El presidente López Obrador encontró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a un nuevo adversario al cual hostilizar para lo que resta de su gobierno y, si los resultados electorales de 2024 le son benévolos, quizás también para el sexenio siguiente. La Corte se suma a la larga de lista de sus oponentes, entre los que figuran partidos políticos de oposición, ciertos periódicos y periodistas, no pocos empresarios y opinadores, las organizaciones feministas y, en los meses recientes, el INE y el INAI.

Cuatro años de relativa calma ¿A qué atribuir dichas ofensas?

Los cuatro años que duró la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la SCJN (2018-2022), si bien fueron de relativa calma en la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, no estuvieron exentos de riesgos y cuestionamientos, como el inconstitucional intento de extensión de su mandato, la modificación de la pregunta para la consulta de juicio a expresidentes, las aclaraciones en torno a la votación de la Ley de la Industria Eléctrica o las dudas sobre las razones que tuvo como ministro presidente para postergar la discusión de los proyectos de sentencia derivados de las impugnaciones contra la militarización del país. Esos años de relativa calma se han transformado, en la recién iniciada presidencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández (2023-2026), en una campaña de intimidaciones y ataques cotidianos en contra de las y los ministros de la SCJN, no sólo desde Palacio Nacional, sino desde el oficialismo entero: legisladores federales o locales, gobernadores, alcaldes, servidores públicos diversos y simpatizantes. Bajo la nueva presidencia de la Corte han sido frenados al menos dos asuntos relacionados con la militarización del país y un tercero, vinculado con las reglas electorales, sobre los cuales el oficialismo tuvo particular interés. Primero fueron las impugnaciones de la CNDH en contra de un Decreto de 2016 (del sexenio anterior) por el que se reformó el Código de Justicia Militar y por el que se expidió el Código Militar de Procedimientos Penales, que extendían la jurisdicción castrense sobre la población civil y que acotaron el papel de ésta en procesos penales militares al rol de testigos o peritos. En segundo lugar, la SCJN resolvió en sentido contrario al interés del presidente López Obrador una acción de inconstitucionalidad que evitó el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El argumento principal fue que la Constitución es muy clara en su artículo 21, que establece que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y que su adscripción corresponde no al Ejército, sino a la dependencia encargada de la seguridad pública. Finalmente, una mayoría de nueve ministros invalidó la primera parte del denominado “Plan B” electoral, que reformaba las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas. Esta reforma redefinía el concepto de propaganda gubernamental y permitía que las declaraciones de los funcionarios se tuvieran como manifestaciones de su libertad de expresión, algo que la oposición consideró una potencial fuente de violaciones electorales. El desaseo en el proceso legislativo por el cual se dio esta reforma, y la supresión del derecho de las minorías parlamentarias a un debate democrático, fueron las principales razones para su invalidación. Falta la segunda parte de este “Plan B”, que deberá resolver la SCJN en días próximos. Este precedente, empero, puede servir como referencia, si bien se analizará caso por caso. La oposición legislativa impidió a Morena y aliados alcanzar las mayorías calificadas requeridas (2/3 partes de los Plenos de los diputados y senadores) para reformar la Constitución y desmantelar al INE. Este era el “Plan A”. No pudo, sin embargo, resistir al “Plan B”, consistente en modificar la legislación secundaria, para lo cual fue suficiente una mayoría simple en ambos recintos parlamentarios. No obstante, sus impugnaciones fueron fundamentales para que la SCJN invalidara tal reforma.

2024, la intencionalidad política

El presidente López Obrador ha señalado que la SCJN impide la consolidación de su proyecto. Quizá quepa agregar que sólo dos de los cuatro ministros nombrados este sexenio le ofrecen certezas sobre el sentido de sus votaciones. Por lo tanto, intentará capturar a la Corte por la vía política. Desde ya el discurso oficial es extenso en adjetivos: “es un poder podrido”, “sin remedio” y “defensor del conservadurismo”. De ahí el anuncio del “Plan C”: además de retener la Presidencia de la República, buscará las mayorías calificadas en el Congreso para —a un mes de su salida del poder— reformar la Constitución y modificar la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, con la SCJN incluida. De aquí lo extraordinario de las votaciones de 2024: los tres Poderes de la Unión estarán en juego. Esto situará al presidente López Obrador como un protagonista de los comicios, fijando la agenda, los términos del debate, ubicando rivales, estructurando narrativas, posicionándose él mismo para el próximo sexenio. Y todo esto, si bien lo tiene legalmente prohibido, tampoco es que exista un mecanismo adecuado de sanción en su contra. Si acaso una buena noticia: esbozados ya los propósitos gubernamentales, esto se resolverá en la arena electoral, como corresponde a una democracia. Nota del editor: Juan Manuel Ureiro Cueto (@ManuelUreiro) es consultor especializado en el análisis del Poder Judicial en Integralia Consultores (@integralia-MX). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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