De acuerdo con el ‘Inventario Nacional de lo Militarizado’, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Andrés Manuel López Obrador ha asignado a las Fuerzas Armadas aproximadamente 246 tareas que corresponden a dependencias civiles.

Hoy en día, las Fuerzas Armadas controlan puertos y aduanas; construyeron y operan el Aeropuerto Felipe Ángeles; están a cargo de la construcción y operación de las sucursales del Banco del Bienestar; son responsables de la construcción y futura operación de tres tramos del Tren Maya; y se les encomendó la remodelación de 32 hospitales y la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional. Además, se les han asignado tres terminales aéreas: Palenque, Chetumal y Tulum. No solo son responsables de su construcción, sino también de su operación y administración. A este extenso catálogo de actividades empresariales de la milicia, se suma ahora el mantenimiento y reparación de carreteras. Un reciente oficio del Ejecutivo Federal, fechado el 20 de enero de este año, instruye a la Sedena a apoyar en la reparación de carreteras que lo requieran. Este cambio de rumbo ocurre en un momento crítico, ya que el programa de Conservación de Carreteras 2024, con 559 licitaciones en curso y un fondo de 11,000 millones de pesos (mdp), ha sido cancelado sin mayores explicaciones. La falta de inversión en mantenimiento y conservación de carreteras ha sido una constante desde el inicio del sexenio, provocando un deterioro significativo en la infraestructura de movilidad y afectando la competitividad del país. Actualmente, se estima que solo el 30% de las vías se encuentra en condiciones aceptables. Al parecer, una de las razones para cancelar las licitaciones es que el Gobierno busca realizar asignaciones directas y entregarlas al Ejército. La Cámara de Diputados autorizó 31,052 mdp del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2024 para el Programa Plurianual de Conservación de la Red Federal de Carreteras Libre de Peaje. Este recurso fue asignado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y representa el 40% de los 77,618 mdp destinados a esa dependencia para programas de inversión en 2024. Actualmente, el Ejército administra un fideicomiso para Servicios y Obra Pública que, hasta diciembre pasado, reportaba un saldo de 40,550 mdp; otro destinado a la compra de equipo militar, con un monto de 28,525 mdp; y un tercero para operar el Tren Maya, con 8,000 mdp. A estos se suma una cantidad adicional de 120,000 mdp para la construcción de dicha obra.

Conocemos la capacidad de nuestros ingenieros militares, pero difícilmente cuentan con las habilidades necesarias para administrar empresas en sectores tan diversos. La construcción de infraestructura y la administración de servicios requieren conocimientos técnicos y especializados que no forman parte del entrenamiento militar. Los militares están capacitados para el combate y la defensa del territorio nacional, no para llevar a cabo tareas de gestión empresarial. La falta de experiencia en estos campos puede resultar en proyectos mal ejecutados, costos excesivos y problemas de calidad en los servicios ofrecidos. Todo lo construido o administrado por las Fuerzas Armadas es o puede ser susceptible de ser declarado asunto de ‘seguridad nacional’. Esto implica que no podemos conocer, a través de la transparencia, los detalles de un contrato, asignación directa o licitación pública. Un ejemplo es el caso de la vida de lujos y opulencia del General Sandoval. Al asignarles tareas civiles a las Fuerzas Armadas, se desvían de su misión principal, corriendo el riesgo de debilitar su capacidad para cumplir con sus deberes fundamentales. Esto pone en peligro la seguridad nacional y compromete la eficacia de sus operaciones en situaciones de emergencia. Mientras la Sedena se convierte en un actor clave en el ramo de la construcción, la cúpula militar acumula cada vez más poder, cortesía de Andrés Manuel López Obrador. _____ Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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