En México —y particularmente en la Ciudad de México— la relación entre los organismos empresariales y la administración pública vive un momento interesante: no es de ruptura, pero tampoco de plena confianza. Es, más bien, una relación en construcción constante, donde la cooperación convive con la tensión y donde el futuro económico depende, en buena medida, de qué tanto ambos lados entiendan que se necesitan mutuamente.
Durante años se ha repetido una idea que, aunque simple, sigue siendo vigente: la economía no se mueve sin empresas, pero las empresas no prosperan sin reglas claras. Ese punto de encuentro es precisamente donde hoy se concentran los principales conflictos. Por un lado, el sector empresarial ha levantado la voz frente a lo que percibe como incertidumbre jurídica. Reformas de gran calado —particularmente en el ámbito institucional— generan dudas razonables sobre la estabilidad de las reglas del juego. Para quien invierte, el problema no es solo el contenido de la ley, sino la posibilidad de que cambie de forma impredecible. A esto se suma un tema aún más sensible: la inseguridad. La extorsión y la violencia no solo afectan a las personas, también erosionan la confianza económica. Ninguna estrategia de crecimiento puede sostenerse si abrir un negocio implica asumir riesgos que van más allá del mercado. Sin embargo, reducir la relación a un escenario de confrontación sería injusto e incompleto. También hay avances que vale la pena reconocer. En los últimos años, se ha visto un esfuerzo por construir mecanismos de colaboración más prácticos. Los esquemas de inversión mixta en infraestructura son un buen ejemplo: gobierno y sector privado apostando juntos por proyectos que, por su tamaño, difícilmente podrían impulsarse de manera aislada. Carreteras, energía, puertos… no son solo obras, son condiciones para que la economía funcione mejor. En el ámbito fiscal, también se perciben señales positivas. Una relación más abierta entre autoridades tributarias y contribuyentes —particularmente en procesos de devolución y auditoría— ha permitido reducir fricciones que históricamente generaban desgaste innecesario. La Ciudad de México, por su parte, ofrece un caso particular. La inversión en obra pública y la apuesta por sectores de alta especialización muestran que, cuando hay coordinación, los resultados pueden ser tangibles: empleo, desarrollo urbano y mayor dinamismo económico. No es un escenario perfecto, pero sí un indicio de lo que puede lograrse cuando hay continuidad en las políticas. Ahora bien, mirar hacia adelante obliga a hacerse una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué falta para que esta relación funcione mejor?
La respuesta no está en un solo lado. El gobierno necesita garantizar algo básico pero indispensable: certidumbre. No solo jurídica, sino también operativa. Que las reglas sean claras, que se apliquen de manera consistente y que no dependan del momento político. El sector empresarial, por su parte, también tiene un reto: asumir un papel más activo en la construcción de soluciones. No basta con señalar problemas; es necesario participar en su resolución, con propuestas concretas y compromiso de largo plazo. El llamado “Plan México”, con su apuesta por elevar la inversión y detonar sectores estratégicos, representa una oportunidad. Pero como todo plan, su éxito no dependerá de lo que está escrito, sino de cómo se implemente. Y ahí, nuevamente, la relación entre gobierno y empresas será determinante. Las proyecciones económicas para los próximos años son moderadas. No hay expectativas de crecimiento acelerado, pero sí margen para mejorar. En ese contexto, la colaboración deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Al final, el desarrollo económico no se construye desde la unanimidad, sino desde la capacidad de gestionar diferencias. La crítica es necesaria, incluso saludable. Pero cuando se combina con disposición al diálogo, puede convertirse en motor de cambio. México —y su capital— no necesitan una relación perfecta entre empresarios y gobierno. Necesitan una relación funcional: una donde haya confianza suficiente para invertir, reglas claras para operar y visión compartida para crecer. _____ Nota del editor: Andrés A. Aguilera Martínez es Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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