Esta semana, diversos medios dieron a conocer que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, compró un departamento de lujo a la accionista de una empresa proveedora de la Sedena, que el año pasado recibió un contrato de 319 millones de pesos, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Unos días antes, un reportaje de Expansión Política arrojó luz sobre el emporio económico que el Ejército está construyendo en el sector turístico durante este sexenio.

Por si fuera poco, este gobierno ha asignado a las Fuerzas Armadas la administración de jugosos negocios públicos, como las aduanas, varios aeropuertos, algunos tramos del Tren Maya, entre otros más. Encima de todo, el presupuesto de los cuerpos castrenses ha aumentado considerablemente durante este sexenio. El presidente López Obrador ha recargado la viabilidad de su proyecto político en las Fuerzas Armadas, lo cual las ha dotado de un enorme poder político. Al amparo de este proceso de militarización, las élites castrenses se están enriqueciendo enormemente. Es verdad que en México siempre ha existido una cúpula castrense de enorme poder económico. Sin embargo, el fenómeno está adquiriendo una nueva dimensión. Durante el régimen posrevolucionario, los presupuestos y los negocios públicos que manejaban los militares eran, más bien, modestos. De hecho, el bajo presupuesto de las Fuerzas Armadas era uno de los instrumentos que el PRI utilizaba para evitar cualquier tipo de conjura militar en contra del gobierno civil. Es cierto que había una élite militar que se enriquecía ilícitamente, al brindar protección o aquiescencia a negocios ilegales o irregulares (incluidos el crimen organizado y el tráfico de drogas), pero más allá de eso, el Ejército no manejaba grandes negocios. Hay motivos suficientes para pensar que esto siguió ocurriendo durante el régimen de la transición (el caso Ayotzinapa es buen ejemplo de ello) y que sigue pasando hasta el día de hoy. Así las cosas, probablemente las cúpulas militares actuales se enriquecen por partida doble: por la corrupción (como siempre lo han hecho, al brindarle protección u omisión a los particulares) y por la enorme cantidad de recursos y negocios públicos que les ha otorgado el presidente López Obrador. Habrá que preguntarse si este enriquecimiento de las cúpulas militares es sólo una consecuencia accidental o secundaria de la importancia política y las funciones gubernamentales que les ha conferido López Obrador, o si se trata de un intento deliberado del presidente para comprar la lealtad de las Fuerzas Armadas a su proyecto político. Yo me inclino por lo segundo. No obstante, poco importa si se trata de una consecuencia involuntaria o de una decisión consciente. Lo relevante es que el empoderamiento económico de los cuerpos militares implica enormes riesgos para México. En primer lugar, el surgimiento de una élite empresarial-militar puede pervertir la naturaleza de las Fuerzas Armadas, las cuales deberían estar centradas en la seguridad nacional y la defensa de la soberanía. Sin embargo, si hay negocios de por medio, las cúpulas castrenses pueden adquirir una mentalidad empresarial, que se aleje de los valores tradicionales de las Fuerzas Armadas y que cambie sus prioridades y su modus operandi. En segundo término, la existencia de una cúpula económica puede ocasionar divisiones internas en las Fuerzas Armadas, en dos niveles distintos: por una parte, entre los generales —cada vez más enriquecidos— y la tropa, cada vez más desgastada, exigida y puesta en riesgo por la cantidad de tareas de gobierno y seguridad pública que debe desarrollar; por la otra, entre los propios generales, pues la mayoría de ellos preferirá ocupar posiciones poco peligrosas y que den acceso a jugosas ganancias sobre los puestos que implican poner la vida en riesgo y pelear con grupos del crimen organizado.

En tercer lugar, no hay mito más grande que la incorruptibilidad del Ejército. Todas las instituciones, civiles o militares, son susceptibles a la corrupción y, como expliqué en líneas anteriores, el desarrollo histórico de las Fuerzas Armadas ha estado plagado de corrupción. Protegidas por el paraguas de la seguridad nacional y la justicia militar, las instituciones castrenses no están sujetas a las obligaciones civiles de transparencia y rendición de cuentas. Por tanto, el surgimiento de una élite empresarial-militar, casi seguramente, irá aparejada de más tráfico de influencias, amiguismo y corrupción, como lo demuestra el caso del departamento del general Sandoval. Por último, el empoderamiento económico de las élites militares puede convertirse en un ancla más del proceso de militarización que ha experimentado el país durante los últimos 20 años. En otras palabras, una cúpula empresarial-militar dificultará enormemente la desmilitarización del gobierno y la política nacional, puesto que esto implicaría perder su posición socioeconómica. Estos riesgos no están muy lejos de materializarse en México. Y si se concretan, las consecuencias serán funestas. Como botón de muestra, vale la pena voltear a ver a Egipto, Pakistán y Turquía. Nota del editor: Jacques Coste (@jacquescoste94) es internacionalista, historiador, consultor político y autor del libro Derechos humanos y política en México: La reforma constitucional de 2011 en perspectiva histórica (Instituto Mora y Tirant lo Blanch, 2022).

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