El pasado 15 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el primer Paquete Económico del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dentro del paquete, destacan los Criterios Generales de Política Económica donde se describen los supuestos en los que la SHCP basa la planeación de ingresos y egresos del próximo año. Para 2025, Hacienda propone un crecimiento de 2.3%, un gasto de 9.2 billones de pesos (-2.1% respecto a 2024), ingresos totales por 9.3 billones (-1.6% contra 2024) y un tipo de cambio promedio de 18.7 pesos por dólar.
Ganadores y perdedores Implicaciones
A primera vista, estas metas lucen optimistas en un contexto de desaceleración económica, riesgos externos e incertidumbre doméstica. Asimismo, usualmente, los primeros años de gobierno experimentan una desaceleración derivada de la llegada de nuevos funcionarios, de la conclusión de proyectos de infraestructura e inicio de nuevos, entre otros factores. Pese a su visión optimista, no se rompe con la promesa del gobierno de llevar a cabo un importante ajuste del gasto y el déficit, por lo que parece alineado a las expectativas de mercados financieros y calificadoras. Las principales medidas incluyen un recorte generalizado a las secretarías de Estado, así como una reducción del gasto de inversión, lo que podría complicar aún más el panorama para el crecimiento. Al analizar su clasificación funcional, que significa la forma de agrupar el gasto con base en las actividades que realizan las dependencias y entidades, los ganadores son la Protección Social (+3.5% real anual), así como el rubro de Vivienda y Servicios a la Comunidad (+7.3% real anual), que se explica por el nuevo programa de Vivienda Social anunciado por la presidenta. Por el contrario, los afectados son Agropecuario y Pesca, Seguridad Nacional y Salud con rebajas de -15, -24.4 y -12.2%, respectivamente. A nivel desagregado, si nos enfocamos en los ramos que componen la administración pública federal, los grandes ganadores son la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que suma un monto de 38,000 millones de peso, 183% más que el año pasado, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con una asignación de 92,000 millones de pesos (72% mayor que en 2024) para supervisar los proyectos ferroviarios anunciados por Sheinbaum. Los programas sociales que estableció López Obrador y los nuevos programas creados por Sheinbaum (como el Programa de Apoyo a Mujeres de 60 a 64 años y la Beca Universal de Educación Básica) sumarán un monto de 771,000 millones de pesos, dominado por la Pensión para Adultos Mayores cuyo presupuesto sumará 483,000 millones de pesos, nueve veces superior al presupuesto que tenía en 2018, en términos reales. Por último, Pemex y CFE dispondrán de 1.2 billones de pesos para el próximo año, donde destaca una capitalización de 136,000 millones a Pemex. Por el lado de los perdedores se observa una importante reducción del gasto en las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Seguridad y Protección Ciudadana y Salud (-39%, -36% y -34% real anual, respectivamente), así como en todos los órganos autónomos a excepción del INE, que estará a cargo de la organización de las elecciones para definir a los nuevos integrantes del Poder Judicial en 2025. El paquete económico que presentó Hacienda se sustenta en el supuesto de que la economía mexicana crecerá más en 2025 que en 2024 (2.3% vs 1.5%). Sin embargo, de los últimos siete sexenios, ello sólo ha ocurrido una vez (1988-1989), por lo que se trata de una apuesta temeraria sin sustento claro, particularmente en el contexto de un entorno plagado de riesgo para el crecimiento. De no cumplirse dicha meta, el gobierno deberá ajustar aún más el gasto y/o aceptar un mayor nivel de déficit. Para complicar aún más el panorama, México se encuentra bajo un mayor escrutinio de las tres principales calificadoras de deuda soberana. Un día antes de la entrega del Paquete Económico, Moody’s modificó su perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, fundamentando una percepción de debilitamiento de la formulación de políticas y un entorno complejo a partir de la serie de reformas constitucionales implementadas por el actual gobierno. Esto deja abierta la posibilidad de una rebaja en la calificación crediticia del país dentro de los próximos 12 meses.
Es claro que el panorama fiscal que recibe la nueva administración dista mucho del escenario que encontró López Obrador en 2018. Mientras que el gobierno anterior heredó una posición financiera manejable, con niveles controlados de deuda, precios de los petrolíferos alineados a sus precios reales, fideicomisos robustos y fondos de estabilización que representaban dos puntos del PIB, Sheinbaum no goza de dichas condiciones. A todo ello hay que sumar el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y los riesgos que ello supone para México en materia comercial y de inversión. Ante este escenario y con las presiones de gasto en ascenso, la nueva administración ha comenzado a mostrar menor resistencia a la posibilidad de una reforma fiscal. La pregunta es qué tipo de reforma podría estar cocinando Hacienda y a qué costo político y económico para el país. Pronto —quizá antes de lo anticipado— lo sabremos. ____ Nota del editor: Daniel García (@Dl_Garcia) es consultor especializado en economía y finanzas en el Integralia Consultores (@Integralia_Mx). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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