Un problema administrativo en el INE hizo que un suceso de hace tres años se tomara como referencia y prendiera las alertas: el 18 de febrero de 2021, en Fresnillo, Zacatecas, uno de los sitios más peligrosos de México, el capacitador electoral (CAE), Roberto Jesús Ricoy , fue baleado, al parecer a manos de un grupo criminal y todo por un “error” cuando recorría ese municipio. En este 2024, miles de capacitadores como Ricoy recorren el país, pero algunos lo hacen con una vestimenta emergente, debido a retrasos en la entrega de la indumentaria preparada por el Instituto Nacional Electoral (INE). La falta de uniformes y equipos se derivó de un problema administrativo en el INE, lo que generó un primer escollo para personal que colabora en la organización de las elecciones del2 de junio, aunque funcionarios del organismo, encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei , minimizan la situación, pues el material utilizado en las intermedias de 2021 subsanó parte de los requerimientos y, se asegura, en días se corregirá todo.
Incumplimientos empresariales
Desde el viernes 9 de febrero más de 49,000 capacitadores (CAEs) contratados por el INE –la mitad con vestimenta completa– caminan por todo el territorio nacional para ubicar a 13 millones de ciudadanos (cuyo primer apellido inicie con A y nacidos en marzo o abril) para convencerlos de participar en la elección. Los recorridos durarán semanas, para luego capacitar a estos ciudadanos para fungir como funcionarios de las 170,000 casillas a instalar en la jornada electoral. Y aunque el asesinato del CAE de Zacatecas en 2021 fue un caso atípico y no se ha presentado ninguno más de un trabajador en tareas de recorridos, eso es porque ese organismo históricamente ha tomado como una de sus precauciones el proporcionarles vestimenta que los identifique plenamente como personal del INE: chamarras, gorra y mochila con logos del organismo. Este 2024, ese vestuario no estuvo a tiempo, pues el proveedor Bell-Krom SA de CV no entregó las chamarras comprometidas y se tuvo que improvisar con la distribución de camisetas blancas con el logo del INE y un código QR para que cualquier ciudadano pueda corroborar la identidad. De acuerdo al Instituto, un retraso similar ocurrió la pasada elección federal de 2021 y el asunto se solventó con camisetas como las que volvieron a recurrir de emergencia. El problema no es menor, considera el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez , pues además de que pudiera ponerse en riesgo la integridad de los CAEs por carecer de identificación adecuada, la falta de ese equipo también podría inhibir a los ciudadanos a abrir sus puertas. “Imagínese si a los ciudadanos que fueron sorteados les tocan la puerta, ¿a poco le van a abrir a una persona que no se identifica claramente, que no tiene los distintivos que se usan en estos trabajos? Eso genera desconfianza y dado el problema tan terrible que hay de inseguridad a nivel nacional, pues la gente no les abre la puerta”, valora.
INE paga más por contratar servicios Licitaciones fuera de tiempos
El caso de la contratación y fallas en la entrega de la vestimenta es el bache más visible que ha enfrentado el INE con proveedores, pero no es el único que se ha vivido en el último trimestre en la etapa del “nuevo INE”, que se refiere al de la nueva consejera presidenta, Guadalupe Taddei, desde hace casi un año. Quizá el que generó más estrés institucional fue la contratación del servicio de voz y datos indispensable para la integración de casillas (y sus tareas asociadas: visita y reclutamiento de ciudadanos, además de capacitación electoral); el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), e incluso los conteos rápidos presidencial, federal y estatales, pues todos requieren tener telefonía celular e internet con cobertura nacional y sin fallas. Entorno a esa contratación, en un solo trimestre se han acumulado los atorones: una licitación con fallo declarado desierto; un nuevo proceso y contratación de un proveedor (Element Telecom S.A. o Dialo); posterior inicio de procedimiento de rescisión de contrato. Y ahora, con premura, adjudicación directa de contrato al nuevo proveedor: Radiomóvil, para evitar riesgos al proceso electoral. En el caso de los materiales de comunicaciones, el retraso se generó ante el incumplimiento de la firma Element Telecom, que ofreció la entrega de hasta 34,134 celulares con servicios integrales de voz y datos y 16,670 servicios sólo de voz y datos para equipos ya en propiedad del INE. En total, se pactaron hasta 50,804 servicios, pero el 26 de enero falló en la entrega y el ocho de febrero se declaró definitivamente imposibilitado. Así, el INE recurrió a la opción B: Radiomóvil, la firma competidora, propiedad del empresario Carlos Slim. Sin embargo, en cerca de tres meses el costo de ese servicio se encareció en 47 millones 484,168 pesos con relación a lo ofertado en noviembre por esa misma empresa, y en primera convocatoria. Hoy logró la adjudicación directa del contrato por el monto deseado. El INE comenzó una de estas licitaciones en noviembre pasado, y el 30 de ese mes Radiomóvil ofertó el servicio por 129 millones 908,110 millones de pesos. Pero el proceso se declaró desierto el 6 diciembre, pues ni esa firma ni la competidora, Absoluteteck-Telmov entregaron dispositivos móviles para pruebas técnicas. En la segunda convocatoria, en diciembre, en que participaron Radiomóvil Dipsa y Element Telecom, ambos presentaron equipos y pasaron la evaluación técnica. En sus contrataciones, el INE evalúa cinco rubros, por un sistema de puntos y porcentajes: capacidad del licitante; experiencia y especialidad; propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos. Por último, asigna un puntaje también al monto de la oferta económica. Sin embargo, como ya existe al menos una licitación documentada por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, la asignación de puntajes puede ser producto de un error, o incluso una irregularidad. En este caso Radiomóvil obtuvo la evaluación más baja en “experiencia y especialidad” –pese a ser un histórico proveedor del mismo servicio para el INE– pues la convocatoria exigió personal para atender incidencias y expertos en el manejo de los módulos, y la empresa, pese a su expertise, erró: dos de cuatro personas carecían del perfil requerido, no se documentó el dominio de la herramienta, ni presentó un organigrama de personal que respondería incidentes. Esa valoración a la baja a Radiomóvil marcó el destino del fallo, que favoreció a Element Telecom, sobre todo en dos evaluaciones: cumplimiento de contratos y por haber presentado la oferta más baja: 164 millones 625,346 pesos con IVA, propuesta sostenida en todo el proceso y en cuya documentación no consta que haya habido rectificación del monto por error de cálculo. Sin embargo, al final se firmó el contrato con esa empresa por sumas mínima y máximas superiores a las asentadas durante el proceso, por lo que al menos estaría en duda el hecho de que hayan realizado la mejor oferta económica.
De acuerdo al dictamen emitido por el testigo social contratado por el INE para este proceso, Gerardo Mendoza Briseño, el monto final consignado en el contrato firmado con Element Telecom el 9 de enero, ascendió a un mínimo de 165 millones 280,954 pesos con IVA y máximo de 171 millones 627, 760 ya también con impuestos. Se consignó que la decisión se tomó “por haber cumplido con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos, y ofertar el precio más bajo”. Por ello esa firma obtuvo “la mejor puntuación, que es de 90.159, que es mayor que 87.365 puntos obtenidos por el licitante Radiomóvil Dipsa” es decir, la diferencia final entre las dos empresas y tras todas las evaluaciones fue apenas de 2.794 puntos. Sin embargo, la normatividad del INE obliga a adjudicar el contrato al mejor calificado, así que el fallo emitido el 29 de diciembre fue a favor de Element. Pero el pago final pactado entre el INE y la empresa que resultó más económica -siempre considerando el costo máximo- fue incluso 235,482 pesos más alto que Radiomóvil, empresa que ofreció el mismo servicio por un máximo de 171 millones 392,278 pesos, ya con impuestos. En realidad, explica el exconsejero electoral del INE, Javier Santiago Castillo , son de tal importancia los procesos de contratación en año electoral, que “no es sólo un asunto de precios, sino qué empresa garantiza el mejor servicio, y con certidumbre, derivado de su capacidad y a la luz de su experiencia. “Por ejemplo Talleres Gráficos de México creo que es la imprenta más cara que hay, pero da una seguridad y una certeza sobre la elaboración de las boletas electorales, dada la experiencia que tiene haciéndolas”, detalla. El exconsejero recuerda que en ese caso no se requiere licitación porque es una empresa del estado, una paraestatal, “pero es la empresa más cara. Cualquier falla se mueven a toda velocidad para resolver pues tienen el expertise en impresión de boletas electorales, la impresión históricamente se hace con ellos y el INE debe apostar por un buen producto final que es una elección con certeza”. Aunque los dos exconsejeros del INE: Javier Santiago y Marco Antonio Baños, consideran que el retraso en la distribución de los equipos celulares –que en su totalidad estarán en manos de los CAEs el 1 de marzo– sí afectará el seguimiento a la integración de las casillas, tarea que inició a la antigüita, con papel, es salvable con más orientación de los supervisores electorales. Además, descartan riesgos para la operación del PREP, para cuyo flujo se requiere el envío de fotografías de los datos computados en cada casilla, para que en tiempo real se pueden conocer resultados preliminares.
¿Hay desorden administrativo?
El INE, que realiza simultáneamente cientos de actividades en un proceso electoral federal, ha registrado un atraso de 7.56% en las tareas programadas, entre ellas la recepción de los insumos y servicios que resultaron con problemas. En las elecciones de 2021, al final del proceso y con más de 600 actividades programadas, el retraso fue un poco más de 8%, pero tras la instalación de cientos de miles de casillas, registros masivos de candidatos e igual número de revisiones y fiscalización. Para este proceso 2024, la cadena de decisiones que han llevado a la situación, al menos administrativa, que vive el INE, se ubica en varios frentes: el retraso en las designaciones de los titulares de las áreas más sensibles del Instituto, y los desacuerdos internos tras la llegada de Taddei, coyuntura en la que funcionarios con lustros de experiencia salieron de la institución y sus sustitutos no alcanzaron consenso. Los nuevos consejeros “claro que tienen derecho en revisar, mejorar, innovar, establecer más rigor, hacer más eficiente al Instituto, pero si las medidas que se toman están generando los retrasos que estamos viendo en dos temas centrales que son la integración de casillas y por otro lado el tema del PREP, pues empieza a generar preocupación”, valora Baños Martínez. “De que hay retrasos en las contrataciones es un hecho y creo que eso es por dos causas, por desacuerdos internos en el Consejo General para designar a los responsables y también inexperiencia de quienes están a cargo de áreas muy relevantes”, considera Santiago Castillo. El área de administración del INE “es muy compleja porque se encarga de muchísimas cosas y además con repercusión en la organización del proceso electoral y en año electoral eso es básico. Cualquier decisión puede repercutir negativa o positivamente en la elección, según resulte”, anota.
Suplentes del suplente en el INE
En estas dos contrataciones, vestimenta y servicio de voz y datos, aunque las fallas no son 100% atribuibles a funcionarios del INE, sino a las empresas y hasta por incumplimientos básicos, lo cierto es que todo ello ocurrió mientras las áreas más sensibles del Instituto tenían encargados de despacho y no titulares, y se distraía a funcionarios de manera emergente, en tareas distintas. La Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del organismo, en la que recaen los procesos de licitación, carecía de un titular nombrado por consenso, y estaba al frente a una encargada de despacho: Claudia Suárez Ojeda. En enero pasado, tras meses de desacuerdos –que persisten- y tras una orden judicial, Suárez Ojeda asumió ahora como encargada de despacho, pero de otra área: la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, designada por la consejera presidenta Taddei. Además, designó a otros responsables, con lo que se estabilizó en parte esa área operativa del INE, aunque persisten como nombramientos provisionales, no titulares, sin acuerdo de la mayoría de los consejeros. Amaranta Arroyo Ortiz quedó ahora como encargada de la DEA, su experiencia está orientada a la academia, con maestría en análisis político y mercadotecnia y un breve paso, menor a un año, en la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo federal, con el actual secretario Miguel Torruco, de Morena.
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