El Estado que protege a quien lo traiciona
Hay momentos en la historia de un país donde la omisión es tan elocuente como la acción. México atraviesa uno de esos momentos ahora mismo. El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, gobernador en funciones de Sinaloa, junto a nueve funcionarios de su administración. Los cargos son devastadores: conspiración para el tráfico de fentanilo, cocaína y heroína, posesión ilícita de armas, crimen organizado y protección institucional al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y garantías electorales.
La arquitectura del pretexto jurídico
La respuesta del gobierno mexicano fue, en términos técnicos, predecible; en términos morales, inaceptable. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que solo procederá «si existen pruebas contundentes» y advirtió que si no las hay, el objetivo de Estados Unidos «es político». La Fiscalía General de la República señaló que la documentación recibida «no se acompaña de elementos probatorios contundentes». Y el partido gobernante cerró filas. Bienvenidos al manual de la impunidad con subtítulos constitucionales. Conviene ser precisos para no ser injustos: el marco legal mexicano es complejo. El fuero constitucional que protege a Rocha Moya existe, el procedimiento de desafuero existe, y el Tratado de Extradición de 1978 establece que México debe evaluar las pruebas bajo sus propios estándares. Todo eso es cierto. Lo que también es cierto es que esa arquitectura jurídica, legítima en su diseño original, está siendo instrumentalizada en este caso no como garantía del debido proceso, sino como muralla para proteger a un aliado político. Seamos directos: el Departamento de Justicia estadounidense no presenta acusaciones formales ante un tribunal federal sin haber superado múltiples filtros internos, revisiones del fiscal y la aprobación de un juez. Sus investigaciones, sustentadas en testimonios de testigos protegidos, inteligencia de la DEA y el FBI, y rastreo financiero, no son ocurrencias periodísticas. Descalificarlas sin haberlas analizado no es soberanía. Es conveniencia disfrazada de principio.
Un partido por encima de un país El costo real: más allá del escándalo
Aquí está el núcleo del problema y hay que nombrarlo sin eufemismos: lo que está ocurriendo es la defensa de un político y de un movimiento por encima del interés nacional. Rocha Moya es miembro de Morena, el mismo partido de la presidenta. Y mientras el aparato gubernamental toma distancia cuidadosa, los ciudadanos de Sinaloa siguen viviendo bajo una de las crisis de violencia más agudas del país, con desplazamientos forzados masivos, homicidios sin respuesta institucional y territorios donde el orden jurídico del Estado ha sido sustituido por la gobernanza del cártel. Esto no es retórica. Es geografía criminal. Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero y vastas franjas de Zacatecas, Chihuahua y Guanajuato operan bajo una lógica donde el crimen organizado provee servicios, cobra impuestos, regula mercados y dicta conductas. Eso tiene nombre en la ciencia política: gobernanza criminal paralela. Y cuando un gobernador es señalado de ser parte de esa estructura, la pregunta no es si hay suficientes pruebas para el estándar mexicano. La pregunta es por qué el Estado mexicano parece más incómodo con la acusación que con la realidad que describe. Las consecuencias de esta parálisis calculada no son solo morales. Son materiales y geopolíticas. La renegociación del T-MEC enfrenta ya presiones significativas desde Washington. Estados Unidos ha ampliado sus exigencias en materia de seguridad y cooperación antinarcóticos como condición tácita para el entorno comercial. Un México que no actúa ante la acusación de un gobernador vinculado al mayor cártel del mundo no es solo un país con problemas de seguridad: es un socio comercial con déficit de credibilidad institucional. Las inversiones, los acuerdos, las certezas que requiere cualquier tratado de libre comercio, se construyen sobre la confianza en el Estado de derecho. Y esa confianza hoy está en terapia intensiva. Adicionalmente, el silencio cómplice manda un mensaje brutal a los 130 millones de mexicanos que no militan en ningún partido: que las leyes tienen diferentes velocidades según el carnet político del acusado. Que el fuero no es garantía procesal sino blindaje de élites. Que la soberanía nacional es un argumento que se invoca selectivamente, con precisión quirúrgica, cuando lo que está en juego es un gobernador propio.
Lo que la ley exige y la política evade
El camino jurídico es claro aunque incómodo: la FGR debe valorar las pruebas de Estados Unidos, solicitar el desafuero ante la Cámara de Senadores si hay elementos suficientes, y el Congreso de Sinaloa debe ratificarlo. Movimiento Ciudadano ya presentó esa solicitud. El periodo ordinario de sesiones concluyó y nadie ha convocado al extraordinario. El reloj corre. Los 60 días del Artículo 11 del Tratado avanzan. Y cada día de inacción es, jurídicamente, un paso hacia la violación de un compromiso internacional vinculante firmado hace casi cinco décadas. Un país que se niega a procesar a un gobernador acusado de proteger el tráfico de fentanilo que mata estadounidenses —y también mexicanos— no está ejerciendo soberanía. Está ejerciendo complicidad con vocabulario constitucional. La diferencia importa. Y la historia, que no milita en ningún partido, tomará nota. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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