En su informe final de labores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio cuenta de que adelantó sus trabajos de fiscalización interna del 2024, contrató fiscalización externa y fortaleció su unidad de investigación de responsabilidades, todo en aras de dejar la administración libre de pendientes. De los asuntos que quedarán por resolver, se informó, está la conclusión de investigaciones por posibles irregularidades administrativas detectadas en el marco de 15 mecanismos de fiscalización y 13 acciones preventivas o correctivas derivadas de revisiones internas.
Además 76 expedientes pendientes de resolución en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), donde también hay 188 expedientes en trámite relacionados con declaraciones patrimoniales. El pasado miércoles 20 la presidenta Norma Piña emitió su mensaje final de conclusión de labores y este martes 26 las dos salas rendirán su último informe de gestión antes de que el próximo primero de septiembre asuman sus cargos los nuevos integrantes de la SCJN, mismos que fueron electos en urnas. Con ello se dará fin a una SCJN de funcionamiento de 30 años, de ahí que el informe de gestión de Piña Hernández sea de cierre. En él reporta las acciones tomadas para fortalecer la función jurisdiccional, dar centralidad a los derechos humanos en sus resoluciones, promover la igualdad de género y combatir la corrupción. Este último es uno de los elementos que, de acuerdo a los promotores de la reforma judicial fue lo que llevó a buscar la elección de integrantes del Poder Judicial, por lo que la SCJN informó sobre las acciones realizadas en particular, y según las cuales prácticamente no hay casos abiertos de corrupción. Se registra que el cierre se realiza sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin registro de anomalías en la gestión que tuvo de los Fideicomisos que tuvo a su cargo, y sin embargo hay pendientes de investigación y sanción derivado de investigaciones internas. “Se fiscalizaron las Cuentas Públicas 2023 y 2024. La Auditoría Superior de la Federación no emitió observaciones ni acciones por atender”, anotó. Además este año se contrató al despacho externo Gossler, S.C. de S.R.L. para auditar los saldos de los fideicomisos en los que participaba como fideicomitente revisión “que arrojó un resultado sin observaciones”. Con ello, “las auditorías externas a los estados financieros del Alto Tribunal en los ejercicios 2023 y 2024 concluyeron que el control interno es fuerte, confiable y oportuno”, según el documento. Sin embargo, se informa que derivado de la promulgación de la reforma judicial y de las reformas secundarias derivadas de ésta, “se determinó adelantar los resultados de la fiscalización del ejercicio 2024” para dar cumplimiento al Programa Anual de Control y Auditoría (PACA) 2025 “antes de que las facultades y atribuciones que actualmente corresponden a la Contraloría se transfieran al nuevo Órgano de Administración Judicial”. Fue así que del 2 de enero de 2023 al 30 de junio de 2025 se realizaron 108 mecanismos de fiscalización: 32 revisiones integrales, 14 evaluaciones técnicas; 29 de seguimiento; 16 de desempeño y tres especiales. De ellos aún hay ocho procedimientos pendientes y 13 acciones preventivas o correctivas detectadas por esas revisiones. El balance de todas ellas arrojó 370 acciones emitidas, que sumadas a 15 que estaban pendientes desde antes deriva en un total de 385 acciones. “Las áreas y órganos administrativos atendieron 372, por lo que actualmente permanecen 13 pendientes”. Entre los resultados de ellas están la recuperación de 1.6 millones de pesos “derivado de pagos indebidos, incumplimientos contractuales y penalizaciones”
Hallan responsabilidad pero no hay sanción
Además se dio cuenta de que, “como resultado de las auditorías internas practicadas, se informó a las áreas competentes sobre hechos y conductas que podrían constituir posibles irregularidades administrativas detectadas en el marco de 15 mecanismos de fiscalización”. De manera adicional a esas revisiones la SCJN realizó tareas de combate a la corrupción a través de su Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA), en donde hay 76 expedientes pendientes. En dos años ocho meses integró 1,130 expedientes, “en comparación con los 919 de los primeros cinco años de funcionamiento de esa área” y a esa cifra se sumaron 27 asuntos más que se encontraban en trámite al 31 de diciembre de 2022. De ellos hubo 1,096 determinaciones y “a la fecha se encuentran en trámite 76 expedientes”. Sin embargo se destaca en el informe que en los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno o por la Presidencia de la SCJN se impusieron 36 sanciones que han quedado firmes, entre ellas dos destituciones y siete declaratorias de inhabilitación. Además en 291 expedientes la Dirección General de Responsabilidades Administrativas informó a la UGIRA situaciones “que podrían implicar la posible comisión de faltas administrativas”. Sin embargo, “se realizó la anotación de 11 registros de personas servidoras públicas a quienes se consideró responsables de faltas administrativas, pero respecto de las que la autoridad resolutora se abstuvo de imponer sanción”. Este caso, al parecer, es el que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cerró, derivado de la denuncia contra un conjunto de servidores públicos del Poder Judicial vinculados al expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Entre lo resuelto se encuentran 666 desechamientos y/o se emitió acuerdo de incompetencia, 22 denuncias se tuvieron por no presentadas, en siete casos se concluyó anticipadamente la investigación, en 38 se determinó la conclusión y archivo de la investigación y en 363 casos se elaboró informe de presunta responsabilidad administrativa. En cuanto a la atención de los asuntos relacionados con acoso laboral, sexual o cualquier otra forma de violencia sexual y de género se informó que se dio intervención a la Dirección General de Prevención, Atención y Seguimiento a Casos de Violencia de Género (DGPASCVG) y en 34 asuntos se decretaron medidas cautelares para evitar la revictimización de las personas presuntamente afectadas de manera directa o indirecta como para proteger a los testigos y la investigación. Además se dio vista a la UGIRA sobre 348 informes de hechos remitidos por la Contraloría de la SCJN (de 2023 a la fecha) sobre incumplimientos en la presentación de declaraciones de situación patrimonial. “En 347 casos se emitió informe de presunta responsabilidad administrativa, por lo que los respectivos expedientes se remitieron a la autoridad substanciadora para la continuación del trámite correspondiente. Sólo en 1 caso el informe de hechos se desechó por improcedente”. Según lo informado se dio seguimiento a 411 expedientes de responsabilidad administrativa y a la fecha, 188 expedientes siguen en trámite”, 38 de los cuales fueron enviados a la autoridad competente para emitir la resolución respectiva.
]]>
Comentarios recientes