Dagoberto Miguel Peña, exintegrante del seleccionado dominicano de baloncesto, fue sentenciado el lunes a 60 años de prisión federal por producir, recibir, poseer y acceder con la intención de ver imágenes y videos que muestran abuso sexual infantil.
La jueza federal Sheri Polster Chappell también dictó que Peña, de 37 años, fue sentenciado a libertad condicional supervisada de por vida y se le ordenó registrarse como delincuente sexual.
El exdelantero que jugó en la Copa del Mundo de 2019 reforzó en Argentina, Venezuela, Uruguay, España y Francia y en la LNB jugó para Metros, Cañeros, Soles y Leones antes de su retiro en 2023.
Peña, quien fungía como profesor de educación física y entrenador en Florida, se declaró culpable el 23 de enero de 2026. El fiscal federal Gregory W. Kehoe hizo el anuncio del fallo de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.
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Los detalles del caso
Según documentos judiciales, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2026, Peña utilizó y persuadió a dos menores para que participaran en conductas sexualmente explícitas con el propósito de producir representaciones visuales de su abuso sexual.
En abril de 2025, las autoridades iniciaron una investigación contra Peña luego de que un padre descubriera sus comunicaciones inapropiadas con un menor.
Las órdenes de registro ejecutadas en el teléfono celular y la cuenta de almacenamiento en línea de Peña revelaron mensajes de texto con menores. En algunos mensajes de texto, Peña recibió imágenes de una menor desnuda realizando actos sexualmente explícitos.
Además, se encontraron imágenes y videos que Peña había tomado durante el abuso sexual de dos menores. La investigación también identificó a una tercera menor de la cual Peña poseía imágenes y videos realizando actos sexualmente explícitos.
Este caso fue investigado por el FBI, el Grupo de Trabajo contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas de Fort Myers, que incluye a la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, y con la asistencia del Departamento de Policía de Punta Gorda. La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Yolande G. Viacava, se encargó de la acusación.
Este es otro caso presentado como parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil.
El Proyecto Infancia Segura, liderado por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad de la División Penal, moviliza recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar a las personas que explotan sexualmente a menores, así como para identificar y rescatar a las víctimas.
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