A lo largo de las últimas cuatro décadas, la presencia de agentes estadounidenses en México —principalmente vinculados a labores antidrogas e inteligencia— ha estado marcada por algunos hechos de violencia. Desde el caso emblemático del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camaren , asesinado en 1985, hasta la más reciente muerte de dos efectivos de la CIA que trabajaban en Chihuahua , estos hechos han tensado la relación entre los gobiernos de Estados Unidos (EU) y México.
El caso Camarena (1985)
El secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, infiltrado en Guadalajara, Jalisco, condujo a la investigación de homicidio más completa jamás realizada por la DEA, que finalmente descubrió la corrupción y la complicidad de funcionarios mexicanos. El agente fue secuestrado en febrero de 1985 por policías y miembros del Cártel de Guadalajara. Su cuerpo apareció semanas después con signos de tortura extrema. Su asesinato fue un parteaguas en la guerra contra las drogas, pues la muerte violenta del agente puso a los estadounidenses cara a cara con las operaciones del narcotráfico en México. También derivó en la realización de la Operación Leyenda, la cual fue una investigación larga y compleja, que se hizo más difícil por el hecho de que el asesinato de Camarena se cometió en México e involucró la participación de importantes narcotraficantes como Caro Quintero , Miguel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo y funcionarios del gobierno de México, incluyendo a varios agentes de la entonces Policía Judicial Federal de México (MFJP). Por este caso, Caro Quintero pasó 28 años en prisión en México. Apenas en 2025, 40 años después del asesinato de “Kiki” Camarena, el narcotraficante pisó suelo estadounidense para hacer frente a esta acusación. El crimen no solo evidenció la penetración del narcotráfico en estructuras del Estado mexicano, sino que detonó una ofensiva sin precedentes de EU contra los cárteles. Para la DEA, fue el primer agente activo asesinado en funciones, un hecho que redefinió su estrategia internacional. Desde entonces, el caso Camarena se convirtió en símbolo de los riesgos de operar en México y en un punto de fricción constante en la relación bilateral.
Tras el caso Camarena, en 2011 , un incidente en San Luis Potosí involucró a agentes estadounidenses que resultaron heridos en un tiroteo atribuido inicialmente a fuerzas de seguridad mexicanas, lo que evidenció problemas de coordinación e identificación entre ambos países. Los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) viajaban por carretera de la Ciudad de México a Nuevo León , cuando fueron atacados por hombres armados en una carretera de San Luis Potosí. A raíz de la agresión, uno de ellos murió y el otro resultó herido. El entonces gobernador de San Luis Potosí, Fernando Toranzo , afirmó que las pruebas recabadas sobre el ataque contra los agentes apuntaban a que el crimen fue obra de la delincuencia organizada .
La muerte de los agentes de la CIA
En tanto que según la versión de la Secretaría de Defensa, la célula de sicarios liderados por Julián Zapata Espinoza, alias «El Piolín» disparó contra el vehículo donde viajaban los agentes , porque los confundieron con unos rivales que circulaban en una camioneta similar a la Suburban tripulada por los agentes, quienes regresaban a la CDMX tras una reunión en la capital potosina. Un año después, en 2012, dos oficiales estadounidenses —uno de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y otro de la DEA— fueron heridos en un ataque en Tres Marías, Morelos. En ese caso, elementos de la Policía Federal mexicana abrieron fuego contra el vehículo diplomático en el que viajaban. El incidente generó tensiones y obligó a revisar protocolos de operación conjunta. En estos hechos estuvieron involucrados 14 elementos de la Policía Federal acusados de participar en el ataque contra los agentes de la CIA. Los agentes, la mayoría de ellos adscritos a la División de Caminos, dispararon contra una camioneta blindada que portaba placas diplomáticas , en la que viajaban los dos agentes estadounidenses y un capitán de la Secretaría de Marina. Según se dio a conocer, los elementos “intentaron privar de la vida” a los funcionarios que viajaban en una camioneta, pero el blindaje del vehículo impidió que sus ocupantes perdieran la vida, ya que recibió 152 impactos de arma de fuego. El día del incidente la embajada de EU dijo que se trató de una “emboscada” contra los funcionarios estadounidenses y el marino mexicano. Posteriormente, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, se disculpó por los hechos ante el embajador de EU, Anthony Wayne. La Secretaría de Seguridad Pública, informó que los agentes federales estaban en el lugar del hecho porque investigaban un caso de secuestro. Tras el ataque, 12 elementos de la Policía Federal fueron sentenciados a 34 años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa. En un episodio más reciente, ocurrido en Chihuahua , autoridades confirmaron la muerte de cuatro personas —entre ellas dos agentes estadounidenses— tras un accidente vehicular registrado durante la madrugada del 19 de abril. El hecho tuvo lugar después de un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en la sierra Tarahumara, una región estratégica por la presencia de grupos delictivos. De acuerdo con los reportes iniciales, en el vehículo viajaban el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera ; su escolta, Manuel Méndez ; así como dos agentes estadounidenses. Todos fallecieron a consecuencia del percance. El embajador de EU en México, Ronald Johnson, expresó públicamente sus condolencias y reconoció la labor de los funcionarios en el combate al narcotráfico. Sin embargo, el caso derivó rápidamente en cuestionamientos políticos y versiones encontradas entre autoridades de distintos niveles. En un primer momento, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración no tenía conocimiento de la participación de agentes estadounidenses en el operativo, ni de su presencia en la zona, donde operan organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez. Asimismo, atribuyó la responsabilidad de la coordinación al gobierno estatal de Chihuahua. La polémica se intensificó ante cambios en la versión oficial de los hechos por parte de la Fiscalía estatal. Inicialmente, la dependencia informó que los agentes fallecidos pertenecían a la Embajada de EU. Posteriormente, el fiscal general, César Gustavo Jáuregui, modificó la versión al señalar que los funcionarios estadounidenses no participaron directamente en el operativo, sino que se encontraron con el convoy cuando éste regresaba y solicitaron apoyo para su traslado. Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que intervinieron en el operativo sí tenían conocimiento de la presencia de los estadounidenses. Esta afirmación difirió de la postura de la Presidencia, que reiteró no haber sido informada. Ante la controversia, Sheinbaum anunció su intención de dialogar con la mandataria estatal para esclarecer los hechos, aunque dicha conversación no se concretó. En su lugar, la gobernadora sostuvo una reunión con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para abordar el tema. El caso también escaló al ámbito legislativo, luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó un dictamen para citar a comparecer tanto a la gobernadora como al fiscal Jáuregui, con el objetivo de que expliquen los detalles del operativo y la posible participación de agentes extranjeros. La comparecencia fue programada para este 28 de abril. Además, la presidenta instruyó al Consejo de Seguridad a emitir un recordatorio formal a los gobiernos estatales sobre los límites legales en materia de colaboración con autoridades extranjeras. Subrayó que, conforme a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, las entidades federativas no pueden suscribir acuerdos de seguridad con otros países sin la intervención del gobierno federal. El gobierno federal analiza también posibles sanciones por eventuales violaciones al marco legal vigente. No obstante, Sheinbaum indicó que corresponderá al estado de Chihuahua determinar la continuidad del fiscal general en su cargo, en función de las investigaciones y responsabilidades que se establezcan.
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