La Ciudad que firma mientras el delito crece
El 13 de abril de 2026, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, convocó a empresarios, jueces, fiscales, alcaldes y representantes de la llamada «sociedad civil» a firmar solemnemente el Pacto contra la Extorsión. Fue un acto con vocación mediática, con discursos encendidos y promesas de coordinación institucional. El problema es que mientras se firmaba ese acuerdo, las denuncias por extorsión en la capital ya se habían disparado 265% en apenas doce meses, al pasar de 473 carpetas de investigación en 2024 a 1,728 casos en 2025, y en el primer bimestre de 2026 el repunte se aceleró aún más: 248 denuncias frente a 92 en el mismo periodo del año anterior.
La trampa estructural de la denuncia
Que quede claro: los números no mienten; los discursos, sí. La extorsión no es un fenómeno nuevo ni sorpresivo. En una década, la tasa nacional creció 59.6% por cada 100,000 habitantes, y la Ciudad de México figura entre las tres entidades más golpeadas del país. Lo que sí resulta nuevo —y alarmante— es la velocidad del deterioro en la capital, que bajo la actual administración ha visto triplicarse las denuncias en menos de dos años. Y aun así, la respuesta gubernamental fue… un pacto. Un documento. Una ceremonia. El mayor engaño de esta narrativa oficial reside en presumir los números de detenciones como evidencia de éxito. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó 335 detenciones por extorsión, lo que representó un incremento del 30% respecto al año previo. Suena bien hasta que se contrastan esas cifras con la magnitud real del problema. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) confirma que la extorsión presenta uno de los mayores niveles de cifra negra en todo el catálogo delictivo: el 97% de los casos no se denuncia. Esto significa que las 1,728 carpetas abiertas en 2025 representan apenas la punta de un iceberg monstruoso. El resto, decenas de miles de víctimas reales, callaron. Y no callaron por comodidad: callaron porque el sistema las obliga a callar.
La fiscalía: el nudo gordiano
Casi la mitad de los encuestados que presentaron una denuncia señaló que no ocurrió nada con ella; y según el análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado, la cifra negra en extorsión se ha mantenido por encima del 90% durante más de una década, con un promedio de 92.9% para el periodo 2010-2023. Casi la mitad de quienes sí se atrevieron a denunciar reportaron haber recibido un trato malo o muy malo. Este es el sistema al que Brugada le pide a la ciudadanía que confíe. Entre las razones para no denunciar, las causas atribuibles directamente a la autoridad representan el 58.9% de los casos: miedo a ser revictimizado, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza y malas experiencias previas. Dicho de otro modo: la institución diseñada para recibir denuncias es, en sí misma, uno de los principales inhibidores de la denuncia. Ningún pacto firmado en un auditorio resuelve eso. El centro del problema tiene nombre y dirección: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No porque sus funcionarios sean necesariamente corruptos —aunque en algunos casos lo son—, sino porque la institución opera con una lógica de archivo, no de investigación. En la mayoría de los casos, la actuación de la autoridad se activa solo después de una denuncia formal; rara vez existen mecanismos para que la víctima pueda darle seguimiento, y las pocas detenciones suelen ser de uno o dos delincuentes, sin que ello implique la desarticulación de una banda dedicada al delito. La extorsión, además, tiene una particularidad que la convierte en un reto de inteligencia criminal, no de reacción policial.
Lo que sí puede funcionar: propuestas sin adorno
El 73% de las denuncias en enero de 2026 correspondieron a extorsiones cometidas por medios como llamadas telefónicas, y el delito tiende hacia modalidades menos visibles pero más extendidas, incluyendo aplicaciones ilegales de préstamos y redes sociales. Perseguir estas estructuras requiere análisis financiero, inteligencia digital y cooperación interinstitucional sostenida, no talleres de capacitación. Si la voluntad política es genuina —hipótesis que este análisis no descarta, pero sí cuestiona—, existen rutas viables que van más allá de los pactos simbólicos. Primera: La Ciudad de México debe crear, con presupuesto real y personal especializado, fiscalías de proximidad antiextorsión por alcaldía, con capacidad de recepción de denuncias en sitio, sin que la víctima tenga que trasladarse a un ministerio público central. El modelo existe en otras ciudades latinoamericanas y ha demostrado reducir la cifra negra. Segunda: Los alcaldes capitalinos, que carecen de mando policial, pueden y deben jugar un papel sustantivo en la construcción de redes de confianza comunitaria: mapeo de zonas de cobro de piso, coordinación con comerciantes, vinculación con un Consejo Ciudadano que si represente a la Ciudadanía y no amigos de la autoridad y canalización de reportes anónimos directamente al gabinete antiextorsión. Sin mando, sí hay capacidad de articulación territorial. Tercera: La formación de policías en técnicas básicas de investigación patrimonial y seguimiento de flujos financieros no es un lujo académico, es una necesidad operativa urgente. La propia jefa de Gobierno anunció «seguir el dinero» para desmantelar estructuras económicas que sostienen la extorsión La Prensa, pero eso requiere capacidades que hoy la policía capitalina no tiene de manera sistemática. Cuarta: La extorsión que opera desde los centros penitenciarios exige inhibidores de señal funcionales —no anunciados, sino instalados y operando— en los reclusorios capitalinos. Expertos en seguridad nacional hemos señalado que los centros de readaptación social permiten la operación delictiva intramuros. Este es un problema con solución técnica conocida que lleva años postergándose. Quinta: México requiere con urgencia la aprobación de una Ley General de Extorsión que unifique tipos penales, establezca protocolos nacionales de denuncia y permita la persecución de oficio. COPARMEX ha impulsado esta iniciativa desde 2023 y la Presidenta de la República ha presentado ya una propuesta en esta dirección. La CDMX debe ser la entidad que más presione para que esa ley llegue al pleno.
La confianza no se firma, se construye con resultados
Un acuerdo es papel. La confianza ciudadana es otra cosa. Se construye con fiscales que devuelvan llamadas, con denuncias que prosperen, con extorsionadores que lleguen a juicio, con víctimas que no sean tratadas como obstáculos burocráticos. Solo el 8.6% de quienes denunciaron un delito lograron que el responsable fuera puesto a disposición de un juez. Ese número es la verdadera radiografía del sistema. La Ciudad de México puede firmar todos los pactos que quiera. Pero mientras la Fiscalía archive más de lo que investiga, mientras los alcaldes carezcan de herramientas reales, mientras la denuncia sea un calvario y no un derecho efectivo, la extorsión seguirá creciendo. No porque la ciudadanía sea indiferente, sino porque el Estado le ha demostrado, año tras año, que denunciar no sirve de nada. Eso es lo que hay que resolver. No en un auditorio. En las calles, en los ministerios públicos, en los reclusorios y en los expedientes que hoy duermen en cajones que nadie abre. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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