente uno de los argumentos que estarán en la opinión pública será el de los ahorros económicos. Sin embargo considera que no debe tratarse de un asunto de austeridad, pues para garantizar los derechos de los ciudadanos no se debe escatimar. “Lo que más importa es salvaguardar la integridad de una elección, la independencia de las elecciones, la independencia judicial y evitar empantanar lo político con lo legal”, plantea. “Que la ciudadanía tenga menos información o información más ambigua y tenga que elegir 30 o hasta 40 personas, más revocación de mandato… probablemente sea una elección demasiado compleja”, explica. Ya en el 2025 la falta de información fue uno de los factores que provocaron que solo el 13% de los ciudadanos con credencial electoral votaran en las primeras elecciones judiciales en México. Fernández, quien integra el Observatorio Permanente de Integridad Electoral, junto con Laboratorio Electoral y Di-Sentir, adelanta que esta eventual reforma constitucional será materia de un análisis y reporte, pero las valoraciones serán a partir de criterios integridad. El exconsejero Baños Martínez plantea que el objetivo de estrategia electoral de Morena busca también tapar temas sensibles en el país, como el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. La revocación “no se trata de una posibilidad del gobierno o de los partidos políticos, sino de la ciudadanía. Si la ciudadanía se organiza y considera que un gobernante está actuando de manera deficiente, que no está cumpliendo los programas de gobierno que comprometido puede promover que se vaya», recuerda. La primera y única consulta de revocación que se ha llevado a cabo en México ocurrió en abril de 2022. En la boleta se preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo con que Andrés Manuel López Obrador continuara en su cargo hasta el final de su sexenio -iniciado en 2018-. En el proceso participó menos del 18% de los inscritos en el padrón electoral. Más del 90% de los que sí acudieron a las urnas pidieron que el tabasqueño siguiera. Dicha consulta fue promovida por morenistas. Baños plantea que, de la misma forma que en 2022, Morena se apoderará del proceso ciudadano, pero ahora para impulsar candidaturas afines. Lo evidente, según el exconsejero, es que “quieren colocar una boleta para que sea la presidenta de la República la que arrastre el tema de las votaciones y genere un efecto positivo para las candidaturas de Morena”. A su juicio sí sería factible que se realizara el proceso de revocación el día de elecciones federales, pero eso sólo en términos logísticos, pues en lo político sí implicaría que el partido mayoritario hiciera campaña acompañado con la imagen presidencial. Eso sí, alerta, que el nivel de desinformación y el nivel de confusión “sería terrible y en el fondo lo que va a ocurrir es que se va a repetir la práctica fraudulenta del uso de los acordeones”. No hay, plantea, posibilidades de una elección exitosa, es decir con equidad, información, transparencia, si se juntan esos procesos, porque los ciudadanos no tienen posibilidad de informarse sobre cientos de candidatos judiciales, como ya ocurrió y ahora se sumarían cargos de diputados federales, locales, gobernadores y alcaldes. Fernández, de Laboratorio para la Democracia, señala que es necesario separar y garantizar la independencia y la integridad de nuestras elecciones.
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