Este martes 9 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ante la suspensión de la primera parte del «Plan B» de su reforma electoral, presentaría una nueva estrategia para alcanzar los cambios que se propone en materia electoral. El mandatario federal suma ya tres intentos con el objetivo de concretar una reforma político-electoral antes de que termine su sexenio. Estas son las claves de cada uno de los planes anunciados por AMLO.

«Plan A» Cambiar el modelo para elegir legisladores. El voto electrónico. Reducir a los integrantes de Congresos locales. Bajar el umbral para validar la revocación de mandato Ampliar las excepciones para difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales. ¿Qué pasó con el «Plan A» de AMLO? «Plan B» Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe). Ley General de Partidos Políticos. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ley General en Materia de Delitos Electorales. Ley Federal de Consulta Popular. Ley General de Comunicación Social. La reducción del aparato administrativo del INE debido a la supresión de áreas administrativas y la duplicidad de funciones. La disminución del número de oficinas distritales del INE de 300 a 264. La salida de 84.6% del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). La permisividad a los servidores públicos para que realicen expresiones proselitistas en todo tiempo.

En abril de 2022, el presidente presentó oficialmente su iniciativa de reforma electoral con la que según dijo, buscaría instaurar una democracia limpia y evitar más fraudes en el país. Este dictamen se convirtió así en el «Plan A» de López Obrador a favor de una reforma constitucional en materia electoral. La propuesta contemplaba convertir el Instituto Nacional Electoral (INE) al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como disminuir de 11 a siete consejeros electorales, eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias, así como desaparecer a los llamados legisladores plurinominales. También el objetivo de dicha reforma, según se planteó, era abaratar el costo de la democracia, logrando ahorros por más de 20,000 millones, para ello también se buscaría que el INEC fuera el único organismo encargado de la organización de las elecciones, absorbiendo así las funciones de los Organismos Públicos Locales. Entre otras cosas se planteaba: Los cambios a la legislación se buscaban materializar a través del cambio de 18 artículos constitucionales y 7 transitorios. Esta primera iniciativa de reforma constitucional no alcanzó a avanzar en el Congreso de la Unión. Fue así que ante la polémica que desató y previendo que la falta de una mayoría en el Poder Legislativo para aprobarla, en noviembre de 2022, López Obrador anunció entonces que presentaría un “Plan B” ante la Cámara de Diputados. El 6 de diciembre de 2022, el pleno de la Cámara de Diputados desechó esta primera reforma electoral de AMLO con 269 votos a favor, una abstención y 225 votos en contra Previendo que la reforma constitucional en materia electoral fuera rechazada, el 29 de noviembre de 2022, López Obrador anunció un paquete de reformas a leyes secundarias para modificar el sistema electoral, el cual, según insistió, tenía como propósitos fundamentales: disminuir el costo de las elecciones y desterrar los fraudes. La iniciativa de reforma a las leyes secundarias en materia electoral se presentó así como una “alternativa” para realizar cambios al marco legal debido a que las y los legisladores del Congreso de la Unión decidieron aplazar la votación de la reforma constitucional previamente propuesta. Este «Plan B» planteó así modificar estas seis leyes secundarias pero sin cambiar la Constitución: El objetivo de dichos cambios buscaba ahorros hasta de 3,500 millones de pesos por la reducción de gastos operativos del INE esto a través de: De esta forma, el 7 de diciembre de 2022, la Cámara de Diputados aprobó dicho plan pero con algunas modificaciones, por lo que tan solo dos días después de su aprobación, el 9 de diciembre de 2022, López Obrador anunció que se tendrían que hacer algunas correcciones que no correspondían a las que dicho poder envió originalmente a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el Artículo 15 de la Ley General de Procesos Electorales registró un agregado que decía que para conservar el registro un partido político nacional, este debía obtener cuando menos 3% de la votación total emitida. Sin embargo este fue cambiado para que adicionalmente u optativamente si las fuerzas políticas no obtenían 3% de la votación total emitida podrían alegar que, cuando menos en 17 elecciones locales, pudieron obtener el registro. Otro punto que tampoco contemplaba, pero que se agregó, fue la posibilidad de que los partidos políticos pudieran disponer de sus excedentes para el siguiente año fiscal. En el dictamen también se establecía que, cuando se formara una coalición, se podrían distribuir los votos entre los partidos políticos, lo que permitiría al menos favorecido con el respaldo ciudadano en las urnas, mantener su registro. Finalmente, el 22 de febrero de 2023, el Senado aprobó el llamado «Plan B» de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto fue avalado con 72 votos a favor y recibió 50 en contra, sin ninguna abstención y dejando fuera la polémica cláusula de la “vida eterna”.

¿Qué pasó con el «Plan B» de AMLO? «Plan C»

Tras la polémica y aprobación en el Congreso, el 27 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera parte de la reforma de AMLO, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Mientras que el 2 de marzo de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto aprobado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cambios conocidos como la segunda parte del «Plan B» de AMLO. Si bien el «Plan B» fue aprobado por el Congreso, a la par fueron objeto de acciones y controversias constitucionales. En el caso de la primera parte del «Plan B», las siete Acciones de Inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación se concentran en el expediente 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023; en tanto que se recibieron 161 controversias constitucionales. Mientras que en el caso del decreto por el que se reformaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el 2 de marzo de 2023, la Corte recibió dos Acciones de Inconstitucionalidad, las cuales se concentran en el expediente 71/2023 y su acumulada 75/2023; y 3 controversias constitucionales. Fue así que este 8 de mayo, la SCJN finalmente discutió y declaró anticonstitucional la primera parte del «Plan B» de AMLO, pues la mayoría de los ministros consideró que existieron “claras violaciones” durante el proceso legislativo en que se aprobaron dichas modificaciones. La decisión de la Corte derivó así en que el presidente anunciara este miércoles su «Plan C». Desde el 27 de marzo de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ante la posible suspensión del “Plan B” de la reforma electoral presentaría un “Plan C”. El «Plan C», apuntó, consiste en que la gente no vote por el llamado “bloque conservador” que hasta la fecha se opone a la reforma electoral y que promovió las distintas acciones de inconstitucional en contra de la reforma electoral de AMLO. Así el pasado 9 de mayo, luego de que la SCJN invadió la primera parte de la reforma electoral, el presidente detalló que el «Plan C» es que en las elecciones de 2024, Morena no solo gane la Presidencia de México, sino que consiga dos terceras partes de la Cámara de diputados y senadores que le permitan concretar los últimos cambios de su sexenio. Por lo que el presidente, según ha dado a conocer, buscará que Morena tenga “carro completo” en 2024, para así obtener la mayoría calificada en el nuevo Congreso y lograr este reforma electoral constitucional antes de que deje su cargo como presidente.

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