El tema de la semana pasada sobre la transparencia en el fútbol, provocó que le echásemos un vistazo nuevamente al proyecto de ley de deportes aprobado hace poco en el Congreso. La intensión fue simplemente revisar si en alguna parte del texto fueron contemplados los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas que permiten a los organismos rectores del deporte tanto públicos, como privados, gestionarlo de una manera eficiente, llevando las cosas claras. Lamentablemente no se encontró nada. 

Coincidencias o no, para esos mismos días el nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano anunció que recibía al organismo con las cuentas en rojo. Preocupante grito al cielo que aterriza sobre una realidad que pone en evidencia por enésima ocasión la forma cómo se gestiona el sistema deportivo nacional.  

Hace casi veinte años que está vigente la actual ley general de deportes, que ha servido de muy poco, por no decir de nada. Ciertamente, urge su modificación, como ese estadio obsoleto que no refleja ni se ajusta a nuestro presente, y que cada tanto reclamamos al ver instalaciones de primer nivel no en Estados Unidos, en ciudades del área del Caribe cuyos países no tienen el crecimiento económico que hemos alcanzado en los últimos tiempos. 

Este nuevo proyecto carece de las herramientas y conceptos jurídicos y deportivos que debe tener una legislación que aspire a modernizar las condiciones en las que se desarrolla el deporte a todos los niveles en un país. El visto bueno otorgado por nuestros congresistas es un espaldarazo a la continuidad de un sistema donde se prioriza al funcionario, al directivo y al federado por encima del atleta. Un texto cuyo espíritu real es el de multiplicar organismos con vocación a la inoperancia que corroan el ya diezmado presupuesto, donde el incumbente de turno se preocupa más por el figureo en la prensa y en las redes sociales que en la creación y ejecución de verdaderas políticas publicas deportivas. 

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¿Para qué necesitamos una ley? Para incentivar al sector privado a que se involucre a contribuir más y mejor; para garantizar los derechos de formación de nuestros jóvenes deportistas y así evitar que sean, desde temprana edad, tratados como cabezas de ganado. Para que hayan más instalaciones en condiciones que despachos administrativos, donde el atleta no sea el protagonista cuando llega al podio, sino durante todo el camino. Desafortunadamente, con esta que tenemos vigente o con la que se quiere impulsar, nuestro deporte seguirá caminando al margen de la ley, con todo lo que eso significa.