En materia de política de drogas, activistas, organizaciones y usuarios de sustancias hemos trabajado arduamente durante años para que los Estados integren una perspectiva de reducción de riesgos y daños, alejada de la prohibición, la securitización del tema y la consecuente discriminación y criminalización que conlleva.
Más recientemente, ha entrado a la conversación pública la necesidad de promover un sistema de cuidados que reconozca y garantice este derecho para reducir y redistribuir los trabajos de cuidados. Y ahí se plantea una intersección crucial: si bien el enfoque de riesgos y daños ha avanzado con la transversalización de la perspectiva de género, lo cierto es que aún falta mucho para visibilizar los efectos diferenciados que tienen las políticas prohibicionistas sobre drogas en grupos poblacionales específicos y el impacto particular que tiene en términos de dedicación de tiempo, esfuerzos, presupuestos, atenciones y más para el bienestar de las personas consumidoras y sus redes. Desde MUCD se abordó el tema de cuidados y drogas , señalando que las mujeres son quienes asumen las tareas de cuidados cuando existen consumos problemáticos en sus familias, pero en caso de que ellas presenten algún consumo – sea problemático o simplemente recreativo – nadie las cuida. Pero no solamente se debe avanzar en el reconocimiento del trabajo que ellas realizan, sino también comenzar a incorporar este tipo de intervenciones como parte de una estrategia integral de cuidados. ¿A qué nos referimos con una estrategia integral de cuidados con perspectiva de reducción de riesgos y daños? En primera instancia, es reconocer que las acciones de riesgo y reducción de daños forman parte del trabajo de cuidados, pues su objetivo primordial es la sostenibilidad de la vida, de ahí la importancia de incluirlo en los sistemas de cuidados. Como ejemplo, tenemos que el Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México reconoce este tipo de acciones como parte de los cuidados, pues a través de los Centros Colibrí busca brindar orientación y servicios especializados para la prevención y el tratamiento con el abuso de sustancias psicoactivas . Por otra parte, existe el reto de construir colectivamente espacios seguros para dialogar sobre nuestros patrones de consumo sin estigmas, el compartir información basada en la evidencia sobre los riesgos y daños que causan las sustancias, orientar a las personas usuarias de sustancias y aquellas que desean experimentarlo para que puedan tomar decisiones informadas y puedan construir redes de apoyo que les permitan fortalezcan sus capacidades de reducción de riesgos y daños.
La reducción de riesgos y daños de amplio espectro ya reconoce que existen determinantes estructurales que afectan a las personas, tanto en el acceso a servicios como en el trato que reciben por parte del Estado y la sociedad, y como tal también reconoce que es precisamente la intersección de distintos factores lo que perpetúa la desigualdad y la exclusión de las personas usuarias de sustancias. También ver a la reducción de riesgos y daños como una forma de cuidado en colectividad permitirá que la persona usuaria de sustancias no se enfrente a un camino en solitario en la búsqueda de información basada en evidencia y no en el miedo, pues las redes de cuidado ayudan a construir prácticas de consumo más seguro, orientar a otras personas ya sea para prevenir o retrasar sus consumos de sustancias. Transitar a este enfoque será una forma de construir colectivamente cuidados, pues no hay que olvidar que las personas usuarias de sustancias y las personas que las acompañan tienen derechos y el cuidado es uno de ellos. Avanzar en esta dirección es un gran reto, pero sobre todo necesario para transformar las políticas de drogas en nuestros territorios. _____ Nota del editor: Jonathan De Vicente Encarnación, director de Incidencia Política en México Unido Contra la Delincuencia A.C. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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