Lenia Batres solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que su remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución. También pidió que se le inscriba al ISSSTE, no a algún seguro privado. La Constitución mexicana dice que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República.

“Solicito se me inscriba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con fundamento en el artículo 1, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad y Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”, señaló. “Me sea asignado el salario conforme al monte dispuesto en el artículo 127, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, párrafo tercero; 7, fracción III, inciso d, y párrafo segundo de dicha fracción; 11 y 13, inciso a, de la Ley Federal de Remuneraciones de loa Servidores Públicos”, agregó. Batres pidió que se le otorguen las prestaciones que conforme a derecho correspondan, sin incluir seguro de separación individualizado, ni cajas de ahorro especiales. La ministra Lenia Batres Guadarrama asumió esta semana como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el periodo 2024-2039 con críticas a las decisiones de ese máximo tribunal del país, al que acusó de excederse en sus funciones, “legislar”, tomar decisiones “anticonstitucionales” y no someterse al tope de salario presidencial. “Tenemos una Constitución subordinada a la Suprema Corte”, advirtió en la ceremonia de investidura como ministra de la Corte, efectuada en el Salón de Plenos y en donde Batres recibió de la ministra presidenta, Norma Piña, la toga como nueva integrante del máximo tribunal del país. En sesión solemne conjunta de los plenos del Alto Tribunal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la nueva ministra se propuso un fuerte activismo judicial en pro de derechos y de la impartición de justicia pronta y expedita. “Se esperaría un fuerte activismo judicial de una Corte sensible al principal problema del país que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja (la inseguridad). Lejos de ello tenemos a una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas que incluso involucran afectaciones al orden público y al orden social”, expuso en su discurso inicial. Entre esas decisiones, criticó que se hayan invalidado normas en materia eléctrica y electoral. A su juicio, en el máximo tribunal no debieron invalidar leyes “que buscan proteger los bienes nacionales, caso de la Ley de Industria Eléctrica o distribuir el poder como la ley de instituciones y procedimientos electorales”. Criticó decisiones “por presunta inconstitucionalidad, por irregularidades de procedimiento legislativo” pues dijo que la Constitución indica que debe privilegiarse la solución de los conflictos sobre los formalismos procedimentales, y “el Poder Judicial no lo está cumpliendo”.

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