Agua negra, amarilla o color café saliendo de las llaves de las casas de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara ( AMG ) fue el detonante para que académicos, activistas y ciudadanos se dieran a la tarea de realizar un monitoreo independiente del líquido. Encontraron fallas graves en la calidad del agua distribuida por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) —creado en 2002 como Organismo Público Descentralizado Intermunicipal que atiende actualmente a un padrón de entre 1.2 y 1.3 millones de cuentas—, incluyendo ausencia de cloro, presencia de metales pesados y contaminación bacteriológica .
El “Informe Técnico de Análisis de Calidad del Agua” , basado en el monitoreo ciudadano realizado durante marzo y abril de 42 muestras tomadas 26 colonias la Área Metropolitana de Guadalajara , concluyó que “el agua no es segura para consumo directo sin tratamiento previo” y que los problemas detectados “requieren intervención urgente tanto a nivel comunitario como institucional”. Se tomaron otras 76 muestras en 54 colonias que están en estudio. De acuerdo con María González Valencia , coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), desde hace aproximadamente dos o tres meses esta problemática se agudizó. “El agua empezó a llegar con olor y en algunos casos con color negro, como si fuera petróleo, o color chocolate y distintas tonalidades naranjas y amarillas. Es decir, agua que no es apta para consumo humano, pero tampoco para actividades domésticas”, contó. González Valencia reclamó que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado ha reconocido afectaciones en más de 170 colonias —lo que podría representar entre 500,000 y 800,000 personas afectadas—, pero no se ha declarado una alerta sanitaria ni se han habilitado fuentes alternativas de agua segura para la población. Las organizaciones ciudadanas organizadas también levantaron una encuesta que acumula 669 reportes sobre la calidad del agua . De acuerdo con los resultados, casi la mitad de las personas consultadas aseguró haber presentado afectaciones a la salud asociadas al consumo o contacto con el agua contaminada. Entre los síntomas reportados destacan infecciones gastrointestinales, dermatitis, irritación ocular, problemas respiratorios y caída de cabello.
Cambio de mando en SIAPA
En medio de esta crisis, el pasado 23 de marzo, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro , destituyó a Antonio Juárez Trueba , director del SIAPA, y en su lugar designó al ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda . El mandatario reconoció entonces “un abandono institucional” del organismo operador durante décadas. “El nuevo director llega con una tarea crucial: implementar acciones inmediatas para atender el grave problema de calidad y de escasez de agua que están viviendo las y los habitantes de decenas de colonias del Área Metropolitana de Guadalajara”, expuso. Lemus aseguró que la petición hacia el nuevo director del SIAPA era escuchar tanto a académicos, vecinos y técnicos para ejecutar el proyecto de reingeniería del sistema, sin embargo, al día de hoy, activistas como González Valencia e investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aseguran que no han sido tomados en cuenta. El gobernador también dijo que Jáuregui Castañeda tiene la tarea de consolidar proyectos estratégicos que garanticen un volumen suficiente y agua de calidad a largo plazo, como la construcción del acueducto sustituto Chapala- Guadalajara y la modernización de la red de plantas potabilizadoras. “Aunque desde hace muchos años el SIAPA vive una crisis institucional y de presupuesto, asumo mi responsabilidad histórica en el rescate del organismo operador del agua, dedicando todos los recursos posibles para su rescate…”, apuntó Lemus.
Propuestas académicas y ciudadanas frente al problema El panorama no es nada halagador. Vemos con preocupación e impotencia cómo aumenta el número de hogares y colonias que no están recibiendo calidad de agua como corresponde a la norma oficial. Y vemos también que el problema no se está abordando de la manera apropiada».
No vemos que el problema se vaya a abordar desde lo profundo. El deterioro es estructural y acumulado. Se requiere un análisis integral y una ruta crítica muy clara de todo lo que hay que hacer».
El académico Arturo Gleason Espíndola, de la UdeG, sostiene que el problema de la calidad del agua no puede entenderse como un episodio reciente ni como una falla aislada del SIAPA. A través del diagnóstico “Deterioro de la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara: causas estructurales y directrices de solución», el investigador señaló que la calidad del agua enfrenta un desgaste acumulado de décadas. En entrevista, el especialista aseguró además que las autoridades reaccionan únicamente ante las manifestaciones visibles del problema. “Me ha tocado ver durante 30 años cómo se ha ido deteriorando el servicio. Esto requiere análisis, explorar, profundizar y establecer una ruta crítica para resolverlo. Pero no vemos que desde la parte gubernamental se esté buscando abordar el problema desde lo profundo”, expuso. En atención a esta problemática, el investigador propuso una intervención escalonada, con acciones inmediatas, de mediano y largo plazo, que implican inversiones multianuales y una planeación con horizonte de aproximadamente 20 años. La primera etapa consiste en realizar un diagnóstico técnico-científico del sistema hídrico metropolitano, pues apuntó, actualmente no existe una evaluación integral sobre el estado real de la infraestructura, las fuentes de contaminación y los puntos críticos de la red de distribución. Gleason sostuvo que este diagnóstico debe ser la prioridad antes de discutir nuevas obras o proyectos hidráulicos en la Área Metropolitana de Guadalajara. “Todos estamos viendo que el agua está sucia. Sí, pero lo que no vemos es qué tantos contaminantes, qué tipo de contaminantes y en el tiempo, de dónde y por qué vienen. Lo que se debe hacer es rastrear el problema desde donde se manifiesta hasta su punto de provocación. Eso es lo que se debe hacer ya para entonces diseñar las acciones inmediatas y posteriormente todo un plan”, dijo. “Lo que nosotros proponemos es la integración de una mesa democrática incluyente de todas las organizaciones que tenemos que ver con ciencia, tecnología, gestión, inclusive el sector privado, las colonias y los ciudadanos, para conformar un grupo interdisciplinario y marcar como primera meta sacar un diagnóstico a fondo, más allá de lo evidente”, agregó. Además del diagnostico, el investigador plantea realizar medidas emergentes de contención y protección sanitaria, como la instalación de sistemas temporales de potabilización en colonias afectadas, abastecimiento alternativo, monitoreo permanente y comunicación pública de riesgos. También propone iniciar con la rehabilitación estructural del sistema hidrosanitario urbano, que incluye la modernización de plantas potabilizadoras, sustitución de tuberías obsoletas, rehabilitación de tanques de almacenamiento, sectorización hidráulica y actualización tecnológica del SIAPA. El investigador insiste en que el problema no puede solucionarse únicamente aumentando el abasto de agua mediante nuevos acueductos, sino rehabilitado integralmente el sistema existente. Consideró que parte de la solución de este problema es que debe concebirse como un “Plan Hídrico con visión de Estado” , capaz de trascender administraciones gubernamentales y mantenerse durante varios sexenios. “La idea es que tanto el diagnóstico como el plan puedan irse diseñando conforme a la marcha para tener en menos de uno o dos años una ruta muy clara de todo lo que hay que hacer, con un horizonte a 20 años, empezando poco a poco”, explicó. Gleason insistió además en que antes de comprometer miles de millones de pesos en nuevas obras hidráulicas como el acueducto Chapala–GDL anunciado, que contempla una inversión de 10,000 millones de pesos, las autoridades primero deben conocer con precisión la magnitud real del daño. “Primero hay que saber qué tan profundo es el problema, qué infraestructura está fallando y cuáles son los contaminantes presentes. Si no se entiende bien el origen, cualquier solución puede quedarse solamente en lo superficial”, dijo. La propuesta de Gleasion estima un costo de entre 190 y 430 millones de pesos, que podría desarrollarse en un periodo de entre 18 y 24 meses, un presupuesto que está por debajo del que el gobierno destinaría a la construcción del nuevo acueducto.
Nos acercamos a una ciudad mundialista y estamos verdaderamente en una emergencia sanitaria”. Organizaciones y académicas piden activar una alerta sanitaria
El investigador Eduardo Juárez Carrillo, director del Instituto de Limnología en la UdeG, coincidió en que el problema de raíz está relacionado también con la antigüedad de las plantas potabilizadoras y la incapacidad técnica del sistema para procesar agua superficial altamente contaminada que abastece a la AMG. “Guadalajara es probablemente la ciudad de México con más agua superficial alrededor. El 65% del agua viene de Chapala y son aguas muy cargadas de nutrimientos, materia orgánica y contaminantes”, explicó. “La planta de Miravalle tiene alrededor de 70 años y no tiene manera de tratar esta agua. Casi casi nos envían agua cruda del lago de Chapala porque no se lleva a cabo correctamente la floculación, sedimentación y filtración”, agregó. Carrillo también cuestionó la falta de transparencia del SIAPA respecto a la calidad del agua y los análisis de laboratorio. Señaló que la dependencia entrega únicamente una fracción de los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127, encargada de regular la calidad del agua potable. El especialista también advirtió sobre el escenario rumbo al Mundial de Futbol de 2026, del que Jalisco será sede. Consideró que el estado podría enfrentar cuestionamientos internacionales por la calidad del agua y las condiciones sanitarias en hoteles y zonas turísticas. Mientras continúan los anuncios gubernamentales sobre reestructuración institucional y nuevos proyectos hidráulicos, en cientos de hogares persiste la incertidumbre sobre si el agua que sale de las llaves puede utilizarse sin riesgo. Ante esta situación, los especialistas, académicos y organizaciones civiles consideran que los hallazgos detectados en el agua son suficientes para discutir la activación de una alerta sanitaria, pues acusan que las respuestas institucionales tardías frente a un problema, ya están generando afectaciones a la salud pública. “Nosotros consideramos que sí tendría que existir una alerta sanitaria porque estamos hablando de agua que no es apta para consumo humano y que tampoco es apta para muchas actividades domésticas. La gente se está bañando con agua que llega con olor, con color negro o café, y además ya existen reportes de afectaciones en la piel, problemas gastrointestinales y otros padecimientos relacionados con la calidad del agua”, señaló González Valencia, directora del IMDEC. La activista sostuvo que una declaratoria permitirá activar mecanismos extraordinarios de atención, vigilancia epidemiológica y apoyo inmediato a las familias afectadas. En tanto, Gleason Espíndola consideró que antes de emitir una declaratoria formal se requiere un diagnóstico técnico integral y transparente, aunque reconoció que las autoridades deben actuar con mayor rapidez frente al riesgo sanitario. “Lo primero que tendría que hacerse es un diagnóstico serio y profundo para dimensionar exactamente el nivel de contaminación y sus alcances. Pero evidentemente sí estamos frente a una situación delicada que requiere acciones inmediatas de contención y protección a la población”, afirmó. Gleason añadió que, mientras se desarrolla un análisis más amplio, las autoridades tendrían que implementar medidas precautorias temporales en las zonas con mayores afectaciones. “Hay colonias donde la gente ya no puede usar el agua ni para lavarse los dientes. Entonces el gobierno tendría que instalar sistemas emergentes de abastecimiento, potabilización temporal y monitoreo permanente. La ciudadanía necesita información clara sobre qué agua puede usar y cuál no”, dijo. En tanto que el investigador Eduardo Juárez Carrillo señaló que una eventual alerta sanitaria no debe interpretarse únicamente como una medida alarmista, sino como un mecanismo preventivo para proteger a la población mientras se corrigen las fallas estructurales del sistema. “Las alertas sanitarias existen precisamente para escenarios donde hay riesgos potenciales a la salud colectiva. Aquí el problema es que durante años se dejó acumular el deterioro y ahora los efectos ya son visibles directamente en los hogares”, dijo.
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