Las agencias de seguridad de Estados Unidos sí pueden operar en México , pero con restricciones y reglas claras. El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de designar a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTE) ha despertado dudas y preocupación sobre una posible injerencia de Estados Unidos en materia de seguridad en territorio nacional.
Pero en 2020 México se «blindó» ante esa posibilidad, tras la detención de Salvador Cienfuegos en octubre de ese año. El exsecretario de la Defensa Nacional fue aprehendido en un aeropuerto en Los Ángeles, California, acusado de colaborar con un cártel, organización en la que supuestamente era apodado «El Padrino». El entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con expulsar a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se encontraban en territorio nacional, a quienes señaló de fabricar delitos y actuar sin previo aviso. Poco después, gracias a la intervención directa del gobierno federal, Cienfuegos fue devuelto a México y el Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró los cargos. En México, la Fiscalía General de la República tampoco le fincó cargos al General. Con una reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2020, el gobierno mexicano quitó a los agentes extranjeros la inmunidad diplomática de la que gozaban e impuso mayores restricciones para su operación en territorio mexicano.
¿Qué dice la ley sobre la actuación de agentes extranjeros en México? La Ley de Seguridad Nacional define a los agentes extranjeros como “funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquellas de carácter técnico especializado”. Estos agentes extranjeros pueden trabajar en México, siempre y cuando obtengan antes una acreditación de la Secretaría de Relaciones Exteriores; dicha solicitud deberá ser consultada por la dependencia con el Ejército, la Armada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Sólo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas. No podrán ejercer las facultades reservadas a las autoridades mexicanas ni podrán aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en territorio nacional. Deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores o la dependencia del Estado mexicano que corresponda. Deberán poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información de que se alleguen durante sus funciones. Tendrán prohibido realizar o inducir a terceras personas a realizar detenciones, privación de la libertad, allanar la propiedad privada o cualquiera otra conducta que resulte violatoria de la Constitución y leyes mexicanas. Sólo podrán portar las armas de fuego que les autorice la Secretaría de la Defensa Nacional. No tendrán ninguna inmunidad en caso de la comisión de delitos o por infringir la prohibición de realizar funciones reservadas a las autoridades mexicanas.
Al comunicarse con agentes extranjeros, los funcionarios mexicanos federales deben seguir las normas, parámetros y obligaciones previstas en la Ley de Seguridad y en los lineamientos del Consejo de Seguridad Nacional. De lo contrario, pueden tener consecuencias administrativas o penales. Mientras tanto, los funcionarios estatales y locales deben primero solicitar la autorización de Relaciones Exteriores, quien enviará a un representante para el monitoreo de las reuniones y, a más tardar tres días después del encuentro o comunicación, se deberá presentar un informe. Entre los lineamientos que los agentes extranjeros deben seguir, de acuerdo a la ley, están los siguientes:
México y EU: una historia de choques alrededor del narco Tras la detención por Estados Unidos y posterior liberación en México de Salvador Cienfuegos, los choques en materia de seguridad entre agencias de Estados Unidos y el gobierno de México continuaron a lo largo del sexenio de López Obrador. Las autoridades mexicanas decidieron disolver en 2021 la unidad especializada antidrogas de la DEA, que trabajó en México por más de 20 años en coordinación con las autoridades mexicanas. La detención de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, capturado en julio de 2022, agregó tensión entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, pues el gobierno de México atribuyó el operativo a un logro de la Secretaría de Marina, mientras que Estados Unidos señaló la participación de la DEA. Caro Quintero era un objetivo prioritario de la DEA, pues se le atribuye participación en la tortura y asesinato del agente Enrique «Kiki» Camarena en 1985. La administración de López Obrador cerró todavía con más tensiones con autoridades estadounidenses por la captura del capo del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, el 25 de julio de 2024. «El Mayo», quien era uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de Estados Unidos, fue detenido por agentes de la DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en territorio estadounidense, tras llegar a un aeropuerto privado en Santa Teresa, Nuevo México, acompañado de Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo». López Obrador, aún como presidente, exigió al gobierno de Estados Unidos informar cómo se dio la detención de Zambada, ante lo cual en agosto la Casa Blanca negó haber realizado una operación extraterritorial en México.
El entonces mandatario calificó la captura como un movimiento político de Estados Unidos para desprestigiar a su gobierno. “Ellos, durante mucho tiempo, han mantenido esa estrategia de buscar involucrar a gobiernos de otros países para mantenerlos débiles y someterlos. No es el presidente (Donald) Trump, no es el presidente (Joe) Biden, es el modus operandi de la política estadounidense desde hace más de 200 años, desde la Doctrina Monroe», sostuvo durante una de sus conferencias mañaneras en agosto de 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum ha abogado por cooperación y coordinación en materia de seguridad; a tono con su antecesor, la morenista también ha hecho énfasis en la defensa de la soberanía y ha rechazado cualquier tipo de injerencismo por parte del gobierno de Donald Trump.
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