La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la ministra Norma Lucía Piña Hernández, recibió el Premio de Derechos Humanos 2023 otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ, por sus siglas en inglés), marco en el que defendió que los jueces puedan ejercer sus funciones libremente, sin presiones ni condicionamientos. La independencia judicial es la garantía de que se podrán proteger los derechos de los ciudadanos, particularmente los de las mujeres, “su realización exige que la impartición de justicia sea sin subordinación interna o externa alguna”, expuso.

“Nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales que nuestros países han decidido darse, así como los compromisos internacionales asumidos” expuso. “En momentos como los que vivimos en todas nuestras latitudes, ante la zozobra por la fragilidad de lo ganado, este año nos llevamos también la seguridad de que estamos juntas haciendo un frente común por la defensa de la constitucionalidad democrática en nuestros países; por la defensa de la independencia y la autonomía judicial como baluartes de nuestras libertades”, comentó al recibir el premio. El reconocimiento de la IAWJ –organización no gubernamental sin fines de lucro fundada en 1991– es otorgado anualmente por la nominación y el voto de sus integrantes: más de 10,400 juezas y aliadas de 143 países del mundo. Este año correspondió a la ministra por el compromiso asumido para asegurar la implementación de principios de derechos humanos y otros referentes significantes para avanzar en la justicia para mujeres, niñas, niños y familias, dio a conocer la Corte en un comunicado. Pese a que el premio fue otorgado por juzgadores de todo el mundo, el pasado 10 de mayo, tras conocerse que la ministra Piña recibiría el reconocimiento internacional, López Obrador minimizó este en su conferencia de prensa mañanera, pues –dijo– “esos premios se pueden conseguir en la plaza de Santo Domingo”. El reconocimiento es otorgado a Piña en un clima de descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y seguidores que mantienen frente a la Corte un plantón, inconformes con dos recientes resoluciones de la mayoría de los ministros Corte. Una emitida el pasado 18 de abril y que invalidó un decreto por inconstitucional, ya que la Carta Magna ordena que la Guardia Nacional tenga mando civil y el presidente ordenó vía decreto que se transfiera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La otra consistió en suspender la aplicación de la llamada primera parte del «Plan B» electoral, consistente en reformas a la ley General de Comunicación Social y Ley general de Responsabilidades Administrativas, que buscan flexibilizar las reglas y permitir a todo servidor público hacer proselitismo a su favor o de terceras personas, sin sanciones y con el argumento de libertad de expresión. La aplicación de estas últimas reformas se definirá hasta que se aborde el fondo de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad interpuestas por partidos de oposición, el Instituto Nacional Electoral (INE), alcaldes y dirigentes de partidos.

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