El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Desarrollo Social para incluir derecho al cuidado, establecer la política nacional de cuidados e incluir el derecho de personas vulnerables a recibir esa protección de parte de instituciones del Estado… pero con presupuesto cero. La reforma obtuvo 335 votos a favor y uno en contra, de la diputada Susana Prieto , exmorenista, quien evidenció que, además de que la medida carece de los recursos necesarios para que se apoye a las personas cuidadoras, sobre todo mujeres, y para garantizar los cuidados a las personas vulnerables, esta enmienda nació muerta, pues la reforma constitucional que reconoce esos nuevos derechos no se ha aprobado.
Reforma de conceptos
Esa enmienda está congelada en el Senado desde 2020 y también ahí está atorada la nueva Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, por lo que una reforma como la avalada hoy carece de base jurídica, argumentó. “No puede ser que esta iniciativa diga que no tiene impacto presupuestal, que vamos a trabajar con la infraestructura y los recursos humanos que ya tiene el Estado, ¡si la infraestructura y los recursos humanos que tiene el Estado, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es insuficiente para atender las obligaciones propias de dicho organismo descentralizado», reprochó. “¿Cómo va contribuir a los cuidados?, ¿y cómo le vamos a pagar a los cuidadores, cuál va a ser su retribución. Es importante no seguir engañando al pueblo de México, es importante que les digamos lo que sí puede avanzar y lo que no”, advirtió la legisladora. Cuestionó que con el reconocimiento de la labor de cuidados se pueda avanzar. “Si no tenemos recursos para costear a los cuidadores, para pagarles un salario o bien infraestructura nueva, no la que ya tiene el país y que es insuficiente, no vamos a poder resolver el problema”, detalló. “Quizás quieran entregarle un diploma o un certificado a todas las mujeres que cuidan a sus hijos o familiares con discapacidad, pero con un certificado o con un busto de oro no van a lograr hacer justicia. Necesitamos presupuesto”, advirtió. Sin embargo, las reformas prosperaron y la minuta fue remitida al Senado. Esta considera cambios a cinco artículos además de creación de un nuevo capítulo relativo a la “Política Nacional de Cuidados”. En análisis previo del proyecto, la Secretaría de Hacienda reconoció que ese capítulo “podría generar un impacto presupuestario”, pero no estimó monto alguno. La dependencia recordó que se deberá atender lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que “a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto”. La vicecoordinadora de la bancada de Morena, Aleida Alavez, explicó que la reforma prácticamente es enunciativa. Los cambios consisten, expuso, “en la enunciación de la obligación del Estado en la Ley de Desarrollo Social (y eso) es un avance significativo”. Pero pidió no confundir pues no significa un aval a las estancias infantiles o las escuelas de tiempo completo pues se trata de la incorporación de conceptos, “la política pública, en un Estado de bienestar se debe basar en la conceptualización del derecho al cuidado y a ser cuidado”. El texto de la minuta indica que se tomaron en consideración 7 iniciativas y 19 más que se han presentado históricamente.
Se aprobó establecer el derecho al cuidado en condiciones de dignidad, calidad e igualdad. Además “los trabajos de cuidados se definen como aquellas actividades que aseguran el sustento de la vida, lo que implica el cuidado de los cuerpos, de la educación y formación de las personas”. Asimismo, se reconoció la necesidad de sostener vínculos sociales, el apoyo psicológico, el acompañamiento emocional a los miembros de las familias y se establece la política nacional de cuidados como parte integral de la política nacional de desarrollo social, con el objetivo de coordinar las políticas estratégicas y acciones de los programas en materia de salud, de trabajo y seguridad social que sean aprobados en el Presupuesto de Egresos. Es decir, la reforma no implica un impacto presupuestal adicional, “sino que operará con los recursos humanos, financieros y materiales ya existentes de las instituciones del Estado mexicano”.
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