El «Plan B» anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum —tras el fracaso de su primera propuesta— ya no tocará los recursos de los partidos; sin embargo, enfila sus baterías hacia los congresos locales y ayuntamientos, lo que plantea riesgos a los límites constitucionales, advierten constitucionalistas y expertos electorales. Lo anterior, al proponer cambios propios del ámbito local desde lo federal, al transgredir la soberanía de los estados, así como la posibilidad de que temas electorales sean decididos por la opinión ciudadana a través de las Consultas Populares. Debido a ello, el segundo paquete de reformas constitucionales que, según estimaciones del gobierno, ahorrará hasta 4,000 millones de pesos , enciende alertas entre especialistas quienes advierten de una «mayor centralización del poder» y vulneración de la autonomía estatal.
Ellos dirán que dada la representatividad y popularidad que tiene tanto Morena como la presidenta, pues que están reflejando ese sentir popular, pero la verdad es que si nos ponemos a revisar en las reformas hay un elemento, un común denominador en la centralización del poder”
Al tratarse de una reforma constitucional, una vez más requerirá de la mayoría calificada -dos terceras partes de los votos- en ambas Cámaras, por lo que, de nuevo, deberá contar con el apoyo de sus aliados del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista para lograr la aprobación. Morena tiene 27 Congreso locales con mayoría, por lo que podría aprobar la reforma sencilla, pero los analistas advierten que al contar con nuevos actores afectados a nivel local -diputados locales, síndicos y regidores- una vez más la lealtad estará a prueba.
Centralización y riesgos a la autonomía estatal Entre los temas que esbozó la presidenta de su plan este jueves está el
tope máximo al presupuesto de los Congresos locales , para implementar una política de austeridad y acabar con los «privilegios» de diputados locales. Los recursos que se ahorren, dijo, serán dirigidos a atender las necesidades de la ciudadanía en cada una de las entidades. Una acción que choca con la autonomía de los estados, pues al ser
México una república federal, la Constitución les otorga la facultad de decidir sobre el destino de los recursos, entre ellos los que van a sus respectivos Congresos. Modificar este esquema implicaría una reforma al artículo 116 constitucional, en el cual se establece la conformación de los Congresos locales. De ser aprobada a nivel federal, la reforma también necesita de la aprobación de 17 legislativos locales. Georgina de la Fuente, especialista en gobernabilidad democrática, considera que este proceso obligará a buscar mayores consensos que en otras reformas constitucionales, pues llevará a los estados a reformar sus propias cartas magnas. “Tendrían que pasar necesariamente por una discusión en lo local también. Y ahí es en donde a mí me parecería que se puede atorar el asunto”, prevé la socia de la consultora Strategia Electoral y colaboradora de Expansión Política. Para el constitucionalista Arturo Ramos Sobarzo la «centralización de poder» es el eje que une el conjunto de propuestas delineadas en este segundo paquete de reformas.
El argumento de los ahorros
En esto coincide Fernando Ojesto Martínez Manzur , consultor en materia electoral, quien advierte que de prosperar la nueva iniciativa el país se acercaría a un gobierno en el que las decisiones se tomen desde el poder federal y se busque legislar sobre temas que le competen a las entidades. Además, advierte, restaría facultades y limitaría a los estados. “Será una invasión al federalismo, que es uno de los principios fundacionales del Estado mexicano (…) sería ir en contra de la soberanía, independencia y autonomía de las entidades para regirse en su información y presupuestos internos”, comenta. Tanto el «Plan A» como el «Plan B» de la presidenta Sheinbaum han tenido como uno de sus argumentos base la austeridad y la generación de ahorros , sin embargo, los expertos advierten que no resuelve los problemas que hoy enfrenta el sistema electoral. «Propuesta tras tras propuesta, observamos que se trata de cambios que no ayudan o no resuelven los problemas que efectivamente sí tiene nuestro sistema”, dice De la Fuente.
El problema es que la presidenta está confundiendo popularidad con gobernabilidad, porque ha justificado estos cambios a través de encuestas. Sin embargo, estas propuestas representan riesgos, no solo para la organización de elecciones, sino para la función pública de todo el país”
Para Mauricio Alfaro, especialista en ciencia política y consultor de Integralia, los ahorros son ínfimos con relación con el uso ineficiente que hace el gobierno de los recursos públicos . Además de que se abre la puerta a riesgos institucionales mayores, como la viabilidad de la función pública. Como ejemplo, expone que los ahorros que se buscan con esta reforma representan una céntima parte de las pérdidas de Pémex en 2025 o el financiamiento que otorga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Por eso, comenta que el propósito del «Plan B» es político y no técnico, ya que la presidenta relanza una narrativa de “antiprivilegios”, como lo hizo en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Temas electorales, ¿por consulta popular? La presidenta también planteó que en las
consultas populares se incluyan temas electorales, lo que actualmente está prohibido, de acuerdo con lo que establece el artículo 35 de la Constitución. En opinión de expertos en esta materia, la mandataria federal podría buscar impulsar temas que no pudo sacar en su primera iniciativa, como la
eliminación de legisladores “pluris” o reducir el financiamiento de partidos políticos. Para el constitucionalista Ramos Sobarzo, integrante de la Barra Mexicana de Abogados, esto es una respuesta al rechazo de su primera propuesta, sin embargo, el obstáculo está en la Constitución. Además de ello, refiere que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha limitado especialmente este tipo de aspectos. “No pueden ser objeto de consulta popular determinados temas que tienen que ver con derechos humanos, como podría ser en este caso temas electorales que pongan en duda, pues la forma de gobierno”, explica.
¿Y qué pasa con la revocación de mandato?
El tercer punto que la presidenta busca impulsar es nuevas reglas en la consulta de revocación de mandato para que ésta se realice en el tercero o cuarto año del sexenio. En este momento, la Constitución señala que la consulta se podrá solicitar durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, lo que significa que esta se realice hasta 2028. Sin embargo, se propone cambiar a que solo sea en el tercero, por lo que podría coincidir con las elecciones intermedias, es decir, cuando se renueve la Cámara de Diputados y se elija a 17 gobernadores. El cambio de la fecha de la revocación de mandato es de un interés especial de la presidenta, considera Ramos Sobarzo, tiene como fin que la mandataria aparezca en la boleta electoral. El especialista recuerda que también se puso sobre la mesa la propuesta de modificar la fecha de la elección judicial, que deberá realizarse en junio de 2027.
La ruta de la reforma
La supremacía constitucional y una Corte alineada Si estas propuestas son avaladas por Morena, el PVEM y el PT, y la oposición no está de acuerdo con ellas,
no podrían ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues en 2024, se aprobó en el Congreso de la Unión la llamada
«supremacía constitucional». Hace casi medio año, el bloque oficial aprobó reformas para establecer que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sean improcedentes cuando tengan por objeto controvertir adiciones o modificaciones a la Constitución. Tampoco procederá el juicio de amparo contra estos cambios. “Si es reforma constitucional no pueden ser impugnada”, menciona el abogado constitucionalista Sergio Salgado Román. El también profesor de la UAM recuerda que antes de este cambio en el 2024, el amparo no contra en contra de una reforma constitucional, pero sí eventualmente contra el proceso legislativo. “Ya como quedó la reforma constitucional es que no procede las impugnaciones contra las reformas ni contra el proceso legislativo, es decir, queda firme”, explica. El especialista comenta que en caso de que se quiera impugnar, los interesados
deberá acudir a instancias internacionales , como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana. Sin embargo, se trataría de litigios largos, pues recuerda que actualmente hay sentencias condenatorias al Estado mexicano sobre reformas constitucionales de hace más de 15 años y a las cuáles, no se les ha dado cumplimiento. Por tratarse de asuntos relacionados con el Pacto Federal, la reforma deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, donde la correlación de fuerzas podría dar control morenista, si se considera que legisladores del Partido Verde que llegaron bajo las siglas de Morena. De presentarse a la votación los 128 senadores,
se requerirán 86 votos y Morena tiene 67, el PVEM 14 y el PT seis; es decir, reúne 87 si votan en coalición, con lo que se aprobaría. En la Cámara de Diputados, Morena tiene 253 legisladores y necesita 334 votos para la mayoría calificada, siempre con apoyo de PVEM y PT. Sin embargo, los concensos con sus aliados aún están en duda, pues este mismo jueves en la Cámara de Diputados, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, anticipó su rechazo a incluir en la consulta popular temas electorales. “Si todo está en la ruta de consulta, ¿pues para qué te sirven entonces los parlamentos?, ¿para qué te sirve entonces los congresos locales, los ayuntamientos? Todo ya te lo llevas a la ruta de las ‘de que a ver qué dice la gente’ y que la gente resuelva en una encuesta como el rumbo que debes de tomar y qué debe hacer», cuestionó.
]]>
Comentarios recientes