A través de una iniciativa de reformas y adiciones a la ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional en el Congreso local busca que todo servidor público que haya sido elegido por vía del voto, no pueda ser suspendido, destituido o inhabilitado de su cargo durante algún proceso o sanción administrativa. Al exponer la iniciativa, la diputada panista América Rangel dijo que por ser oposición al gobierno en el poder, algunos alcaldes como Sandra Cuevas de Cuauhtémoc, Santiago Taboada de Benito Juárez, Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo y Lía Limón de Álvaro Obregón han sufrido acoso e intimidación por parte de distintas dependencias y organismos de la Ciudad de México, incluso desde la propia jefatura de gobierno.

¿Qué propone la legisladora?

Dijo que lo anterior, causa procedimientos administrativos que lo que buscan, es entorpecer el trabajo de los alcaldes y perseguirlos políticamente. Incluso puso de ejemplo, el proceso penal y administrativo que vivió la alcaldesa en Cuauhtémoc Sandra Cuevas en 2022. “La voy a llamar la Ley Sandra Cuevas, una de las alcaldesas que es claro, ha sido víctima de persecución política y que hace unos meses sin ser oída, venció un juicio y por un simple mandato judicial fue separada del cargo que miles de ciudadanos y ciudadanas le confirieron hace año y medio.” dijo la legisladora en tribuna. En el documento presentado ante la mesa directiva del congreso capitalino, América Rangel solicita que las sanciones contenidas en la ley de responsabilidades administrativas de la Ciudad de México no se apliquen a funcionarios públicos elegidos por la vía del voto popular. “La propuesta busca proteger no a la persona, sino al cargo electivo que ostenta, ya que al suspender de manera unilateral a un funcionario o funcionaria emanado de elección popular, se vulnera el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a la representación popular, se lesiona el sufragio emitido en favor de esa persona y se genera un ecosistema de persecución política y sanción”, argumentó.

¿Cómo se sustenta? El
artículo 75 de dicha ley establece que la suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales y el PAN propone que se agregue que la sanción
no será aplicable a los funcionarios públicos emanados de elección popular. Este mismo supuesto quiere que se aplique a los artículos 6, 77, 80 y 124 “Se trata de una propuesta que fortalece el Estado de Derecho, la legalidad y la pluralidad ya que de esta forma, se evitan las tentaciones surgidas desde el poder, de señalar y suspender -a manera de castigo político- a quien piensa diferente.” dice la panista. La propuesta de ley, fue turnada a la comisión de transparencia y combate a la corrupción para ser analizada y en su caso dictaminada.

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