El veredicto en el caso Rubén Rocha Moya quedará en las manos de Katherine Polk Failla , la jueza federal del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York . El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió también los nombres de los fiscales que estarán a cargo del caso penal contra el gobernador de Sinaloa , acusado de supuestos nexos con el narcotráfico. Se trata de Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Robles, todos fiscales federales adjuntos a la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la fiscalía estadounidense. Ellos deberán preparar las pruebas que demuestren la culpabilidad del mandatario mexicano, emanado del partido Morena.
La jueza Polk Failla fue nominada para este cargo por el expresidente Barack Obama. Es originaria de Nueva Jersey y se doctoró en jurisprudencia en la Facultad de Derecho de Harvard. Durante su carrera como fiscal llevó casos relacionados con terrorismo y fraude fiscal. El miércoles pasado, el Departamento de Justicia estadounidense informó de la acusación contra Rocha. La apertura formal de los cargos estuvo encabezada por Jay Clayton , fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, y de Terrance C. Cole , administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ( DEA , por sus siglas en inglés). Jay Clayton es conocido porque también llevó la acusación de Nicolás Maduro , el expresidente de Venezuela señalado por la Casa Blanca de supuesto narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y de liderar el Cártel de los Soles. Se le considera el “fiscal estrella” de la administración de Donald Trump por su posición para manejar las investigaciones relacionadas con los archivos de Jeffrey Epstein, acusado de pederastia. Este caso señala al republicano, quien fue amigo de Epstein y aparece en fotos de varias de sus reuniones. Además de Rocha, Clayton también acusa a otros nueve exfuncionarios y políticos de Sinaloa de los probables delitos de tráfico de drogas armas y de nexos con el Cártel de Sinaloa.
“El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, declaró el fiscal el miércoles. De ser extraditado a Estados Unidos y de ser hallado culpable, el gobernador de Sinaloa podría enfrentar una cadena perpetua y una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
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