La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, con el que regresarán los apoyos económicos a ese tipo de creaciones artísticas, mismos que fueron eliminados el sexenio pasado. Además se moderniza la legislación para incluir formatos digitales, establecer obligaciones de las plataformas digitales y para proteger a los profesionales del doblaje. La minuta fue aprobada por unanimidad de 466 votos en lo general y por 462 en lo particular; enseguida fue remitida al Senado, sin embargo la oposición alertó diversos riesgos.
Regulación de obras en plataformas digitales Las alertas sobre la nueva ley
Entre ellos que los recursos estarán en papel, pero no están garantizados ya que se aprobó que “estarán sujetos a disponibilidad presupuestal” y además anticiparon posibles conflictos en tratados internacionales. La propuesta de nueva ley fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum apenas el 12 de marzo y cuando entre en vigor abrogará la ley en la materia, de 1992. En su contenido destaca la creación del programa de Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), que será administrado por el Instituto Mexicano del Cine (IMCINE) con recursos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Con la aprobación de apoyos se pretende resarcir la ausencia de respaldo financiero a las creaciones nacionales, pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador ordenó vía decreto la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) en 2019-2020. También se busca acatar una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que en 2023 declaró que fue inconstitucional la eliminación de ese Fideicomiso, se violó el derecho a la cultura y el principio de reserva de ley pues era facultad exclusiva del Poder Legislativo. La minuta avalada prevé la obligación de las plataformas digitales de video bajo demanda a ofrecer secciones relevantes y permanentes para difundir obras mexicanas en su catálogo. Se reconocen los derechos de autores, intérpretes, y participantes, con obligación de cumplir leyes laborales, de derechos de autor y ética en uso de inteligencia artificial. Se establece que las obras producidas por mexicanos o en coproducciones internacionales, tendrán al menos 20% de derechos patrimoniales mexicanos y deberá tener equilibrio en personal creativo, técnico; los derechos serán susceptibles de reducción a 10%, si es de interés cultural con mayoría mexicana en roles clave. “El doblaje debe realizarse por artistas, intérpretes profesionales” e indica que las obras transmitidas digitalmente deben clasificarse para proteger a las infancias La ley amplía su ámbito a obras audiovisuales, como series narrativas, excluyendo noticieros, entretenimiento, deportes y publicidad, distinguiendo plataformas sin responsabilidad editorial. En cuanto a las salas de exhibición se establece una cuota mínima de 10% del tiempo total de exhibición para obras nacionales, semanalmente. También prevé que deben establecerse horarios equitativos y un mínimo de 14 días de exhibición, el doble de los siete días que existen en la ley vigente y establece que habrá fomento a espacios alternativos, con al menos 30% de exhibición nacional, mediante estímulos para adecuación y equipamiento. En la discusión, la oposición explicó que si bien respaldan la creación de la nueva ley, no hay certeza de su cumplimiento. Hoy “se corrige la tendencia del desprecio de la cultura que marcó el gobierno anterior, el primer gobierno de Monera, que sistemáticamente redujo dinero para la cultura y donde los apoyos al cine dieron drásticas reducciones”, expuso el diputado Gibrán Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Sin embargo añadió: “nos preocupa que como muchas otras disposiciones de ley, esta progresividad (de recursos) no se vea reflejada año con año en el presupuesto o se diga que se está realizando únicamente porque se ajusta por inflación (…) a la hora del presupuesto se hacen trampas para contar como apoyos, cosas que no necesariamente lo son”.
¿Cómo serán los apoyos a cine?
El diputado panista Omar Antonio Borboa Becerra alertó que el Fideicomiso extinto daba estabilidad financiera y ahora habrá un modelo sujeto al presupuesto anual, es decir, a la voluntad política de cada presupuesto de cada año. “Y hay que decirlo con claridad. No se pueden ampliar los derechos sin tener más financiamiento. Legislar sin presupuesto es generar expectativas que no se van a cumplir”. Respecto a las cuotas de exhibición para el cine mexicano en salas y plataformas previó que podría generar distorsiones pues el cine mexicano tiene una baja participación en taquilla y una presencia limitada de plataformas. “Obligar por decreto a exhibir más contenido nacional, sin fortalecer la producción, la distribución y la competitividad no resuelve el problema de fondo. No se trata de imponer, se trata de competir, no se trata de obligar a ver más cine mexicano. Se trata de hacer que la gente quiera verlo” y eso sólo se podrá lograr con apoyos, dijo. A su juicio también hay riesgos en materia de competencia económica y tratados internacionales “no podemos ignorar que la industria también es parte de un mercado global” y las nuevas obligaciones a plataformas internacionales podrían ser controvertibles. El IMCINE administrará el FOCINE y se indica que se otorgarán mediante convocatorias transparentes evaluadas por consejos de evaluación con expertos: un consejo asesor colegiado, integrado por representantes de la industria y directivos de IMCINE Se incluyó que se evitará la desviación de apoyos hacia producciones comerciales ya financiadas. Esto incluye estímulos fiscales, incentivos y capital de riesgo para fomentar la industria. Se incluyó que se evitará la desviación de apoyos hacia producciones comerciales ya financiadas. Será la SCHP la que determine si habrá estímulos fiscales, programas presupuestarios, fondos concursables, estímulos, capital de riesgo o cualquier otro mecanismo de financiamiento. Se proponen apoyos de hasta 30% del gasto comprobable de lo realizado en territorio mexicano. sin que en ningún caso exceda 40 millones de pesos por proyecto o proceso y por sujeto financiado, el cual puede ser transferido a título oneroso al 100% a proveedores nacionales, directamente relacionados con la producción, a efecto de incentivar la cadena de proveeduría. También se maneja que al menos el 70% de la proveeduría y gastos debe ser con proveedores nacionales y la posibilidad de crédito fiscal al 100% a proveedores nacionales relacionados con la producción o a otros contribuyentes de ISR, que no formen parte de la cadena. Se maneja un monto autorizable anual de hasta 400 millones de pesos en créditos fiscales por año. Todos estos incentivos serán para largometrajes de ficción o animación y capítulos de series, largometrajes o series documentales, y procesos específicos. todos con tope.
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