Ahora que el Plan C está próximo a ser discutido por el Senado me siento obligado a compartir mi opinión. Hasta este momento, mi principal enfoque como servidor público del Poder Judicial de la Federación ha estado en el análisis de casos concretos, no en evaluar políticas públicas. Sin embargo, es evidente que la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial que se propone impactará en todas las dimensiones del sistema de justicia mexicano, por lo que me gustaría compartir esta súplica para todos aquellos que están próximos a decidir algo tan relevante para el futuro de nuestra sociedad. Espero no sea demasiado tarde.
De aprobarse el Plan C, probablemente voy a perder mi trabajo, el cual me apasiona. Sin embargo, entiendo que el servicio público no me pertenece ni a mí ni a nadie, por lo que puedo asimilar sin problema la idea de trabajar en otro lado. ¿Me gustaría que se respeten nuestros derechos laborales? Obviamente. Pero ello no se compara con mi principal preocupación por la reforma constitucional que se propone: más personas sin recursos en las cárceles. No más personas culpables, solamente desprotegidas. Llevo más de ocho años trabajando en el Poder Judicial Federal; seis de ellos en juzgados federales de primera instancia. He trabajado en Cancún, en Almoloya de Juárez, en Nezahualcóyotl y recientemente en la Ciudad de México. En estos juzgados, llamados Centros de Justicia Penal Federal, usualmente se da el primer contacto entre las personas acusadas de un delito y el Poder Judicial Federal. Ahí decidimos si estuvo bien que la policía haya detenido a una persona o si abusó de su autoridad, si una persona debe ser encarcelada en lo que se investiga si es culpable o inocente o si puede permanecer en libertad. Si la fiscalía puede ingresar a sus casas, escuchar sus conversaciones privadas, asegurar sus comercios, entre muchas otras cuestiones. En la mayoría de los casos (federales), es donde se decide si una persona debe ir a la cárcel o no. Decidí trabajar ahí porque hay pocas cosas más dolorosas para mí que una persona inocente en la cárcel. Me es muy difícil conciliar la idea de una madre, padre, esposa, abuelo, hermana, hijo, encerrados en uno de los lugares más horribles del planeta –que con descaro llamamos “CERESOS”– sin merecerlo. Pienso en ello constantemente y siempre me rompe el corazón. Trabajando en el Poder Judicial he advertido dos circunstancias que me quitan la tranquilidad. Primero, que las acusaciones falsas son muy comunes. A veces ello se debe a un error de la policía o de la fiscalía, a veces se debe a deficiencias institucionales (que tienen recursos limitados y favorecen las condenas sobre las absoluciones) o porque el sistema penal se utiliza con saña, como herramienta de presión, censura y venganza. Segundo, que existe un claro sesgo hacia las personas con menos recursos. La mayoría de los asuntos que vemos en los Centros de Justicia Penal Federal tienen que ver con taxistas a quienes se acusa de portar una pistola, con agricultores que no pueden acreditar la compra de gasolina, con personas indígenas a quienes se les acusa de talar árboles sin permiso, con vendedores ambulantes a quienes se les busca castigar por comerciar productos “pirata”. Este es nuestro pan de cada día. A veces nos llegan casos de secuestro, homicidios, extorsión, narcotráfico, delincuencia organizada. Rara vez fraudes, evasión de impuestos y delitos electorales. Estos son, por mucho, los casos menos frecuentes y cuando contamos con pruebas que demuestran su culpabilidad no lidiamos para condenar. No necesitamos premios ni taparnos la cara. Mi principal preocupación respecto de la propuesta de reforma constitucional al Poder Judicial deriva de la modificación que se propone en el método para elegir a las personas juzgadoras.
Actualmente, para llegar a ser juez federal se requiere trabajar al menos cinco años en un juzgado, pasar un examen y obtener una de las calificaciones más altas. Esta forma de elegir a las personas juzgadoras es a lo que nos referimos con “carrera judicial”. Participé en un concurso para ser juez penal federal el año pasado en donde competimos aproximadamente mil personas y solamente se eligieron a 25 juzgadoras. No fui uno de ellos y no me siento engañado. Esta forma de elegir a jueces busca que quienes resulten ganadores tengan los conocimientos necesarios para conducir un juicio de manera adecuada (por eso se requiere experiencia y demostrar conocimientos) y que no tengan más obligaciones que con la ley y su conciencia (no tienen que ser propuestos por alguien). Con lo anterior, se busca que las sentencias tengan validez porque resultan de un debido proceso y dar independencia a las personas juzgadoras para que puedan absolver a una persona inocente, incluso cuando la exhiban en los medios como culpable. Lo que el Plan C propone, esencialmente, es que las personas aspirantes a juez o jueza primero sean postulados por políticos y, posteriormente elegidos por la mayoría mediante el voto popular. Bajo este modelo, para ser juez o jueza los aspirantes primero deben obtener el apoyo de quienes tengan el poder de postularlos. Luego, deben apelar a la opinión pública de la ciudadanía que habrá de votar en el proceso de elección. ¿Qué van a hacer las juezas cuando los partidos políticos tengan un interés en que un asunto se resuelva de cierta manera? ¿Qué van a hacer cuando la opinión pública asuma como culpable a una persona inocente y tengan que buscar su reelección? No hay que ser experto para anticipar que en esas circunstancias las falsas acusaciones se volverán falsas condenas. Si no das la razón a quienes te pusieron ahí, siempre habrá alguien que esté dispuesto a hacerlo. Coincido en que el sistema actual no es perfecto; no obstante, la elección popular de las personas juzgadoras no resuelve ninguno de los problemas que se presentan en el Poder Judicial Federal, los empeora, pues diluye los incentivos para resolver de manera imparcial y los sustituye por consideraciones electorales, por quedar bien con quienes tienen el poder de seleccionarlos o removerlos y se ha vuelto habitual que terminarán pagando la factura aquellos que menos pueden defenderse e influir en el proceso de elección de las personas juzgadoras. No serán los ricos, los políticos ni siquiera quienes efectivamente cometieron un delito, serán quienes menos influyan en las elecciones los más desprotegidos. No le temo al pueblo, le temo a un juez político y electorero.
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