La propuesta de reforma judicial de la ministra presidenta Norma Piña no sólo no es compatible con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que combate al menos siete de los postulados y el discurso enarbolados por Morena y el mandatario, lo que la haría intransitable. Tan sólo algunos de éstos son: que se desmilitarice la seguridad pública y se corrija “el subregistro” de homicidios y desapariciones; oponerse a la prisión preventiva oficiosa; que en materia de amparos no sólo haya suspensiones con efectos generales sino que además incluyan reparaciones integrales y que sea factible la emisión de declaraciones generales de inconstitucionalidad en casos de violaciones a derechos humanos.
Presentado el domingo, en medio de la dictaminación de la Reforma Judicial en el Senado ya como Cámara revisora, y apunto de subir al debate en el pleno, el documento de propuesta, a diferencia de la iniciativa presidencial, toca temas relativos a la seguridad pública, sistema de justicia, trabajo de las fiscalías, de las defensorías públicas y relativos a los delitos de feminicidio y atención a la víctimas, incluso el sistema penitenciario. Por ejemplo, en materia de seguridad pública se pide “reorientar las políticas” en ese rubro y “promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño”, y se indica la necesidad de que las fuerzas de seguridad sean civiles, es decir, que se cumpla la Constitución. Eso implica “avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como garantizar la participación ciudadana en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad”, además de fortalecer tareas civiles de combate a la inseguridad. Asimismo se plantea que se debe cumplir la Constitución y avanzar en el fortalecimiento de instituciones de seguridad pública civiles, “mediante un diagnóstico detallado de cada fuerza policial para identificar sus debilidades y necesidades, asignando un presupuesto adecuado para garantizar prestaciones dignas, equipo y personal”. Otro tema tiene que ver con las figuras de prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Aunque México ha firmado convenios internacionales que consideran que ambas son violatorias de los derechos humanos, el presidente y la mayoría de Morena en el Congreso se han negado a derogar esas figuras. La propuesta de la ministra busca quitar la prisión preventiva de oficio del marco jurídico, pues “propicia la privación arbitraria de la libertad”, además de ser incompatibles con las obligaciones que asumió México en convenciones internacionales. Piña plantea ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo y de manera particular “incorporar la posibilidad de otorgar suspensiones con efectos generales en casos de graves violaciones a derechos humanos». Sin embargo Morena y sus aliados aprobaron en abril pasado reformas a los artículos 129 y 148 de la ley de Amparo –que ya están en vigor- para quitar esa facultad a los jueces, pues se estableció que “en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”, lo que implica que no podrá anularse la aplicación de una ley que haya sido cuestionada, sino sólo para quien tramite y gane su amparo. En su propuesta Piña plantea fortalecer mecanismos como la declaración general de inconstitucionalidad. “El alcance actual del fenómeno de violaciones graves a derechos humanos exige la necesidad de pensar en figuras procesales que puedan aportar modelos colectivos de impartición de justicia frente a fenómenos o actos recurrentes de gran alcance. En el derecho comparado existen modelos como el del “estado de cosas inconstitucional”, se propone como alternativa. Pero esta propuesta contraviene el interés de Morena y sus aliados, patente en octubre de 2023 y en febrero de 2024, en que vía una iniciativa de reforma a la ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional buscaron acotar la posibilidad de que los jueces puedan, vía amparo, conocer casos en los que no se logra mayoría de ministros de la SCJN para invalidar una norma, y que esos juzgadores sí puedan declarar la invalidez de normas con efectos generales. Eso pasó cuando se frenaron obras del Tren Maya, el AIFA o la Ley de la Industria Eléctrica, en algunos casos con argumentos precisamente de afectación a derechos humanos.
Contrario al discurso presidencial, el documento de la presidencia de la SCJN hace énfasis en que existen datos poco certeros y con “subregistro” sobre homicidios y desaparecidos, dos de las problemáticas que el gobierno del presidente López Obrador asegura que van a la baja, según sus datos. El documento sugiere mejoras al acceso a la información pública y transparencia, incluso de las autoridades militares, de los mecanismos para la evaluación de las instituciones de seguridad, y que haya “bases de datos abiertas y verificables sobre violencia, en particular acerca de homicidios y desapariciones, para corregir el subregistro existente en estas áreas”. Se propone desarrollar bases de datos que incluyan información sobre violencia estatal “obligando a las instituciones de seguridad, tanto civiles como militares, a publicar datos detallados sobre personas heridas y fallecidas a manos de agentes de seguridad”, lo que este gobierno asegura que no existe pues eso es del pasado. Asimismo se indica la necesidad de un replanteamiento en la estrategia de búsqueda e investigación de los casos de desaparición de personas –en el que se asegura que ha habido éxito con el hallazgo de cientos de miles de personas- que incluya un plan de acción y un cronograma “para asegurar procesos exhaustivos e imparciales de búsqueda e investigación que permitan identificar las posibles cadenas de mando, autores mediatos y otras formas de autoría y participación”. Otro planteamiento es una política nacional de prevención de las desapariciones “desde una mirada estructural” que busque impedir las violaciones sistémicas y combatir la impunidad de las desapariciones, tanto de las presentes como de las del pasado. Asimismo se pide garantizar presupuesto al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y con independencia, además de contar con recursos humanos capacitados, así como con los recursos materiales y técnicos. En la creación de ese mecanismo en ley, se consideró que era posible que operara sin recursos adicionales a los que ya se tienen en los estados.
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