La Cámara de Diputados comenzó el análisis de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone la reorganización de 15 dependencias para dar sello propio a su gobierno. La iniciativa prevé la creación de dos nuevas secretarías, la de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la de las Mujeres; crear la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y modificar la de la Función Pública, ahora Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Además busca reordenar atribuciones de 15 dependencias más.
También se establece el género indistinto a quien ocupa la presidencia para establecer “persona titular del Poder Ejecutivo Federal”. La iniciativa propone dar atribuciones a algunas dependencias públicas, pero que hoy tienen a cargo organismos autónomos, como los de transparencia y telecomunicaciones. Pese a la relevancia de los cambios, el dictamen a discusión no incluyó ningún impacto presupuestal. A la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (SSPPC) se le confieren atribuciones para controlar el sistema nacional de inteligencia y “para llevar a cabo operaciones especiales en su labor como policía complementaria”. A la de Anticorrupción y Buen Gobierno, se le dan nuevas funciones, como la conducción de la política pública en materia de compras y contrataciones consolidadas y la determinación de los bienes arrendamientos o servicios en las contrataciones. Además, fungirá como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios para realizar los actos de planeación, investigación de mercado y procedimientos de contratación. Se le dan asimismo facultades relacionadas con la transparencia. Por ejemplo, ejercer las atribuciones que le corresponden en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. También las de “establecer las políticas bases y la normativa para la determinación de la información de interés público que, en materia de anticorrupción y buen gobierno, se debe difundir pro activamente. Promover y consolidar los principios de transparencia y acceso al información pública en los mecanismos de participación ciudadana en la ejecución y evaluación de la gestión pública”. A la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones se le da la función de dotar de una identidad digital nacional a los mexicanos. También se le faculta a “elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal”. Asimismo, tendrá como función hacer uso efectivo de la tecnología para el bienestar del pueblo “asegurando el acceso a programas sociales, trámites, servicios, seguridad y justicia a través de medios tecnológicos, dotando a las personas de una identidad digital nacional que sea la llave para acceder de manera ágil, transparente y segura a los canales digitales de atención ciudadana del gobierno de México” También se le dan la tarea de lograr “la cobertura universal, social de servicios de telecomunicaciones a cargo de la ministración pública federal, así como de la conectividad en sitios públicos” . Deberá conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal. A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se le dan facultades para producir y comercializar semillas, además de emitir Normas Oficiales Mexicanas del sector agroalimentario, además se incluye de manera clara la soberanía alimentaria como eje rector de agricultura. En tanto, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le dan atribuciones que tenía la de la Función Pública, como la encargada de establecer disposiciones de carácter general sobre el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas de las dependencias y de las entidades paraestatales. A Hacienda además se le da la facultad de nombrar y remover a las personas titulares de las unidades de administración y finanzas o equivalentes, así como en su caso de los dos niveles jerárquicos inmediato inferiores a dichas unidades; proponer al órgano de gobierno de las entidades de la administración pública federal el nombramiento y la remoción de las personas titulares de unidades de administración y finanzas.
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