La Secretaría de Hacienda informó a la Cámara de Diputados que las iniciativas presidenciales para reformar la Constitución en materia de reforma electoral, al Poder Judicial y de remuneraciones de los servidores públicos no tendrán “un impacto presupuestario adicional”. Los tres dictámenes de impacto presupuestal remitidos a los diputados llegaron a esa misma conclusión porque no se prevé la creación de ninguna plaza, modificación de unidades administrativas, nuevas instituciones ni programas, según la evaluación de impacto que la Secretaría de Gobernación remitió a la de Hacienda, y con base en la cual se emitieron los dictámenes.
Impactos, pero en ahorros
Sin embargo, en el caso de la propuesta de reforma electoral se indica que las nuevas funciones que se busca dar al INE “deberán ser cubiertas con el presupuesto que le autoricen la Cámara de Diputados en términos de lo establecido en el artículo 74 de la Constitución” y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, es decir, sí podría haber un costo, pero no se tasó. De igual forma en el dictamen sobre la reforma en materia del Poder Judicial se indicó que los cambios propuestos “establecen una reestructuración del Poder Judicial de la Federación, que deberá ser cubierta con el presupuesto que le autorice” la Cámara en el ejercicio fiscal que corresponda. Al analizar esas dos reformas, más la relativa a la austeridad, se precisó que “el presente dictamen no prejuzga ni valida la información, así como los alcances de las acciones que propone el contenido de los mismos, ni constituye opinión jurídica alguna con respecto a otras leyes y disposiciones”. El diputado de Morena Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante de las comisiones de Presupuesto y de la de Hacienda y Crédito Público, explicó que sí habrá consecuencias económicas de las reformas, pero en generación de ahorros. Pero la Secretaría de Hacienda evalúa sólo si la eventual aprobación de las reformas implicará gastos extra, y se estimó que no será así. “Por ejemplo en el asunto de la reforma electoral pues no tiene impacto presupuestario porque no le costaría más al Estado mexicano, sino que al quitar por ejemplo 200 diputados plurinominales, pues tienes un ahorro, y eso no es un impacto presupuestario, son economías”.
Puede ser que en adelante haya adecuaciones presupuestales, pero eso lo valorarían los legisladores cuando se aprueben los cambios al marco legal, explicó el legislador morenista. Los oficios con los dictámenes de impacto presupuestal fueron remitidos a la Cámara de Diputados por Segob pero suscritos por Omar Antonio Nicolás Tovar Ornelas, director general de Programación y Presupuesto “A” de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Por separado se analizaron las tres iniciativas, en el caso de la reforma electoral, en la que el presidente propone eliminar 200 diputados plurinominales; que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reduzcan en números de once a nueve y someter a elección en urnas a los nuevos consejeros. Además el presidente Andrés Manuel López Obrador propone que el INE absorba todas las funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPES), mismos que desaparecerían. La iniciativa de reforma al Poder Judicial plantea reducir el número de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), remover anticipadamente a ministros, jueces de distrito y magistrados de tribunales federales y locales; todos serían sometidos a elección popular. En tanto, la reforma en materia de austeridad republicana y remuneraciones de las personas servidoras públicas plantea en términos generales que toda percepción de los servidores públicos sean menores a lo que recibe el presidente López Obrador, y prohibir la duplicidad de funciones de los entes públicos federales y locales así como “gastos superfluos”.
Para las tres propuestas la SHCP respondió de forma idéntica en el análisis de cinco conceptos o apartados. En el primero, relativo al impacto en el gasto de las dependencias y entidades por la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o en su caso creación de nuevas instituciones, se expuso: “la Secretaría de Gobernación (Segob) manifiesta que el proyecto no tiene impacto, ya que no considera la creación o modificación de unidades administrativas dentro de las dependencias y entidades de la administración pública federal”. En el apartado dos, de impacto presupuestario en los programas aprobados de las dependencias entidades se establece que “de acuerdo a la Segob el proyecto no tiene impacto en los programas aprobados en las dependencias y entidades de la administración pública federal, toda vez que no hay erogación de alguna distinta a las ya programadas para la ejecución de sus atribuciones”. En el tercer apartado, sobre el establecimiento de destinos específicos de gasto público, caso en el que solamente podrán preverse destinos específicos en leyes fiscales, se concluyó, también para el caso de las tres iniciativas: “La Segob indica que el proyecto no establece destino específico de gasto público”. El apartado cuarto, sobre el establecimiento de nuevas atribuciones y actividades que deberán realizar las dependencias y entidades que requieran de mayores asignaciones presupuestarias para llevarlas a cabo, la Segob “menciona que el proyecto lo consideran nuevas atribuciones sustantivas que consideren un impacto presupuestario dentro de las dependencias y entidades de la administración pública federal”. El último apartado, el quinto, referente a la inclusión de disposiciones generales que inciden en la regulación en materia presupuestaria, se indica que Gobernación “expresa que el proyecto no considera disposiciones de carácter general que inciden en la regulación en materia presupuestaria”.
]]>
Comentarios recientes