La seguridad pública municipal en el país enfrenta un deterioro estructural, reveló el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (CNGMD) 2025, presentado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reveló que al menos 516 municipios, es decir, uno de cada cinco, no contaron con una institución formal de seguridad pública en 2024. De acuerdo con los resultados del censo , 1,898 municipios reportaron contar con una institución formalmente constituida encargada del ejercicio de la función de seguridad pública.
En 90 municipios reportaron no contar con una institución propia y, por lo tanto, otras instituciones de seguridad ejercían la función ; 403 no contaron con una institución, por lo que cuerpos de seguridad comunales realizaban la función; y 23 no contaron con una institución municipal y ninguna otra ejercía la función. De los 90 municipios en los que otras instituciones de seguridad se encargaron de la función, en 85 la ejerció la Secretaría de Seguridad Pública u homóloga de la entidad federativa; en cinco, la Guardia Nacional; en cinco, la Secretaría de la Defensa Nacional; en uno, la Secretaría de Marina, y en uno, otra institución. En términos de distribución territorial, el personal de seguridad municipal se concentró en entidades como Estado de México, Jalisco y Puebla, que reunieron el 16.1%, 8.7% y 6.6% del total de elementos, respectivamente. En tanto que la tasa nacional es de 1.3 policías municipales por cada 1,000 habitantes, por ejemplo, en Baja California Sur alcanzó 2.3, mientras que Campeche apenas llega a 0.7. El censo reveló además datos sobre las condiciones laborales y profesionalización del personal destinado a funciones de seguridad pública: el 28.8 % de los policías gana entre 10,001 y 15,000 pesos mensuales, y 23.1 % entre 15,001 y 20,000 pesos.
En cuanto a certificación, 62.8 % contaron con el Certificado Único Policial (CUP), aunque con brechas significativas entre estados: desde cobertura total en Campeche hasta apenas 11.5 % en Yucatán. En rueda de prensa, Adrián Franco, vicepresidente del INEGI, recordó que el artículo 115 constitucional establece que la función de seguridad pública, incluyendo las vertientes de prevención del delito y transito, corresponde a los municipios, a pesar de ello, dijo, persisten brechas tanto en capacidades institucionales como en personal operativo. De acuerdo con el censo, el 77% de los municipios cuenta con una institución formal de seguridad pública; sin embargo, uno de cada cinco carece de ella, lo que implica que la función recae en esquemas alternativos, frecuentemente comunitarios. Esta situación debilita la institucionalidad y la capacidad de respuesta ante fenómenos delictivos.
En términos de recursos humanos, el panorama también reflejó retrocesos, y es que según dijo, el número de personas dedicadas a la seguridad pública municipal ha disminuido en los últimos años : 5.5% menos respecto a 2022 y más de 13% en comparación con 2020. Mientras que en el caso de las policías preventivas, el crecimiento ha sido prácticamente nulo en una década, pese al aumento poblacional y a la transformación de los delitos. Franco sintetizó este desfase al señalar que “mantener el mismo número de policías en 10 años nos obliga a preguntarnos si no existe un rezago importante en las policías preventivas municipales”. Añadió también que tanto la población como los fenómenos delictivos han cambiado, lo que dijo, exige una revisión de fondo en la capacidad operativa de las corporaciones locales. Mientras que el ámbito cualitativo, los datos también evidenciaron áreas de oportunidad, pues solo seis de cada 10 policías cuentan con el Certificado Único Policial, requisito básico para su desempeño, mientras que siete de cada 10 tienen evaluaciones vigentes de control y confianza. Esto, indicó, demanda esfuerzos coordinados entre municipios, estados y federación para fortalecer la profesionalización. El análisis también mostró una reducción superior al 20% en los presuntos delitos registrados en puestas a disposición ante ministerios públicos entre 2022 y 2024. No obstante, este descenso podría estar vinculado a cambios en la dinámica delictiva, con un incremento en ilícitos como fraude, extorsión y amenazas, que requieren nuevas capacidades policiales. Finalmente, Franco enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones municipales desde múltiples frentes: aumentar el número de elementos, mejorar su formación y adaptar sus funciones a los nuevos patrones delictivos. “Requerimos fortalecer nuestras capacidades policiales municipales”, concluyó.
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