Sobrevivientes de ataques con ácido exigen a las autoridades de México poner un alto a la impunidad que rodea sus casos y otorgar justicia a todas las mujeres víctimas de esta violencia extrema. Agrupadas en un frente común, decenas de mujeres que han sobrevivido a este tipo de agresión se pronunciaron ante la postura de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, que estuvo a punto de conceder arresto domiciliario a Juan Vera Carrizal, exdiputado local del PRI señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos.

Aunque esa resolución se echó para atrás por los reclamos de mujeres, organizaciones de la sociedad civil, legisladoras y hasta por la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, otras sobrevivientes ven como un riesgo latente que las fiscalías consideren estas decisiones porque “transmiten un mensaje de indiferencia e impunidad”. “Están abriendo puertas para que se sigan cometiendo más de estos crímenes. Por eso, en un grito desesperado, decimos ¡ya basta! y exigimos que el Estado mexicano nos haga justicia. Exigimos un alto a la impunidad”, dijo en entrevista Carmen Sánchez, sobreviviente de ataque con ácido y directora de la fundación que lleva su nombre.

Impunidad, la constante La Fundación Carmen Sánchez MX, que brinda apoyo a mujeres que han enfrentado la llamada violencia ácida, registra 34 casos de mujeres atacadas con ácido en México. Solo en uno se ha sentenciado al agresor a una pena de ocho años de prisión. Sin embargo, considera la activista, se trata de una sentencia que no corresponde con el delito cometido, debido a que antes de que se aprobara la tipificación del delito de feminicidio en grado de tentativa, la mayoría de las autoridades clasificaban estas agresiones como “lesiones menores, que sanan antes de 30 días”. Ahora han logrado que algunas carpetas de investigación sobre los ataques con ácido se reclasifiquen como tentativa de feminicidio, un logro, dice Carmen, de las mujeres que no han cedido en su búsqueda de justicia.

“La realidad es que las mujeres que sobrevivimos a un ataque con ácido no solo nos tenemos que enfrentar a la violencia machista del hombre que intentó asesinarnos, sino también a la violencia e indiferencia institucional, a la impunidad del Estado, a la revictimización social”, lamenta. Por ello, ante el primer intento de una fiscalía para liberar a un agresor, aunque no se trate de su caso, crece el miedo en las sobrevivientes. En esta fundación han identificado que casi todas las mujeres agredidas con ácido tenían entre 20 y 30 años al momento del ataque, y los intentos de feminicidio los cometieron sus parejas o exparejas. “Nos intentan asesinar en los lugares que creemos seguros: la propia casa, el trabajo o en el trayecto de la casa al trabajo”, expone.

El caso de Carmen Sánchez Tenía 30 años cuando en 2014 la atacaron con ácido. El 20 de febrero de 2023 se cumple el noveno aniversario de este evento traumático que, aunque no logró arrebatarle la vida, la hirió profundamente. Ahora, Carmen Sánchez tiene 39 años y continúa demandando justicia. Siete años después de la agresión, la Fiscalía del Estado de México, donde se cometió el intento de feminicidio en su contra, detuvo a su agresor y todavía no recibe una sentencia. “Desde 2014 yo he emprendido una lucha, es una lucha dolorosa. Han pasado ya casi nueve años y, sin embargo, no he logrado obtener justicia”, lamenta Carmen.

Su caso está plagado de irregularidades. Primero, el Ministerio Público minimizó la agresión al considerar que eran lesiones menores. Después, la carpeta de investigación de su caso se “extravió” por cuatro años, hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) intervino y la fiscalía mexiquense retomó el caso. Carmen sigue luchando. Este viernes 27 de enero se realizó una audiencia y, por fin, declaró su agresor. Otras citas previas habían sido pospuestas. “El Ministerio Público se da el gusto de no presentarse a las audiencias y cancelarlas, y después llamarme y decirme: ‘Pero, señora Carmen, lo tenemos detenido, cuál es su preocupación’», sostiene. La preocupación, dice Carmen, es similar en todas las sobrevivientes; temen que sus agresores queden o sigan libres y concreten lo que no lograron antes: asesinarlas. Como María Elena Ríos, ellas también viven con miedo. “Estos agresores nos iban a matar. Nos han dejado con vida, pero eso no es un privilegio”, subraya. A Carmen, por ejemplo, la familia de su agresor la ha amenazado y acosado. Además, denuncia, en dos ocasiones han querido ingresar al departamento donde vive con sus hijas. Por eso desea que el Poder Judicial del Estado de México juzgue debidamente y sentencie a su agresor. “Estoy a punto de obtener la sentencia y, con lo que está pasando con María Elena Ríos, tengo muchísimo miedo. Yo espero que el Estado de México deje un precedente de no repetición sobre los ataques con ácido, que no le abran la puerta a más personas que quieran seguir quemando a mujeres y que no les tiemble la mano para dar la sentencia ejemplar”, exige.

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