Como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Roberto Velasco le tocó uno de los momentos más complejos para la política exterior de México. Aún no cumple los dos meses como secretario y ya tiene varios frentes abiertos: el proceso de revisión de los 53 consulados de México en Estados Unidos, las acusaciones por narcotráfico en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , la participación de los agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua, así como las advertencias de intervención del presidente Donald Trump.
Velasco llegó a la titularidad de Relaciones Exteriores el 1 de abril, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Juan Ramón de la Fuente dejaría el cargo debido a problemas de salud. Internacionalista consideraron que la llegada de Velasco era para que desde Relaciones Exteriores hiciera mancuerna con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. “Velasco no es un político de gran trayectoria política, pero es un funcionario capaz, con buenas tablas y sin duda un alfil de Marcelo Ebrard. Su gran ventaja puede ser hacer una buena mancuerna con él para la relación con Estados Unidos”, explicó Jacques Coste, analista político. Sin embargo, los primeros retos para Velasco vienen desde Estados Unidos y están relacionados principalmente con la seguridad. A Velasco le correspondió recibir al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó México para reunirse con colectivos de búsqueda y autoridades para abordar el fenómeno de las desapariciones en México. El 19 de abril se difundió que dos agentes del Gobierno de Estados Unidos murieron tras participar en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en Chihuahua. El lunes 20, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su gobierno desconocía de la participación de los estadounidenses. Uno de los primeros encargos para Velasco fue enviar una nota diplomática a la administración de Donald Trump porque el operativo, que contó con la participación de los agentes, se realizó sin el conocimiento ni autorización del gobierno mexicano.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la participación de los agentes es una violación a la Constitución. El artículo 89 de la Constitución establece que es exclusivo del presidente de la República “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, mientras que el artículo 117 señala que los estados no pueden, en ningún caso, “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”. Dos semanas después, desde el Gobierno de Estados Unidos se señaló al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, y a nueve políticos más de tener vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia pidió a México la detención provisional con fines de extradición de los 10 políticos, pero la SRE respondió que no se presentaron pruebas suficientes . “Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición”, informó entonces la SRE.
Por este episodio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se envió otra nota diplomática a Estados Unidos a través de la secretaría a cargo de Velasco. “Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó la nota diplomática diciendo, ‘de acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues, lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos pues es que mande pruebas”, dijo la presidenta el pasado 6 de mayo. José Luis García, catedrático de la Universidad Iberoamericana en Puebla, plantea que, debido a las prioridades que tiene el gobierno de Donald Trump, para el canciller mexicano la seguridad será un reto. “Tiene como reto la seguridad nacional de México y obviamente vinculado a la seguridad nacional de los Estados Unidos, sobre todo la cuestión del crimen organizado. Ese sí va a ser un enorme reto porque todavía le quedan tres años a Donald Trump”, considera. Al canciller Velasco también le tocará la defensa de los consulados de México en Estados Unidos, luego de que la administración de Trump realizará una revisión a la operación de estos, pues hay señalamientos que, desde la red, se hace política. El pasado viernes, la presidenta Sheinbaum afirmó que los consulados dan asesoría a los mexicanos en Estados Unidos, pero no se hace política. “No estamos de acuerdo, además, no es así, que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del Gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación o que estén haciendo política en los Estados Unidos. Eso es absolutamente falso”, agregó. Desde Estados Unidos, la semana pasada Trump advirtió que, si México no actúa en contra del crimen, lo harán autoridades estadounidenses. Además, el político republicano acusó que el país está gobernado por cárteles. Velasco no realizó algún pronunciamiento, sin embargo, en otros momentos ya defendió al Gobierno de México y rechazó que esté “dirigido por cárteles”. A Velasco también le tocó el nombramiento de Rigoberta Menchú como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México, acompañar a la presidenta Sheinbaum en la llamada que realizó con su homólogo Mark Carney, así como reunirse con el Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno.
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