Lo que hoy ocurre en Campeche no es una suma de excesos aislados ni una simple cadena de errores. Es la expresión de un poder personal que no admite crítica, no reconoce límites y concibe a las instituciones como extensiones de su voluntad. En Campeche no hay equilibrios, hay obediencia. No hay contrapesos, hay castigos. Es el delirio de poder desatado, sin frenos ni pudor.
El principal frente donde este simulacro de feudo se ha manifestado, es la libertad de expresión. La censura en Campeche no es un accidente ni un pleito con periodistas incómodos, es política de Estado. Se judicializó la crítica, se presionaron redacciones, se impuso un censor judicial para filtrar contenidos, se cerraron medios y se alcanzó el objetivo central de todo régimen autoritario: sembrar miedo. Hoy, prácticamente no existen medios críticos, no por falta de voluntad, sino por exceso de represalias. A la par, el aparato de propaganda oficial se convirtió en un instrumento de intimidación. El Martes del Jaguar no es un espacio de comunicación gubernamental, es un espectáculo digital diseñado para saciar el apetito de protagonismo y venganza de la gobernadora. No funciona como plataforma de rendición de cuentas, sino como plaza de linchamiento público. Ahí se estigmatiza, se insulta y se exhibe a periodistas, opositores y a toda voz distinta a la oficial. Espiar y ventilar la vida privada se volvió práctica habitual, avalada desde el micrófono del poder. Hay más. La detención por posesión de drogas de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche, detonó algo mucho más profundo que un expediente penal. Independientemente de si tiene o no responsabilidad en los hechos que se le imputan, lo cierto es que el operativo fue diseñado desde el gobierno para procesar su remoción del cargo durante el tiempo de su arresto. El objetivo era simple: quitar del camino a una voz incómoda para Layda Sansores. La autonomía estorba cuando no se alinea. Y si una universidad pública puede ser intervenida de este modo, ninguna institución está a salvo. El autoritarismo también se plasmó en letra de ley. La Ley de Expropiación aprobada en Campeche es un atentado directo contra la propiedad privada. Procedimientos exprés, plazos mínimos para defenderse, obstáculos para impugnar y criterios de indemnización cuestionables. Primero se despoja, luego se discute. Tan grave fue el despropósito, que incluso la pasiva y omisa Comisión Nacional de los Derechos Humanos la impugnó ante la Suprema Corte por violaciones al debido proceso y al derecho de propiedad.
La misma lógica se repite en el caso de la jefa de la policía estatal. Un operativo mal planeado en un penal dejó policías lesionados y destapó abusos de mandos superiores, así como condiciones precarias de trabajo para los elementos de la corporación. Vinieron protestas, paro y exigencias de destitución para la titular de la dependencia. ¿La respuesta? Ratificación de la jefa incondicional de Layda Sansores, represión, denuncias y hostigamiento contra los policías inconformes. En días recientes, Layda Sansores perdió el control del Congreso local tras una alianza entre la oposición y la disidencia interna de Morena. Por primera vez en cuatro años, el Legislativo dejó de ser dócil. La dirigencia estatal del partido guinda reconoció la fractura y responsabilizó al presidente del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez. La reacción del gobierno fue inmediata: un aparatoso despliegue de policías ministeriales alrededor del recinto legislativo. Circularon versiones de una posible diligencia contra Jiménez, que la Fiscalía negó. Pero en un estado donde el poder no dialoga y solo impone, la presencia de fuerza pública tras una derrota política de la gobernadora no es coincidencia, es advertencia. Ese es el Campeche de Layda Sansores. Un estado donde se censura, se intimida, se intervienen instituciones, se aprueban leyes a modo, se usa la policía como garrote simbólico o real y se manda el recado final desde una fiscalía capturada. No es desorden, es método. No es torpeza, es convicción.
Lo que hoy se vive en Campeche no es la excentricidad de una gobernadora abusiva. Es la radiografía de un régimen que ya cruzó la línea: concentración de poder, castigo al disidente y uso del Estado como instrumento de intimidación. Campeche no es una excepción, es una alerta. Si este modelo de gobierno no se detiene ahí, no será solo un problema regional, será el precedente. Y los precedentes autoritarios nunca se quedan en un solo estado: se exportan al resto del país. _____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.
]]>
Comentarios recientes