Un examen de la situación económica de nuestro país refleja datos contundentes y muy preocupantes. La revisión del desempeño nacional deja claro que algo muy malo ha sucedido desde mediados de 2018. Desde que Morena tomó las riendas del país, el crecimiento económico ha sido prácticamente nulo: un promedio anual cercano al 0%. En otras palabras, la economía mexicana no ha incrementado su tamaño en los últimos 8 años. Así de claro y sencillo. Doloroso, pero cierto.
México no crece porque las decisiones de los gobiernos de Morena lo han hecho imposible. Sus adeptos son incapaces de reconocer errores y atribuyen el bajo crecimiento a factores externos: gobiernos anteriores y “mala suerte”. Sin embargo, un análisis detallado revela que no se trata de circunstancias ajenas a su voluntad. Son decisiones deliberadas las que han provocado que México esté a la deriva, sin posibilidad de mejorar las condiciones de vida que sus pobladores urgentemente necesitan. A continuación, revisamos los ejemplos más claros de las decisiones de Morena que han paralizado la economía mexicana. Acciones que han inhabilitado cualquier posibilidad de crecimiento y que han generado entre los inversionistas nacionales e internacionales una desconfianza absoluta hacia México como sede de nuevas inversiones. Estos actos no parecen hechos aislados, sino parte de una estrategia que imposibilita la recepción de flujos de capital en México. Veamos los distintos factores que frenan el crecimiento de la nación y que tienen responsables directos: los gobiernos de Morena. 1. Infraestructura destruida : En lo que marcó el inicio del sexenio desde mediados de 2018, se realizó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. A pesar de llevar un avance de más del 30% y contar con financiamiento para más del 90% del proyecto, el señor López Obrador decidió cancelarlo. No había tomado formalmente el puesto y ya ejercía el mando para enviar una señal de poder absoluto. En los círculos de inversión internacional se tomó nota: México inauguraba una época de populismo y se erosionaban las bases para considerar proyectos serios de mediano y largo plazo. Se rompió la confianza. 2. Proyectos sin viabilidad: No solo se canceló un proyecto viable y necesario, sino que además se utilizaron recursos públicos para realizar proyectos cuyo único objetivo era satisfacer caprichos presidenciales. Sin planeación ni viabilidad operativa o financiera, se dio curso al Tren Maya, Dos Bocas, AIFA, Mexicana y el Tren Transístmico. El mercado entendió que la racionalidad había dejado de ser requisito. Bastaba alinearse con el gobierno para acceder a obra pública, aunque ningún beneficio generara al país. 3. Inversiones canceladas arbitrariamente: El gobierno federal decidió, mediante una encuesta a mano alzada, cancelar una planta de fabricación de cerveza en Mexicali en la que se habían invertido más de 700 millones de dólares. No se establecieron bases legales; solo se invocó la defensa del pueblo como justificación. Esta decisión colocó otra piedra en el ataúd de la confianza para invertir en México. Los mercados internacionales reconocieron que los proyectos no podían protegerse de los excesos del poder. 4. Energía insuficiente: Ningún país puede crecer su base industrial, de manufactura o servicios sin energía suficiente, barata, confiable y sustentable. La reforma energética de 2014 logró en 2019, por subasta, energía eléctrica al menor costo mundial. Sin embargo, se derogaron dichas disposiciones y se incorporó un candado constitucional para que CFE controle el 54% de toda la generación del país. Como dicha entidad perdió competitividad y solvencia, se paralizó la generación de flujo eléctrico. Hoy existen grandes zonas de México sin disponibilidad de energía. Sin electricidad, las nuevas inversiones están suspendidas indefinidamente.
5. Pemex en crisis financiera: La condición financiera de Pemex genera enorme preocupación. Sus niveles de endeudamiento, falta de pago a proveedores, caída de producción, pérdidas operativas, impactos ambientales y cargas laborales han convertido a esta empresa paraestatal en un riesgo sistémico. Esta situación amenaza con generar una ola de incumplimientos que deteriore el funcionamiento de proveedores y regiones enteras. Los inversionistas ya evitan relaciones comerciales con Pemex por esta razón. 6. Sistema judicial debilitado: Una condición básica para atraer inversiones serias es que exista un contrapeso real ante posibles abusos del poder. Ese es el papel de los tribunales. Pero en México se reformó el sistema judicial de manera radical: se decidió que los jueces fueran elegidos por voto popular. Mediante listas promovidas desde el poder, se reemplazaron todos los miembros del tribunal supremo y la mayoría de los puestos en los fueros federales y locales. El resultado: la destrucción del único medio de defensa que los particulares tienen ante abusos gubernamentales. Para los inversionistas, esto representa un enorme foco rojo. 7. Transparencia desaparecida: En un país avanzado, los actos de gobierno deben estar sujetos al acceso público. Se debe poder saber en qué se gasta el dinero para evitar incentivos a la corrupción. En México se desaparecieron los organismos constitucionales autónomos, incluyendo el INAI. El resultado: opacidad a niveles sin precedentes. Esquemas como el llamado “huachicol fiscal” (evasión tributaria organizada) evidencian que la corrupción no se combate. Los inversionistas institucionales y extranjeros no pueden participar en un país donde la opacidad es la regla. 8. Seguridad comprometida: Ante los crecientes problemas de inseguridad, la solución implementada fue militarizar los cuerpos policiales. El trabajo invertido en la Policía Federal y el avance en fuerzas estatales y municipales se abandonó para dar control total a la Guardia Nacional. El resultado: los peores niveles de desempeño en seguridad de la historia reciente. Para los inversionistas, saber que no pueden moverse en carreteras sin riesgo de asalto, o que deben pagar “derecho de piso” para operar, genera un freno severo para destinar recursos en México. 9. Pacto con la delincuencia organizada: El gobierno ha otorgado facilidades a la delincuencia organizada en lugar de perseguirla: derecho de piso, extorsión, robo en carreteras, tráfico de migrantes y narcotráfico operan con impunidad. Las instituciones de seguridad han sido capturadas por el crimen. Los inversionistas están impedidos de participar en un país donde a la delincuencia se le protege en los hechos. 10. Incertidumbre institucional: Los inversionistas requieren predictibilidad en el marco legal: saber a qué reglas estarán sujetos quienes arriesguen capital en el país. Pero cuando no hay tribunales independientes, no hay división de poderes, y las reglas constitucionales pueden modificarse por una sola fuerza política, desaparece la certeza regulatoria mínima. México no puede atraer inversiones en estas condiciones.
11. Tratados comerciales en riesgo: Gran parte del sustento económico del país depende de la relación comercial con Estados Unidos y Canadá a través del T-MEC. Actualmente existen serias dudas sobre la renegociación del acuerdo. Las decisiones unilaterales de los gobiernos mexicanos han ido en sentido opuesto a las obligaciones convencionales. México ha puesto en riesgo la base fundamental de su estabilidad económica. Sin estos tratados comerciales, el país enfrentaría una crisis profunda: los inversionistas emigrarían masivamente. 12. Finanzas públicas deterioradas: En tan solo 8 años se duplicó la deuda pública total: de 10 a 20 billones de pesos (según datos de la SHCP). La irresponsabilidad fiscal es evidente. Gastos excesivos, proyectos que demandan crecientes subsidios, programas sociales con requerimientos de flujo en ascenso, pensiones en riesgo de impago, y estancamiento de la recaudación configuran un país con poca viabilidad financiera. México ha dejado pasar ya dos olas de crecimiento potencial a través del nearshoring (relocalización de cadenas productivas hacia países cercanos). Un error histórico de proporciones mayúsculas. Ante todas estas acciones y omisiones no queda duda: el estancamiento económico de México en los últimos 8 años no es accidental. Se deriva de las decisiones de los gobiernos de Morena que han minado la viabilidad del país. Por ello, el llamado es a que empresarios, sindicatos, campesinos, académicos, empleados y ciudadanos en general reconozcamos que la ruta actual nos acerca a modelos fallidos como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Esto no es lo que el país necesita. México requiere piso parejo, justicia funcional, seguridad real, empleo abundante y certeza jurídica. Y para lograrlo, la economía debe mejorar y las inversiones multiplicarse. Por ello debemos eliminar los grilletes que han frenado al país. La buena noticia: es posible, y hoy es absolutamente necesario. Ahora corresponde salir de la ruta perdedora. Apostar a la renovación de las bases institucionales. Hacer que las libertades, las instituciones y la seguridad sean valores reales y transversales. Provocar que los partidos políticos fijen la ruta del nuevo país que queremos y merecemos. Y para ello hay que quitarnos también los grilletes mentales. Las boletas son el mecanismo de cambio. Al pueblo le toca ir por el éxito colectivo con convicción y determinación. 2027 es la frontera final para detener la destrucción del país. Nos toca demostrar a las siguientes generaciones que México reaccionó a tiempo y corrigió el rumbo. No más grilletes. Sí al nuevo destino. Está en nuestras manos. P.D.1. Las cifras de desaparecidos no dejan margen a duda, en el país hay una tragedia total que implican tener a decenas de miles de personas de las que no se sabe su paradero o condición personal. Incluso hay una crisis forense de más de 72,000 personas cuyos cuerpos no se han reconocido en cuanto a su identidad. Y ante dicho problema que la ONU reconoce como uno estructural, el gobierno federal dice que eso es una expresión equivocada y de simple ataque al régimen. Así de cruel e indolente la respuesta de la Presidenta y su gobierno. P.D.2. Es una locura la actuación de la CNDH es este mismo caso. No contentos con ser una institución que en los hechos se ha convertido en una simple caja de resonancia de lo que hace el gobierno y sus extremidades, ahora resulta que ni siquiera concede alguna razón sobre la necesidad de actuar frente a la calamidad que representa la existencia de desapariciones en el país. Triste ver que este organismo haya desaparecido de su esencia de proteger derechos humanos en el país. P.D.3. El reemplazo de Juan Ramón de la Fuente es otro acto de poca fortuna. No solamente porque el funcionario brilló por su ausencia y dejó claro que con tal de ejercer el poder fue capaz de pisotear lo que le quedaba de prestigio profesional. Y quien lo reemplaza es un joven que es un incondicional del sistema, lo que se requiere en este régimen para desempeñar cualquier cargo público. Ojalá que en los hechos demuestre solvencia y altura de miras.
P.D.4. Siguen engañándose con cifras como las que suponen tener un aeropuerto de Santa Lucía con tráfico suficiente. Los datos duros dejan claro que las instalaciones son inservibles porque se hicieron por capricho y eso no funciona en la realidad. Obras sin estudios de viabilidad financiera, operativa y ambiental no pueden milagrosamente generar buenos resultados. Por más que quieran engañarnos, lo que no tiene soporte en la ciencia, no lo tendrá en el mundo imaginario populista. P.D.5. La idea de un sistema universal de cobertura sanitaria es muy buena. El problema es que eso es lo que iba logrando gradualmente el Seguro Popular, hasta que Morena lo destruyó por completo. La idea actual de reemplazo con credenciales y cobertura a través del IMMS y el ISSSTE es ilusa e irresponsable. No hay recursos suficientes para sostener a toda la población y se va a deteriorar aún más el de por sí deficiente servicio. _____ Notas del editor: Juan Francisco Torres Landa es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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