Hace años, una pequeña comerciante en Monterrey recibía llamadas. Primero amenazas vagas, luego precisas: conocían el nombre de su hija, la escuela a la que asistía, la ruta que tomaba cada mañana. Le pedían dinero. Acudió a las autoridades. Levantó denuncias en tres municipios diferentes. La respuesta fue contradictoria: un agente le dijo que técnicamente no era extorsión porque el delito no estaba «bien definido»; otro le explicó que probablemente debería ceder para evitar males mayores.
La ley sin reforma institucional: legislar sin capacidad de ejecutar Reforma del sistema de fiscalías, el eslabón más débil Atención a víctimas: de la promesa al acompañamiento real Control penitenciario: combatir el delito en su fuente
Nunca atraparon a nadie. La ley que acaba de aprobarse en el Congreso de la Unión promete cambiar esta historia. Pero sin las transformaciones institucionales profundas que México necesita, será apenas un documento más en los archivos polvorientos de nuestro sistema de justicia. Una nueva ley es siempre bienvenida cuando aborda un problema real. La extorsión ha crecido en México de manera exponencial, tocando desde comerciantes hasta periodistas, hasta activistas sociales. Pero una ley es tan efectiva como los brazos que la ejecutan. México aprobó legislación antiterrorista, leyes contra el narcotráfico, reformas del sistema de justicia penal. Muchas permanecen parcialmente dormidas en la práctica porque no hay estructura institucional capaz de implementarlas. Esta nueva norma no será excepción. Tipificar la extorsión con mayor claridad es necesario, ciertamente. Pero define un delito que la mayoría de nuestras autoridades aún no sabe investigar adecuadamente. Es como darle un manual de cirugía a alguien sin manos. La ley promete penalidades más severas, pero ¿quién procesará los casos? ¿Quién recopilará evidencia técnica que los tribunales acepten? Sin contestar estas preguntas, la nueva legislación corre el riesgo de convertirse en otra promesa incumplida. Los ministerios públicos mexicanos están colapsados. Trabajan con presupuestos insuficientes, sin tecnología de investigación moderna, con tasas de cargas de trabajo que generan errores sistemáticos. Un agente del Ministerio Público en provincias atiende entre cincuenta y cien casos simultáneamente. No puede investigar extorsiones complejas que requieren análisis de patrones, seguimiento de comunicaciones, coordinación entre jurisdicciones estatales. Para que esta ley funcione, México necesita una reforma profunda de fiscalías. Esto significa invertir recursos en capacitación especializada en delitos de extorsión: cómo identificar amenazas, documentar patrones, rastrear comunicaciones digitales, vincular operaciones que abarquen múltiples estados. Requiere crear unidades especializadas dedicadas exclusivamente a extorsión, no diluir estas investigaciones entre los cientos de carpetas que cada fiscal carga. También implica descentralizar recursos. Las fiscalías de los estados del interior no tienen los mismos equipos ni especialistas que la Ciudad de México. Una comerciante en Guerrero no tiene acceso a la misma capacidad investigativa que una en Polanco. La ley debe venir acompañada de inversión territorial específica para equiparar capacidades entre estados. Esto cuesta dinero, pero dejarlo sin hacer cuesta más: impunidad garantizada y continuación de la victimización. La comerciante de Monterrey nunca recibió orientación. No sabía si había cometido un error denunciando, si revelar el incidente pondría en mayor riesgo a su familia. Los sistemas de protección a víctimas en México existen en papel, pero funcionan fragmentariamente. Una víctima de extorsión necesita psicólogos que entiendan trauma, abogados que expliquen el proceso, policías que la protejan mientras su caso se investiga, no agentes que sugieran rendirse. La nueva ley debe incluir protocolos específicos de atención a víctimas: líneas de denuncia directa con atención inmediata, evaluación de riesgo real, acceso a medidas de protección efectivas, apoyo psicológico continuo, y seguimiento del estado de sus casos. Las víctimas deben saber que denunciar es seguro, que el Estado escucha, que no están solas. Actualmente, muchas prefieren no denunciar porque confían más en sus propias estrategias de sobrevivencia que en la capacidad protectora del Estado. Aquí está la verdad incómoda: la mayoría de las extorsiones en México se originan desde adentro de las cárceles. Criminales operan redes desde prisiones, dirigiendo delincuentes afuera, coordinando amenazas y cobros mediante celulares que el sistema penitenciario no logra controlar. Mientras tanto, policías de investigación y corporaciones locales, sin coordinación ni capacitación, intentan perseguir síntomas de un mal que brotan de las prisiones. La ley nueva es incompleta sin una reforma penitenciaria severa. Significa implementar tecnología de detección de comunicaciones, revisar exhaustivamente ingresos de dispositivos, segregar a líderes de organizaciones criminales, auditar constantemente la integridad de personal carcelario. También requiere investigaciones anticorrupción dentro de penitenciarías, porque muchas amenazas de extorsión fluyen a través de guardianes cooptados. Sin control penitenciario efectivo, la nueva ley será como apagar incendios mientras la fuente sigue ardiendo. Atacamos el efecto, nunca la causa.
Tecnología, la herramienta que no podemos ignorar Preparación anticorrupción, el obstáculo fundamental Más allá de la ley: lo que realmente se necesita
La extorsión moderna es digital. Llamadas de aplicaciones con números falsos, mensajes por WhatsApp, videos amenazantes compartidos en redes. Nuestras policías de investigación carecen de capacitación en análisis de comunicaciones digitales, obtención de metadatos, rastreo de números virtuales, coordinación con plataformas de telecomunicaciones. La ley debe venir acompañada de inversión tecnológica: sistemas de análisis de comunicaciones, bases de datos integradas entre fiscalías estatales, acceso a técnicas forenses digitales, capacitación continua en investigación cibernética. También significa acuerdos con empresas de telecomunicaciones para proporcionar información de tráfico de manera ágil, algo que actualmente toma meses o años. Sin esto, los investigadores estarán buscando agujas en hayales infinitos, mientras criminales operan desde teléfonos que desaparecen cada hora. Finalmente, la pregunta más incómoda: ¿puede confiar México en que sus instituciones implementarán esta ley sin capturar el proceso? La corrupción dentro de ministerios públicos, policías y corporaciones locales es estructural. Funcionarios cooptados, agentes que filtraban información a criminales, fiscales que abandonaban casos a cambio de dinero. Esto no es un rumor; es documentado. Cualquier ley contra extorsión será saboteada desde adentro si no hay sistema anticorrupción paralelo funcionando. Significa auditorías internas constantes, investigaciones sobre funcionarios denunciados, consecuencias reales por colusión, rotación de personal en posiciones sensibles. Requiere también que organismos autónomos como la Fiscalía General tenga poder suficiente para investigar a policías y fiscales locales sin interferencia política. La nueva legislación es un primer paso, no una solución. México necesita una transformación integral: fiscalías profesionalizadas con presupuesto territorial, víctimas atendidas con dignidad, cárceles bajo control efectivo, investigación digital operativa, y honestidad institucional. Mientras tanto, comerciantes como la de Monterrey seguirán recibiendo llamadas. Y tendrán razón en no confiar completamente en que la ley las proteja. Porque, como tantas veces en México, un nuevo documento fue aprobado. Pero los cimientos en los que debe reposar permanecen intactos, vencidos, esperando su propia reforma. ____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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