Estamos en una situación muy delicada. Sé que normalmente en estas entregas hablamos justamente de muchos de los problemas que enfrentamos en el país. Pero la coyuntura actual amerita una reflexión particularmente cuidadosa de lo que ha venido dándose a conocer en los más recientes días sobre la postura oficialista de implementar una reforma electoral en nuestro país. Dicha idea es una que debe generar un absoluto sentido de urgencia y que detone una alarma roja ciudadana. No por nada se le ha denominado la Ley Maduro. Así de grave y preocupante.
No exageramos en resaltar que lo que se pretende hacer y se quiere fraguar es la mutación legal más preocupante de la que se tenga noticia en muchas décadas, incluso de mayor impacto adverso que reformas constitucionales recientes que han sido muy graves como la reforma judicial. Y es que aunque todos estos cambios son resultado directo del Plan C (paquete de reformas que fueron propuestas por López Obrador el 5 de febrero de 2024, y que tristemente como resultado de la tóxica sobre-representación han venido sido implementadas por la administración de la Presidenta Sheinbaum), la propuesta de modificar el sistema electoral en México es el de mayor preocupación por sus alcances e implicaciones. Siempre se puede mejorar en temas del sistema democrático, pero no así. El régimen ha venido utilizando una falaz serie de argumentos para decir que el propósito de reformar el sistema electoral del país es benéfico. Han recurrido a temas tan absurdos como el afirmar que lo que se quiere hacer es abatir el costo de las elecciones, o que la población votó en favor de estos cambios cuando se acudió a las urnas en junio de 2024. Ambas son falsedades totales y vamos a explicar por qué. México viene de una tradición de baja transparencia democrática, pues durante muchas décadas los procesos electorales eran ejercicios de simulación. Hasta antes de 1977 la constante fue que los procesos eran totalmente inciertos, pero los resultados eran conocidos desde antes. A base de impulsar cambios graduales y progresivos, se pudo impulsar un registro de cambios estructurales que dieron como resultado muestras de un sistema cada vez más robusto, mismo que generó momentos tan importantes como el cambio de participación en la Cámara de Diputados en 1997, y las transiciones democráticas pacíficas en el Ejecutivo Federal en 2000, 2012 y 2018. Para que esos procesos se hicieran posible hubo que pasar por muchas reformas legales que permitieron la ciudadanización de todo el proceso, la creación de un registro electoral independiente, la credencial para votar con fotografía, el servicio profesional de carrera, un INE sin control gubernamental, fondeo de partidos con recursos públicos, tribunales electorales independientes, etc. Enormes avances que hoy quieren ser derrumbados por quienes llegaron al poder por dichas vías. Es claro que todos estos engranes del sistema electoral implicaron y requieren gastos importantes, pero el beneficio subyacente es el de contar con un mecanismo en que se priviligie la transparencia en la forma en que los electores pueden con confianza emitir sus votos y saber que la determinación de la población es la que se tomará en cuenta para reconocer los resultados finales. Nada de meterle mano o de adulterar el proceso que tanto tiempo y desgaste costó lograr. El decir que se van a reducir los costos para instaurar un sistema en que, por ejemplo, los votos ya no sean contados por los ciudadanos (como ocurrió en la primera parte de la reforma judicial), que la configuración del Consejo General del INE se pueda imponer por el partido en el poder (eliminando su neutralidad colegiada), o que se eliminen o reduzcan los espacios de plurinominales (para asfixiar la visibilidad de las minorías en procesos legislativos), todo apunta no a reducir gastos, sino más bien a concentrar poder y a implementar el último paso para lograr la tiranía autocrática propia de un régimen populista totalitario típico como el que pretenden imponer ahora. No nos dejemos llevar por la retórica que solamente pretende justificar un retroceso monumental. Otra parte clara del proceso de engaño es que los cambios que pretenden imponer por la fuerza lo sustentan en decir que la población votó por realizarlos en el proceso comicial de junio de 2024. Eso es totalmente falso por muchas razones. Citemos dos de las más evidentes. Por principio de cuentas indicar que nunca se han expresado en términos claros todos los alcances de una posible reforma electoral y, por lo tanto, es imposible que hubiera habido un claro pronunciamiento del electorado respecto a la posibilidad de mover las reglas conforme a las cuales se llevan a cabo las elecciones en el país. No se expresaron todos los alcances de lo que se quería hacer y destruir. Por otro lado, los votos efectivos a nivel del poder legislativo nunca llegaron a constituir una mayoría calificada (en el caso de la Cámara de Diputados fue apenas de un 54%), razón por la cual es insostenible que se hubieran dado las condiciones para soportar la existencia de una mayoría calificada legítima (los posteriores hechos que derivaron en la sobre-representación y la compra de Senadores no son sino una parte más de la ruta autoritaria y abusos institucionales que en el país se han venido fraguando desde 2018 y que en el actual gobierno han llegado a límites irracionales por su rapacidad e incongruencia).
Otro tema clave para entender lo inapropiado y absurdo de una reforma electoral como la que perfila el grupo en el poder es el hecho de que hay una constante en las reformas electorales que se han implementado en el país entre 1977 y 2014, las mismas se diseñaron con un carácter progresivo y las principales ideas fueron siempre motivadas por expandir los derechos de los ciudadanos para lograr una mayor participación, transparencia y claridad en los procedimientos, incluyendo el de dar a los órganos electorales autonomía del gobierno. En forma clara muchos de esas mejoras estructurales electorales provinieron de las demandas y sugerencias de las fuerzas políticas que se encontraban fuera del poder para precisamente instrumentar los límites al ejercicio del dominante y dar la garantía de una mayor presencia y representación de las minorías en los puestos de decisión. Se fueron expandiendo los derechos, jamás se iba en reversa. Así el origen histórico de las reformas vino desde la disidencia. Pero ahora la fuente de la propuesta es directamente el gobierno en turno, lo que invierte la lógica de la razón por la cual se intenta una modificación a las reglas para acceder al poder. El motivo evidente es que se sienten débiles y quieren evitar que las demás fuerzas políticas les puedan arrebatar los puestos que hoy tienen temporalmente. Esto quiere decir que quieren terminar el natural proceso de la escalera democrática en que a veces se gana y a veces se pierde – el electorado premia y castiga con el sufragio libre. Llegaron al poder por la vía de los votos y ahora pretenden evitar que la población pueda libremente determinar quienes nos gobiernen en los distintos niveles y facetas de los puestos de elección popular. Quieren ahora conservar sus puestos a la mala. Quieren quedarse en el poder como si les correspondiera o tuvieran un derecho sobrenatural para tal efecto. Se muestran simplemente como lo que son, autoritarios y fascinados con el poder para lograr sus planes de corrupción rampante. Cero democráticos. Dispuestos a robarle a la población la libre determinación de quien puede ganar una elección libre, transparante y autónoma. El contenido de la iniciativa que genera una Comisión Presidencial (una circunstancia de suyo inhabilitante pues muestra lo sesgado y cerrado del origen y la nula participación de las demás fuerzas políticas, organismos ciudadanos, expertos legales, etc.) es hoy incierto porque ni siquiera eso lo han hecho bien. Si fuera una propuesta que buscara mejorar el funcionamiento del sistema electoral, lo lógico es que las aristas, ideas, principios y la propia redacción fuera puesta a consideración de las demás fuerzas políticas y la población en general. Si no lo hacen es porque lo quieren esconder, porque saben que no recibirá el beneplácito de los expertos en la materia, y porque el fondo es el de apertrecharse en el poder sin considerar la decisión de quienes tenemos derecho a votar en el país. Esa es la tragedia que se ve venir y que en base a lo que han dejado ver contiene veneno puro como son temas como la disminución en la representación de fuerza minoritarias, la afectación a la autonomía del INE, la reducción al financiamiento de partidos públicos, la eliminación del servicio profesional de carrera del INE, la centralización de los procesos electorales, y la captura permanente de los procedimientos de impugnación y funcionamiento de los tribunales electorales. Una receta masiva de destrucción democrática porque quieren erradicar la alternancia pacífica en los puestos de decisión en el país. En un arranque de locura podrían incluso llegar a absurdos como erradicar la prohibición a la no reelección presidencial, o sustentar elementos que limiten o eliminen el federalismo. Vaya mala decisión, mal tiempo y pésimo mensaje. Quienes dijeron ser distintos y que iban a traer progreso al país han resultado ser un grupo con una adicción infinita al poder y al dinero. A base de abusar de sus capacidades actuales, incluyendo la ilegítima posibilidad de modificar reglas constitucionales, quieren asegurar que nadie más les dispute el poder y no quieren estar expuestos al escrutinio ciudadano. Afortunadamente su postura es tan absurda y abusiva, que ahora es cuando hay que estar preparados para dar la batalla final por la transparencia democrática. Si bien es cierto en el proceso legislativo por venir no hay forma realista de detener la marcha autoritaria si quieren mayoritear la iniciativa (con la única salvedad de los legisladores del Verde y PT hasta que les lleguen al precio para su prostitución política), corresponde a la población hacerle ver a los fascinerosos del poder que esto no se puede tolerar y que las decisiones de Morena (y satélites) no son aceptables ni viables.
El costo político de un abuso sistemático debe ser el repudio generalizado a lo que pretende ser el eclipse democrático en el país. La diferencia es que los eclipses naturales son innevitables, pero los de carácter político se pueden y deben detener al ser evidentes los impulsos y objetivos autoritarios que guían estas nefastas intenciones. Nos quieren poner a prueba y ahora es cuando demostrar de qué estamos hechos. En este tema nos jugamos el resto de nuestra existencia como una nación libre y democrática. No queremos ser ni Cuba ni Venezuela, pero Morena pretende llevarnos por esa ruta. No caben las sorpresas. Es lo que quieren hacer si los dejamos. Por ello el llamado de absoluta emergencia para no permitir este eclipse innecesario, arbitrario y desastroso. No se saldrán con la suya. P.D.1. En la reciente reunión de Davos hubo varios temas muy relevantes en el contexto de una recomposición geopolítica mundial. Destacan el discurso histórico de Carney que fijó la regla sobre lo que está sucediendo en el mundo donde los países deben definir si quieren sentarse a la mesa o ser parte del menú. Tristemente ante la ausencia sistemática de México en los foros mundiales, parece ser que la apuesta del gobierno actual es que nos digieran y renunciar a cualquier tipo de involucramiento en las decisiones macro mundiales. En los hechos somos y seguiremos siendo parte del menú. México en la retaguardia global. P.D.2. La situación con la coordinación de acciones de justicia entre México y EUA está en una condición bizarra. EUA reclama que son ellos los que están haciendo la tarea, mientras que México solamente “entrega” reos por sumisión. Por el otro lado México dice que las autoridades locales son las encargadas de la inteligencia operativa y que opera una coordinación. Alguno de los dos no está diciendo la verdad. Me temo que la autoridad mexicana es la que vuelve al discurso del engaño. P.D.3. En el reciente caso de compra de camionetas blindadas para los Ministros de la SCJN llama la atención que finalmente desistieran del uso de las mismas por la presión social ante la incompatibilidad con su discurso de austeridad. Pero el problema subsiste por la opacidad en la compra, el hecho de que se conservaron para otros usos, y en forma descarada el esquema para omitir pago de tenencia mediante el uso de placas de Morelos. Las incongruencias son evidentes. Las señales muy preocupantes. P.D.4. La violencia en el país sigue desatada. En tan solo unos días, 11 ejecutados en Salamanca, 10 secuestrados en una empresa minera en Sinaloa, ataques a diputados en Culiacán, asaltos en las principales carreteras del país, cobros de derecho de piso cada vez en mayores partes del territorio, etc. Cuando las autoridades reclaman que hay baja de homicidios (pero no de desaparecidos y otros delitos que atentan contra la vida) y que la gente está muy feliz, parecería que viven en otro planeta. Ese engaño no se puede sostener ante el impacto real en calles y carreteras. No son capaces ni de tapar los baches, como nos van a dar tranquilidad. P.D.5. Ofensivo resulta el dictamen de la FGR sobre la responsabilidad del maquinista del Tren Trans-sísmico en el accidente que generó la muerte de 14 personas y decenas de lesionados. Ni una sola cita de los defectos en la construcción, uso de durmientes obsoletos, trenes antiguos, nulos mecanismos de control y seguridad, y sobre todo, ni una sola referencia a citar a declarar al supervisor de la obra, el hijo del ex Presidente. Tan obvio despliegue de impunidad es oprobioso. Son desalmados e indolentes.
P.D.6. Lectura obligada la del libro sobre la inconstitucionalidad de la mayoría calificada que generó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Aquí se describe en forma magistral la tragedia que significa las sucias maniobras que se siguieron por el poder en turno para hacerse de una ilegítima mayoría calificada. La obra física está agotada de momento, pero se puede acceder directamente a la versión digital gratuita en la siguiente liga: https://www.libros.unam.mx/la-inconstitucionalidad-de-la-sobrerrepresentacion-excesiva-en-el-congreso-de-la-union-9786076422342-libro.html _____ Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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