La acusación de Estados Unidos contra Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve políticos más es una muestra de que el gobierno de Donald Trump está implementando una campaña más agresiva contra los cárteles, en la que ataca por primera vez la estructura financiera y los vínculos políticos, un problema añejo en México. Desde hace décadas, políticos mexicanos han sido señalados por sus presuntos vínculos con organizaciones delictivas y aunque en el país los casos causaron polémica, Estados Unidos es quien está tomando acciones contra el binomio gobierno-crimen.
Un problema que México arrastra
David Saucedo, especialista en seguridad, explica que por primera vez Estados Unidos está atacando de forma más integral a las organizaciones criminales, lo que alcanzó a los funcionarios mexicanos acusados de proteger a los cárteles. “El gobierno estadounidense está atacando las cuatro patas de la mesa: la estructura criminal que son sicarios, narcomenudistas, halcones; todo el apoyo y vínculo político, policial y militar ; la tercera pata de la mesa, es el aparato empresarial y blanqueo de capitales y la cuarta vertiente es la base social de apoyo”, sostiene. En los últimos 15 meses, el gobierno de Trump dio varios golpes a las estructuras criminales y a sus finanzas. Con la designación de los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales se permite al gobierno estadounidense congelar activos financieros, imponer sanciones y perseguir a quienes den “apoyo material” a los “terroristas”. Apenas este miércoles, el Departamento del Tesoro sancionó a 14 sujetos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa. La batalla del gobierno de EU se intensifica también contra autoridades a quienes acusa de proteger a criminales. Hace unos días Trump aseguró que «los cárteles gobiernan México», acusación que se suma al comunicado de febrero de 2025 en el que la Casa Blanca aseguró que el gobierno de México tenía una “tener una alianza con los cárteles”. “Estados Unidos seguirá profundizando, sobre todo este año, las medidas contra el crimen organizado y la narcopolítica”, asegura Simón Hernández León, catedrático dela Universidad Iberoamericana. Los presuntos nexos entre autoridad y crimen son muestra de la descomposición institucional que aqueja al país y no se limitan a políticos de un partido. “Son expresiones de macrocriminalidad, en las que servidores públicos se hacen parte de estructuras criminales o colaboran con la delincuencia organizada y es un fenómeno cada vez más presente, pero no solo de esta administración, sino que es un problema de la clase política desde hace años”, dice Hernández León. Entre los ejemplos se encuentran, Tomás Yarrington, el exgobernador de Tamaulipas acusado de recibir dinero ilícito del Cártel del Golfo y de «Los Zetas» al exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien enfrenta un proceso en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa, a los que se sumaron el alcalde de Tequila, Diego Rivera, y el gobernador con licencia de Sinaloa. Ruslan Posadas, analista político y catedrático de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sostienen que aunque la relación no es nueva, tiene un efecto devastador para el país y para Morena porque es Estados Unidos quien lo pone sobre la mesa y ejerce presión al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se combata ese vínculo. “Los señalamientos tienen efectos devastadores y se incrementarán cuando se empiecen a conocer políticos o representantes populares de Morena vinculados al crimen organizado, porque esto va a tener un efecto dominó y puede apuntar incluso hasta las esferas más altas de la representación y el poder político”, considera. En 2025, el gobierno de Trump canceló visas a políticos mexicanos, entre ellos, Marina del Pilar, gobernadora de Baja California; Alex Tonatiuh Márquez Hernández, extitular de investigación aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (Anam); José Luis Dagnino, alcalde del municipio de San Felipe, Baja California; Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora; Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali; Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, en Sonora; Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero; Mario Alberto López Hernández, diputado federal, entre otros. De acuerdo con funcionarios consultados por Reuters, la cancelación de algunas visas se dio en medio de la ofensiva de Trump contra los cárteles de la droga y sus presuntos aliados políticos. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno estadounidense no comparte esa información con su administración.
La presión para Sheinbaum Los presuntos vínculos entre la autoridad y el narcotráfico en México no son un tema nuevo para Estados Unidos, pero desde el regreso de Trump, la idea de combatirlos tomó fuerza. Ante la versión de que en Estados Unidos había una lista de funcionarios de políticos mexicanos vinculados con grupos criminales, en mayo de 2025, la presidenta Sheinbaum lo descartó. “Nunca se ha tocado ese tema, nunca, ni en las reuniones del acuerdo, del entendimiento que se tuvo con Estados Unidos que les damos seguimiento cada mes, nunca se ha tocado ese tema ni en las llamadas de teléfono ni en las reuniones”, dijo la presidenta en su mañanera. Voces del gobierno estadounidense advirtieron que las acusaciones contra Rocha son solo el principio de lo que viene contra políticos vinculados con el crimen. “Esto es solo el principio”, dijo Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, ante senadores de Estados Unidos y acotó que esos funcionarios son “igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”. Parte de la confianza de los funcionarios unidos está fincada en la información que están dando algunos de los 96 criminales que fueron trasladados a Estados Unidos en 2025. El Fiscal general adjunto interino de los Estados Unido, Todd Blanche, planteó que algunos de los enviados por México pueden colaborar. El hecho de que varios de los políticos que tiene en la mira Estados Unidos sean de Morena, pone en aprietos a la presidenta Sheinbaum. El especialista David Saucedo plantea que la lista de funcionarios mexicanos que tienen algún vínculo con el crimen da ventaja al gobierno de Trump para negociar con México en temas de su interés, y por la cual, la presidenta Sheinbaum buscará negociar para que sean menor los implicados. “Algunos temas que México no habría aceptado los va a tener que aceptar porque va a ser un intercambio, a cambio de no avanzar en causas penales contra algunos señalados. Estoy seguro que va a haber concesiones en el TMEC a favor de los americanos”, considera Saucedo.
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