El partido Morena en la Ciudad de México presentó una iniciativa para modificar la ley de responsabilidades administrativas y la ley orgánica de las alcaldías, con el fin de regular la presentación de los informes anuales de los alcaldes e imponer candados para evitar la promoción de los titulares fuera de la demarcaciones que gobiernan.

La propuesta, suscrita por las diputadas Martha Ávila y Guadalupe Morales, coordinadora y vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, señala que aunque los informes de gobierno son necesarios para que los ciudadanos conozcan el trabajo realizado en las colonias, pueblos y barrios, algunos ocupan este ejercicio como una forma de promoción personal de cara a los comicios de 2024. “La presentación de informes de labores genera condiciones propicias para demostrar y fomentar popularidad. En general, se acompañan de cuantiosas campañas de publicidad en radio y televisión. De igual forma, la propaganda en vía pública puede ser vista diariamente por millones de transeúntes en anuncios espectaculares o pantallas electrónicas”, se lee en el documento presentado por las legisladoras. La propuesta de iniciativa de reformas y adiciones a la ley orgánica de las alcaldías contempla fijar en su artículo 38: fijar un plazo de 30 días naturales a partir del primero y segundo año para rendir su informe de gobierno y prohibir la promoción del ejercicio fuera de su demarcación territorial. Esto debido a que algunos alcaldes de la alianza Va por la CDMX han contratado anuncios en vialidades primarias o zonas de la ciudad alejadas de su público objetivo. También impone candados para que los alcaldes reciban donativos económicos y en especie por parte de personas físicas o morales. En la ley de responsabilidades administrativas, Morena busca agregar un BIS al artículo 64 para dejar claro que en caso de que no se cumplan los lineamientos contenidos en la ley orgánica de las alcaldías los alcaldes pueden ser acreedores a faltas administrativas graves, incluso hasta la inhabilitación de su cargo en un periodo que puede ir de los seis meses hasta un año. La propuesta de las legisladoras morenistas fue turnada a las comisiones de Estudios y prácticas parlamentarias y de alcaldías y límites territoriales para análisis. Estos órganos internos del Congreso de la Ciudad de México tendrán un plazo de hasta 45 días para dictaminarla.

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