A siete años de haberse convertido en Fiscalía General de la República y dejar de estar supeditada al Poder Ejecutivo, la institución encargada de la procuración de justicia se enfrenta nuevamente al desafío de defender y ejercer su autonomía. La llegada de un perfil cercano y ligado a la Presidencia, como lo es Ernestina Godoy, pone en duda la independencia que se conquistó en 2018 y que no se logró concretar en los hechos con el primer fiscal autónomo Alejandro Gertz Manero.
Cuando se elige por dedazo y por política, corremos el mismo riesgo de lo que sucedió con el fiscal Gertz, que no tuvo una gestión, acorde a lo que se esperaba para tener una Fiscalía autónoma”
Similar a la prisa con la que se dio la salida de Alejandro Gertz, a quien le quedaban dos años aún en el cargo, el Senado aceleró el nombramiento del titular de la FGR. Con 97 votos a favor, aprobó que Ernestina Godoy sea la fiscal General de la República. Partidos de oposición, como el PAN y el PRI, se manifestaron contra el nombramiento de Godoy como fiscal y la calificaron como “fiscal carnal”, en referencia al apodo que el propio Morena usó en 2017 para cuestionar al entonces procurador federal, Raúl Cervantes, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando se planteó su pase automático a la nueva Fiscalía General de la República. En 2014, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de la Fiscalía General de la República con la que se constituyó un órgano constitucional autónomo e independiente, pero fue cuatro años después, en 2018, que fue electo Gertz Manero como el primer fiscal. Para expertos, durante sus siete años al frente de la procuración de justicia, no mostró autonomía al poder. De acuerdo con especialistas, aunque se trata de una institución autónoma, la FGR que encabezó Gertz Manero solía realizar las peticiones del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Susana Camacho, abogada y coordinadora del programa de justicia en la organización México Evalúa, insiste en que la FGR no logró ser autónoma. “La forma en la que salió (Gertz Manero), cómo se hace la designación de la encargada de despacho, la manera en la que se abrió la convocatoria para los fiscales de manera tan rápida, tan atropellada en el Congreso, sin una real justificación de carácter grave para la salida de Gertz, nos habla de que la Fiscalía simplemente no transitó a la autonomía ”, considera la especialista.
Esto mismo puede repetirse con Godoy, quien está identificada como cercana a la presidenta. La nueva fiscal pasó de coordinar la bancada de Morena en el Congreso capitalino a encabezar la entonces Procuraduría de la CDMX, y posteriormente encargada de la transición de la dependencia a la Fiscalía local. Tras no lograr su ratificación, se convirtió en senadora por Morena y finalmente en consejera jurídica de la Presidencia. En el diseño del nombramiento está parte del problema de la falta de autonomía, explican especialistas. De acuerdo con la Ley General de la Fiscalía General de la República , la designación de un fiscal se realiza entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. “El listado que envíe el Senado de la República al Ejecutivo Federal y la terna propuesta por el Ejecutivo Federal al mismo, deberán estar integradas por propuestas de personas de ambos géneros, de las cuales hará su designación el Senado de la República”, dice el artículo 8. Al respecto, José María Soberanes, experto en Derecho y catedrático de la Universidad Panamericana, sostiene que el diseño de la ley general permite que pueda llegar sin tanto obstáculo alguien cercano al Poder Ejecutivo . “Esto es un problema de diseño y este diseño se hizo en la época de Peña Nieto. Está mal diseñado porque en el procedimiento para nombrar un nuevo fiscal se presentan 10 nombres en el Senado donde tiene mayoría un partido, la presidenta se queda con tres y luego pues el Senado entre esos tres elige a uno. Entonces, es la crónica de un nombramiento ya anunciado, como lo vimos cuando designaron a Gertz”, considera.
Demostrar la lejanía con el Poder Es el poder político apropiándose de la persecución de los delitos en este país” «No se fabricarán culpables ni habrá impunidad»
La gestión de Gertz Manero estuvo marcada por varios escándalos, entre ellos ser señalado de tráfico de influencias y coalición de servidores públicos por el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; por una persecución contra Alejandra Cuevas, esposa de su hermano Federico Gertz Manero, entre otros y porque su gestión se caracterizó por ser cercana al poder y alejada de las víctimas. “Hubo un retroceso muy grande en la Fiscalía. No era absolutamente para nada autónoma y ahora yo creo que teníamos una oportunidad para recuperar a la Fiscalía para que fuera cercana a las víctimas”, agrega Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia en la Fundación para la Justicia (FJEDD). “La indiferencia” de Gertz a las víctimas incluso se representa en cifras. Susana Camacho explica que en desapariciones, uno de los delitos en ascenso, no hubo ninguna condena. “Casos de desaparición, muy poquitos fueron llevados a la escena federal y cuando menos a 2023 de respuestas, las solicitudes de información hechas a México Evalúa, el 100% de las sentencias que obtuvo la fiscalía fueron absolutorias: el 100%», señala en entrevista. Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico en la organización México Unido Contra la Delincuencia, explica que la autonomía en la institución se debe mostrar así: lejanía del Poder. «Lo más importante y por lo que tendríamos que seguir luchando es por una autonomía de la Fiscalía del poder político, es decir, que su fin principal sea el esclarecimiento de los hechos y la persecución de los delitos de manera imparcial y no siguiendo una línea política o intereses de quienes están en el poder», destaca. La gravedad de que una fiscalía no sea autónoma es que la procuración de justicia queda en manos de intereses políticos. En su comparecencia Godoy Ramos aseguró que desde la FGR no se fabricarán culpables ni habrá persecución política, sin embargo enfatizó que “tampoco habrá impunidad”. Esto generó aplausos y hasta silbidos de Morena y aliados. También aclaró que quien haya cometido un delito será perseguido, procesado y sentenciado; mientras que, quien haya sido víctima, será protegida, defendida y le repararán el daño. “No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no cabe ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”, señaló. Cuando Ernestina Godoy buscó su ratificación como fiscal de la Ciudad de México en 2024, partidos de oposición la acusaron de utilizar la institución con fines de persecución política. Como fiscal capitalina hubo señalamientos en su contra que van desde espionaje hasta revictimización y uso político de la justicia. En 2023, enfrentó críticas tras la publicación de un reportaje de The New York Times que reveló que la Fiscalía capitalina solicitó a Telcel que entregara registros de llamadas, mensajes y datos de ubicación de políticos tanto de la oposición como de Morena. Entre ellos, Santiago Taboada, exaspirante opositor a la Jefatura de Gobierno; la senadora panista Lilly Téllez; y los morenistas Higinio Martínez y Horacio Duarte. Telcel reconoció ante un juez haber entregado los datos, aunque Godoy negó que la información del reportaje fuera precisa. Con Godoy al frente de la Fiscalía de la CDMX, también se emprendieron varias carpetas de investigación por presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, involucrando a funcionarios panistas y empresarios. El caso más destacado es el del exjefe delegacional Christian Von Roehrich, detenido en abril de 2023 y posteriormente vinculado a proceso. También fue implicado Santiago Taboada, quien acusó a Godoy de ser una “fiscal carnal” y de perseguirlo políticamente por instrucción de Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno capitalina. Este miércoles, Ernestina Godoy afirmó que el nombramiento no es un premio, sino un mandato, pues dijo que la demanda urgente es construir una Fiscalía donde se ponga al centro a las víctimas, además de actuar con inteligencia para recuperar la confianza ciudadana. La nueva fiscal estará en el cargo durante nueve años, tiempo en el que se demostrará si logró defender la autonomía.
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