La iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene en su ADN fortalecer la democracia, si no alterar las reglas para asegurar victorias y concentrar el poder para el partido en el gobierno, coincidieron exconsejeros electorales, durante el Encuentro Expansión “Análisis del Plan B para una Reforma Electoral”. Los exconsejeros Leonardo Valdés Zurita y Arturo Sánchez explicaron que desde las reformas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López, la primera de Sheinbaum y el llamado «Plan B» se encamina a instaurar un régimen «autocrático».
“Desde la primera reforma de (Andrés Manuel) López Obrador y hasta esta última nos dicen ‘es para ahorrar’, ‘hay que bajarle al gasto’, ‘es muy cara nuestra democracia’… la cara oculta de la luna es que quieren instaurar un régimen autocrático” , alertó Valdés Zurita, el último consejero presidente que estuvo al frente del Instituto Federal Electoral (IFE). Luego del rechazo que sufrió su iniciativa de reforma electoral en el Poder Legislativo , la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum envió una nueva iniciativa, en la que propone reducir gastos y privilegios en los congresos locales, los ayuntamientos y los órganos electorales, lo que permitiría ahorros por 4,000 millones de pesos. “Alrededor de 4,000 millones de pesos, de la reducción de ambos temas. Y no son para el Gobierno Federal, se quedan en los municipios y en las entidades de la República”, dijo la mandataria federal el pasado 12 de marzo al presentar detalles de su llamado “Plan B”. Arturo Sánchez, quien fue consejero del IFE entre 2003 y 2010, y del INE de 2014 a 2017, consideró que la iniciativa de reforma y otras que se han presentado durante los últimos gobiernos no han planteado soluciones de fondo a problemas que enfrenta el sistema electoral mexicano. “Democracia no está en el ADN…En el ADN de las propuestas que se hicieron en los planes anteriores entraba a resolver los temas de y tampoco había diálogo con la oposición para enriquecer sus propuestas y darles un sentido claro. Otra vez, la palabra democracia no aparece, lo que lo que aparece claramente es la concentración del poder”, refirió.
Aún sin estructura electoral, el ahorro sería mínimo Aunque uno de los argumentos de la presidenta Sheinbaum para buscar un cambio al marco electoral es ahorrar recursos para destinarlos a obras y servicios públicos municipales y estatales, Leonardo Valdés explicó que el costo de “suprimir la democracia” es mínimo. Un cálculo realizado por el también catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla indica que
México destina el 0.25% de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a su sistema electoral, lo que contempla presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Nacional Electoral y las prerrogativas a los partidos políticos. Sin embargo, tiene un déficit fiscal que ha ido creciendo significativamente. El año 2025 fue de 12.58% y este de 13.61%. “Mientras que estamos disminuyendo el muy marginal gasto en democracia, el déficit fiscal está creciendo aceleradamente”, sostuvo. El déficit fiscal se explica por el gasto público que se hace a programas sociales y que para este año supera un billón de pesos. Si con la propuesta de la presidenta se disminuyen costos, éstos no tendrán un impacto real en los recursos públicos. “Suprimiendo la democracia, dejando de darle dinero al tribunal, a los partidos. políticos, se resuelve solamente el 1.84% del déficit fiscal, sea, no es nada, absolutamente nada. Claro, cuando se habla de los volúmenes de recursos de miles de millones de pesos, pues sí suena muchísimo y por eso la gente compra el lado A del ADN”, consideró Valdés Zurita.
Si no ponen reglas claras, es la guerra. Se van a ir todos contra todos”
Incluir revocación implica riesgos Si la revocación de mandato se realiza el mismo día de la jornada electoral, ese ejercicio traerá tres riesgos: uno técnico, uno económico y uno político, pero es éste último uno de los más graves porque plantea un escenario sin precedentes para el país. Arturo Sánchez explicó que permitir a la presidenta de la República estar en la boleta el primer domingo de junio de 2027, abre la puerta para que haga campaña, lo que puede abrir espacios para “una guerra”. El también investigador y catedrático del Tecnológico de Monterrey explicó que si el Legislativo aprueba que la revocación de mandato se realice el mismo día de la jornada electoral que las elecciones intermedias, la presidenta podrá recorrer el país haciendo campaña, una situación que no se conoce. “No hay precedentes en los tribunales de qué se puede y qué no se puede hacer, vendría una provocación sistemática tanto de la presidenta como de la oposición, porque a la primera pifia de la presidenta, llamando claramente a su voto, la oposición se va a venir encima a llamar a que este no voten por la presidenta”, sostuvo. La revocación de mandato fue establecida en el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien inicialmente buscaba que se realizara en la jornada electoral de la elección intermedia de 2021, pero finalmente se llevó a cabo en abril de 2022. Con una participación ciudadana del 17%, el
90% votó a favor de que se mantuviera en el cargo. Arturo Sánchez considera que si la presidenta va a la boleta en 2027, el porcentaje de quienes participen en este ejercicio será mayor. “Más allá del desequilibrio, en la equidad, en la competencia, el riesgo desde mi punto de vista es que no va a ser como la de Andrés Manuel, en donde participó el 17%, ahora ya va a estar en la casilla y van a estar en la casilla al menos el 50% de la del electorado, entonces, con el 50% de la gente votando los números para la presidenta no necesariamente van a ser los mismos que un Andrés Manuel, por eso quiere hacer campaña. Entonces, desde mi punto de vista eso trastoca completamente la lógica de una elección intermedia”, refirió.
Alertas por las reformas secundarias Para los exconsejeros, concluido el llamado “Plan B” de reforma electoral se avecinan reformas a leyes secundarias para las que bastarán los votos de Morena y en los que habría que estar atentos, pues sí podrían afectar la estructura del INE, sus funciones y la organización de las elecciones, con riesgo para la certeza electoral. Tanto Valdés Zurita como Sánchez Gutiérrez coincidieron que ahí está “riesgo más grande de que la calidad de nuestras elecciones disminuya”. “Quieren alterar las reglas de la competencia para ir a un ‘no puedo perder’. Pero no es un puedo perder de aquella etapa del partido hegemónico que implicaba fraudes. Es un ‘no puedo perder porque voy a controlar de tal manera las reglas de la competencia que ganaré, porque gano’. Técnicamente ganarán. Y además legalmente”, añadió Valdés. “La premisa es: me hicieron fraude en el 2006. No me volverá a pasar” y con ese argumento se podrían modificar las reglas de la organización electoral», anotó Sánchez Gutiérrez. El expresidente Andrés Manuel López Obrador siempre mantuvo el discurso de que el INE era caro y que no necesitaba tanta “burocracia”. Hoy la presidenta Sheinbaum mantiene esa idea. “¿Para qué quieres juntas distritales operando todo el tiempo?”, cuestionó siempre el expresidente y ahora es factible que vía reformas a leyes secundarias se elimine su permanencia, dice el catedrático del Tecnológico de Monterrey. El problema, expuso, es que eso implica tocar al
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) “y eso es un riesgo impresionante” pues implicaría prescindir de personal de carrera, profesionalizado, y sustituirlo por otro contratado cada que haya elección, en detrimento de la especialización y la imparcialidad. Valdés Zurita agregó que hay algunas élites políticas que ven al SPEN como algo que no es necesario, «como esta casta dorada de funcionarios electorales que ganan muy bien, lo cual es absolutamente falso, pues ya está en la Constitución ya que no se puede ganar más que el presidente”. También es posible, agregó Sánchez Gutiérrez, que se fusionen dos de las direcciones ejecutivas más relevantes del INE, “que les generaban escozor porque son las que más gastan en un proceso electoral: organización electoral y capacitación electoral”. Sin embargo, quienes promueven eso no consideran que ambas realizan tareas esenciales y distintas aún cuando no hay elecciones, entre ellas la estadística electoral y la educación cívica, respectivamente. Para organizar una elección “los trabajos que hay que hacer comienzan dos años antes, no lo haces en 6 meses. Y hacer de esas dos direcciones una sola es no entender cómo se organizan las elecciones en México”. Agrega además que es posible que se intente, pues ya se ha promovido antes, dar más atribuciones al INE a costa de reducir funciones de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES). Otros cambios posibles, alertó, es modificar la fecha para que inicien los cómputos distritales el mismo domingo de la elección y no el miércoles siguiente. Explicó que el argumento es reducir tiempos, pero el trasfondo impactará en la capacidad de los partidos de analizar qué pasó en cada casilla, en detrimento de su medios de defensa “Eso va a generar dos efectos. Si hubo algo que salió mal, los partidos no lo van a poder ver, no van a tener tiempo de verlo. Y segundo, si lo ven, van a pedir recuento y recuento de todo. Entonces, no vamos a tener resultados electorales el lunes en la mañana” con lo cual el efecto de reducir tiempos quedará anulado, expuso.
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