La Cámara de Diputados aprobó incluir en la Constitución el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para brindar apoyos a personas de 18 a 29 años. Por unanimidad, con 473 votos a favor de Morena, aliados y la oposición se avaló incluir este proyecto a la Carta Magna como ha sucedido con otros programas como la Pensión para Adultos Mayores y las becas para estudiantes.

Esta reforma se convirtió en la cuarta aprobada por la 66 Legislatura y acompañará el cierre del sexenio del presidente López Obrador, el próximo 30 de septiembre, pues se acordó darle rápido trámite legislativo con el fin de que tenga vigencia cuanto antes. Tras aprobarse los cambios la tarde de este miércoles, la minuta fue turnada al Senado para su discusión y aprobación, pues se espera –informó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena– que el domingo haya sesión de la Cámara para emitir la declaratoria de reforma Constitucional y enviar el decreto al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. La reforma consiste en incluir en el artículo 123 el siguiente texto: “el Estado otorgará un apoyo económico mensual de al menos un salario mínimo diario para jóvenes entre 18 y 29 años de edad que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel de educación formal, con el fin de que se capaciten para el trabajo en un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley”. La propuesta forma parte del paquete de enmiendas que el Ejecutivo propuso el 5 de febrero pasado y todos los grupos parlamentarios se han manifestado a favor, aunque la oposición ha criticado la opacidad e irregularidades en su operación.

Observaciones a Jóvenes Construyendo el Futuro

En los posicionamientos iniciales el diputado Francisco Javier Farías Bailón, de Movimiento Ciudadano, destacó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los más observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que evidenció que las empresas piden “moche” a los jóvenes beneficiarios. Sólo en 2023 unos 180,000 millones de pesos de ese programa, se detectó, tuvieron irregularidades en su ejercicio, pues se evidenció duplicidad de pagos, registro de empresas fantasmas y solicitud de moche a los jóvenes, destacó Carlos Eduardo Gutiérrez, del Revolucionario Institucional (PRI). Además puso en la mesa la violencia que afecta a los jóvenes, pues hay 638 mil personas menores de 30 años asesinados, y forman parte de la estadística del 47% de los homicidios dolosos, por lo que los jóvenes requieren más que un programa social. “Reconocemos esta propuesta pero se queda corta”, dijo la panista Abril Ferreriro Rosado, quien sin embargo demandó que el apoyo sea universal, accesible para todas las juventudes y además otorgarles seguridad social y acceso a vivienda. “El apoyo económico no puede ser la única solución”, dijo la legisladora, en debate que dominaron los menores de 40 años.

Por Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez sostuvo que este ha sido un gobierno que sí ha visto por los jóvenes. “Antes no recibíamos apoyos. Recibíamos balazos”, dijo. En defensa del programa subieron a tribuna también dos exfuncionarias del programa, Beatriz Andrea Navarro Coordinadora del Programa Jóvenes en Nayarit y Merilyn Gómez Pozos, coordinadora en Jalisco quienes hablaron de sus bondades y cómo en este sexenio se destinaron 132,000 millones de pesos a los jóvenes, más de lo que invirtieron cinco gobiernos opositores. La realidad, destacó Pedro Vázquez Ahued, de MC, es que el presidente fue “un enemigo de la justicia intergeneracional, es decir, no pensó en las próximas generaciones de mexicanas, y tomó decisiones regresivas sin mirar hacia el futuro. Y para muestra tres botones muy evidentes: la militarización, el medio ambiente y la salud”. En la presentación de reservas, el PAN y el PRI plantearon, entre otros cambios, que el programa sea universal o bien que incluya a jóvenes que sí estudian pero no trabajan; que haya becas por movilidad –como en Guanajuato y Aguascalientes– para estudiar incluso en el extranjero; que se incluyan fondos para emprender microempresas; que de duplique o triplique el apoyo, las cuales fueron desechadas.

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