La soberanía no es una declaración: es una capacidad. Esta verdad incómoda se materializa cada vez que un convoy armado bloquea una carretera, cada vez que un alcalde negocia con un grupo criminal, cada vez que el Estado mexicano reconoce implícitamente que existen territorios donde su autoridad es nominal.
La presión que no se nombra y la decisión que se disfraza
La reciente entrega de 37 líderes del crimen organizado a Estados Unidos cristaliza esta contradicción: el gobierno mexicano invoca la soberanía para justificar la decisión, mientras simultáneamente admite que no puede controlar a estos actores dentro de su propio territorio. Esta paradoja no es retórica; es el síntoma de una crisis institucional que exige análisis sin eufemismos. La soberanía real se mide en capacidad de procuración de justicia, en el control efectivo del monopolio de la violencia, en la posibilidad de que un ciudadano denuncie un delito sin temer por su vida. Bajo este estándar, México enfrenta una erosión sistemática: según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 93% de los delitos permanecen impunes. La pregunta entonces no es si México es soberano en papel, sino si lo es en la práctica cotidiana de millones de personas que viven bajo la sombra de estructuras criminales que operan con mayor eficiencia administrativa que muchas instituciones estatales. Llamemos a esta entrega por su nombre: no fue el resultado de una estrategia de seguridad diseñada desde la autonomía mexicana, sino la respuesta a una presión geopolítica calculada desde Washington. La administración estadounidense ha perfeccionado el arte de la coerción elegante: amenazas arancelarias envueltas en lenguaje de cooperación, certificaciones de seguridad condicionadas a resultados específicos, y una arquitectura de sanciones que puede activarse con precisión quirúrgica. México no negoció desde una posición de fortaleza; cedió desde una posición de debilidad institucional crónica. La diferencia es fundamental.
El relato que se desmorona ante la realidad
Una estrategia soberana habría implicado establecer condiciones claras: esquemas de información compartida, garantías de que los procesos judiciales estadounidenses respetarían estándares de derechos humanos, mecanismos de extradición que fortalecieran las instituciones mexicanas en lugar de vaciarlas. En cambio, se optó por la entrega como gesto político, sacrificando la oportunidad de construir un marco de cooperación que genuinamente reforzara la capacidad estatal mexicana. La evidencia histórica es clara: las capturas de alto perfil sin desmantelamiento estructural de redes criminales generan fragmentación violenta, no paz. Los datos del conflicto contra el narcotráfico en México muestran que la «estrategia de descabezamiento» correlaciona con incrementos en violencia homicida. Entregar 37 líderes sin un plan integral es repetir un error documentado, esperando resultados diferentes. El gobierno mexicano ha intentado sostener una narrativa de colaboración equilibrada, presentando la entrega como ejemplo de cooperación bilateral madura. Pero esta narrativa choca contra hechos verificables: la coordinación operativa entre agencias mexicanas y estadounidenses es asimétrica, con flujos de información que privilegian los intereses de seguridad nacional estadounidense sobre las necesidades de justicia mexicana. Más revelador aún es el contexto doméstico: mientras se entregan estos 37 casos a la justicia estadounidense, el sistema de justicia penal mexicano opera al 7% de su capacidad óptima según estudios presentados.
La oportunidad desperdiciada: hacia un esquema integral de seguridad y justicia
Los ministerios públicos carecen de recursos básicos, los laboratorios forenses tienen rezagos de años, y la policía investigadora representa apenas el 12% del total de efectivos policiales. Esta brecha entre discurso y realidad no es sostenible políticamente ni funcionalmente. La narrativa de colaboración lineal ignora que Estados Unidos tiene sus propios intereses estratégicos que no necesariamente coinciden con la seguridad pública mexicana. Washington prioriza la interdicción de drogas hacia su territorio y el desmantelamiento de redes financieras que afectan su economía; México necesita reducir la violencia homicida, proteger a poblaciones vulnerables, y restaurar el Estado de derecho en territorios disputados. Estos objetivos pueden alinearse, pero no automáticamente. Esta entrega pudo haber sido el punto de partida para algo transformador: un acuerdo bilateral que condicionara la cooperación en extradiciones a inversiones estadounidenses verificables en el fortalecimiento institucional mexicano. Imaginemos un esquema donde cada caso entregado viniera acompañado de recursos específicos para: Reforma policial profunda: Programas de profesionalización que transformen a las policías municipales y estatales en cuerpos investigativos capacitados. Esto requiere inversión en academias policiales con estándares internacionales, sistemas de evaluación continua, y esquemas salariales que compitan con el crimen organizado. La evidencia de Colombia post-Plan Colombia muestra que la profesionalización policial sostenida reduce capturas, incrementa condenas, y disminuye violencia. Fortalecimiento del sistema de justicia: Inversión coordinada en infraestructura forense, capacitación de ministerios públicos en técnicas de investigación financiera, y creación de juzgados especializados con protecciones robustas. El modelo de Guatemala con fiscalías especializadas contra impunidad, apoyadas por cooperación internacional, ofrece lecciones valiosas. Inteligencia compartida real: Plataformas binacionales de análisis de inteligencia donde México tenga acceso simétrico a información sobre flujos financieros, tráfico de armas, y estructuras criminales transnacionales. La soberanía en seguridad del siglo XXI requiere capacidad de inteligencia, no solo músculo operativo. Mecanismos de rendición de cuentas bilateral: Esquemas de monitoreo conjunto que verifiquen que los recursos invertidos generen resultados medibles en reducción de impunidad y violencia, no solo en estadísticas de captura.
Soberanía se construye, no se declara
La entrega de 37 capos sin un plan integral representa una oportunidad perdida de proporciones históricas. México no necesita menos cooperación con Estados Unidos; necesita cooperación más inteligente, condicionada, y estratégicamente diseñada para fortalecer capacidades institucionales propias. La soberanía genuina en seguridad se construye con policías profesionales que investiguen delitos, con fiscales que construyan casos sólidos, con jueces que impartan justicia predecible, y con ciudadanos que confíen en sus instituciones. Ninguna de estas capacidades se fortalece con entregas que vacían el sistema de justicia mexicano mientras alimentan narrativas políticas de corto plazo. El debate público debe evolucionar: de discusiones sobre si entregar o no capos, hacia conversaciones sobre qué condiciones estructurales harán innecesarias estas entregas en el futuro. Esa sí sería una manifestación de soberanía práctica. Lo demás es gestión de símbolos mientras el territorio se fragmenta. ____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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