Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la creación de un comité “técnico-científico” para evaluar el uso del fracking en México, organizaciones civiles, especialistas y académicos coinciden en la necesidad de que este órgano sea transparente, plural y sin sesgos desde su origen. La presidenta ha defendido la apertura al gas no convencional como una vía para fortalecer la soberanía energética, al señalar que “está en estudio todavía… con una participación integral” y que cualquier proyecto deberá contar con aceptación social y evaluación de expertos.
«Queremos que nos lo digan los expertos: qué tipo de químicos se deberían de usar, que en su mayoría deben permitir el reciclamiento del agua, y qué tipo de agua debe de usarse… queremos que nos digan los expertos, y los impactos que pudiera tener. Y en todo caso, en dónde sí se podría hacer y en dónde no, en dónde podría tener impactos ambientales mayores. «Hay mucha gente que ya lo ha estudiado en México, no es que apenas va a empezar a estudiarlo. Entonces, a esos expertos queremos traerlos, y que también investiguen cómo se hace esta explotación en otros lugares del mundo», dijo la presidenta en su conferencia mañanera del pasado jueves 9 de abril. El comité estará conformado por un grupo de científicos, expertos en agua, en geología, que analizarán qué tecnologías hay que puedan utilizarse paro que no se tengan en México, los daños ambientales de las primeras fracturas hidráulicas que se hicieron, en su momento, en Estados Unidos. Ante el anuncio, la sociedad civil advirtió que el diseño de este comité será clave para determinar si se trata de un ejercicio genuino o una decisión previamente definida. En un comunicado, organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking señalaron que “un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada”.
La Alianza, a la que pertenecen organizaciones como la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C. (Centro Prodh) y Chihuahua vs Fracking, reiteró además que el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse, pues insiste, «no hay ‘fracking sustentable’, ni ‘fracking responsable’, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios». Advirtió así que si el objetivo de este comité se acota a identificar mejores tecnologías o formas más eficientes de extracción, se corre el riesgo de excluir la discusión de fondo: si México debe o no recurrir al fracking en el contexto de sus compromisos climáticos, regulatorios y de derechos humanos. «Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella», se lee en el comunicado emitido.
Las organizaciones insistieron en que el fracking y su discusión no es solo un problema técnico, sino de fondo político y que la única forma de que este comité tenga credibilidad es que su mandato no esté sesgado de origen, con la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, con apertura a tener deliberaciones públicas, sin excluir a las comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial. En ese sentido, la solicitud lanzada desde la Alianza es que el comité tenga l a facultad explícita de evaluar todos los escenarios posibles, incluida la prohibición de la técnica . También han planteado la necesidad de transparentar los criterios de selección de sus integrantes, así como posibles conflictos de interés y las fuentes de información que sustentarán sus conclusiones. Las organizaciones coincidieron en que, de confirmarse en los próximos días, el comité deberá operar bajo principios básicos de apertura. “Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking”, apuntó el comunicado. Hace unos días, en entrevista, Alejandra Jiménez , de la Alianza Mexicana contra el Fracking, expresó preocupación por la forma en que se integrará el comité. “Nos preocupa la independencia de este grupo de científicos… que venga directamente de presidencia nos hace pensar en que no habrá tanta independencia en los dictámenes”, apuntó. En tanto que Beatriz Olivera , directora de Engenera, subrayó que el debate no puede centrarse únicamente en la viabilidad técnica. “Me parece muy bien que se forme ese comité… pero creo que este comité debería… evaluar qué tanto hay otras alternativas para evitar hacer fracking”, dijo. Olivera apuntó que el comité podría ser útil solo si amplía su enfoque. “Que no solamente sirva para saber si se puede o no se puede hacer… sino evaluar qué tanto hay otras alternativas para evitar hacer fracking”. Mientras que desde la academia, el economista Antonio Ruiz Porras , académico de la Universidad de Guadalajara, en entrevista, explicó que el fracking, es una técnica que ya se utiliza en México desde hace más de 10 años en estados como Puebla, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León, «particularmente en Pemex para efectos de extraer gas natural”, debido a que responde a una necesidad estructural, dado que “México es completamente dependiente del gas… ese es el principal problema”, coincidió en que el debate está mal planteado, particularmente en torno al papel del comité técnico anunciado por el gobierno. El especialista subrayó así que el principal argumento a favor de esta técnica es la alta dependencia energética del país. “México es completamente dependiente del gas… entre 65 y 70% de lo que se consume se produce en el extranjero”, dijo. Por lo que advirtió que eliminar el fracking implicaría costos significativos, pues además de que el país seguiría siendo completamente dependiente de la importación de gas, también implica el riesgo de perder inversiones en fracking estimadas en 32,000 millones de dólares. “Si no hubiera fracking… seguiríamos siendo completamente dependientes… y se perderían inversiones como por 32,000 millones de dólares”, apuntó. En ese sentido, insistió en que el eje central no debe ser aprobar o rechazar la técnica, sino anticipar sus efectos. “Más que estar discutiendo sobre el sí o no… por razones económicas y energéticas, yo creo que la respuesta es sí, pero la discusión debe ser sobre el cómo prevenir potenciales problemas asociados al fracking, y eso es lo que no se ve”, dijo. Sobre la integración del comité, Porras consideró también que es indispensable que no se limite a un grupo reducido de especialistas. “Debe ser un comité interdisciplinario… se necesitan geólogos, especialistas en recursos hídricos, abogados… e incluso debe ser un asunto médico, debe haber especialistas en medicina, en derecho, en geología, en energéticos”. Además, cuestionó la falta de apertura en su diseño. “No se ha visto una mayor participación de la sociedad… más bien parece que se está limitando el acceso a la participación social a partir de la idea de justificar un comité que hasta este momento no ha quedado bien definido”, dijo. «Si no hubiera fracking, no habría razones para innovar en términos de regulación. ¿A qué me refiero con regulación? regulación medioambiental, regulación del agua, de los usos del agua, regulación en términos de salud . O sea, no habría ningún incentivo. Yo creo que el fracking genera la la oportunidad de mejorar las regulaciones en esos ámbitos, pero pues si no hay fracking, no va a haber ningún incentivo», agregó. «Sí hay costos bastante fuertes, que debemos señalar si no hubiera fracking, o sea, por una parte es un problema energético y económico, indudablemente. Por otra parte, es un problema de falta de mejora en las regulaciones nacionales y además, obviamente teníamos un problema de dependencia», agregó. En ese sentido, el especialista advirtió que posponer decisiones en materia energética podría resultar más costoso a largo plazo. No obstante, insistió en que avanzar sin planeación ni regulación adecuada podría derivar en consecuencias sociales y ambientales graves. “El reto es encontrar un equilibrio entre la seguridad energética y la protección de los recursos naturales. Esa es la discusión que realmente se debe dar”, concluyó.
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