Una investigación de Data Cívica, llamada Con copia oculta, realizada con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenida tras el hackeo de Guacamaya, reveló que la llamada “guerra contra el narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón y que continuó el expresidente Enrique Peña Nieto no terminó en el sexenio de López Obrador, pero los datos se modificaron por un uso de parámetros nuevos en las clasificaciones de la violencia.

De acuerdo con la investigación denominada “Con Copia Oculta”, a pesar de que el 30 de enero de 2019, el presidente López Obrador dio por terminada la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, en los hechos, esto no sucedió, ya que durante los dos primeros años de la actual administración federal se dio continuidad al registro de violencia en el país y la estrategia para el combate a la inseguridad. Se calcula que de 2017 a 2020 se registraron 130,583 muertes de personas, de las cuales 70,898, es decir, el 54.2% fueron vinculadas a la delincuencia organizada bajo la misma metodología -poco clara- que utilizó el expresidente panista Felipe Calderón. “El gobierno actual registró bajo esta dudosa clasificación al 59.3% del total de asesinatos ocurridos en todo el país. Un porcentaje mayor que con su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando se atribuyó al crimen organizado o su combate el 48.25% de los homicidios.” se lee en el reportaje. Entre las entidades donde las defunciones vinculadas al combate contra la delincuencia organizada fueron relativamente altas con respecto a la cantidad de homicidios reportados por el registro de Mortalidad, están: Guanajuato, Baja California, Guerrero, Michoacán y Veracruz.

El Grupo Candado

En los correos revelados por Guacamaya, se refiere al Grupo Candado, es decir: Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada (CANDADO), el cual trata de cifras relativas a “Homicidios Presuntamente Vinculados con la Delincuencia Organizada”. Aunque se tiene conocimiento su existencia desde el sexenio del expresidente Calderón, hay evidencia que se mantuvo hasta 2020, ya con el presidente López Obrador en la cual participaron dependencias como: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN), la Unidad de Planeación y Evaluación Institucional (UPEI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El grupo Candado se encargó de realizar una base de datos oculta sobre la violencia y los fallecimientos relacionados con el crimen organizado, con lo que se puede atribuir una alteración de los datos vinculados a este rubro. La información sobre las muertes por el crimen organizado, es recabada El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), un órgano desconcentrado de la Fiscalía General de la República (FGR), lo cual oculta la información a periodistas u organizaciones de la sociedad civil. Según la investigación de Data Cívica, al utilizar definiciones distintas o poco claras de lo que es un “homicidio por delincuencia organizada”, las autoridades cuentan cosas distintas, o con la realidad alterada, lo que se le conoce como “sesgos por definición” en las bases de datos de seguridad a nivel nacional. Lo anterior, deriva en un problema de medición en la violencia registrada en el país o en su caso se tergiversa información proporcionada por las propias autoridades.

]]>