Un diagnóstico escrito para proteger narrativas, no para enfrentar realidades

Hemos trabajado en seguridad pública durante más de dos décadas. Hemos estado en fiscalías estatales, en operativos de campo, en diseño de política criminal y en análisis académico. He visto de cerca cómo se construyen —y cómo se destruyen— las instituciones que se supone deben proteger a los mexicanos. Por eso puedo decirlo con conocimiento de causa y sin diplomacia innecesaria: el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2025-2030 es, técnicamente, uno de los documentos más peligrosos que ha producido el gobierno mexicano en los últimos años.

Lo que el programa se negó a nombrar

No por lo que dice. Por lo que deliberadamente eligió no decir. El primer pecado del programa es su diagnóstico. O mejor dicho: su ausencia de diagnóstico real. Para quien no ha pisado la realidad del país desde un escritorio burocrático, quizás el texto parece razonable. Habla de «violencias estructurales», de «atención a causas», de «territorialidad social». Suena académico. Suena sensible. Suena progresista. Pero para quienes conocemos la operación real del crimen organizado en México, ese lenguaje es exactamente lo que es: un sistema sofisticado para no decir nada que comprometa políticamente a nadie. En ninguna página aparece con claridad el CJNG. No aparece el Cártel de Sinaloa en su fase de guerra fratricida. No aparece la narcominería en Guerrero y Michoacán. No aparece el control criminal de puertos y aduanas. No aparece el reclutamiento forzado de menores. No aparece el uso de drones explosivos como arma de guerra. No aparece el desplazamiento forzado masivo. No aparece la gobernanza criminal en municipios enteros del sureste, del pacífico y de la frontera norte. Nada de eso existe en el universo conceptual del programa. La omisión no es un descuido técnico. Es una decisión política tomada conscientemente para proteger la narrativa del ciclo gubernamental anterior y mantener la ficción de continuidad exitosa. En política de seguridad, un diagnóstico falso produce estrategias irrelevantes. Y eso es exactamente lo que México tiene en sus manos: un programa diseñado para un país que no existe, mientras el país real enfrenta algo para lo que el texto no tiene ni vocabulario.

El error conceptual que lo invalida todo Narrativa de buenas intenciones en lugar de ingeniería operativa

El fallo más grave del documento es que sigue planteando la inseguridad como un problema de incidencia delictiva, cuando México enfrenta desde hace años un problema de control territorial armado. Son cosas distintas. Cualitativamente distintas. Estratégicamente distintas. Cuando un municipio tiene sus finanzas públicas subordinadas al cobro criminal, cuando su policía es una extensión operativa del cártel regional, cuando su presidente municipal negocia cuotas antes de firmar contratos de obra, ese municipio no tiene un problema de «delincuencia». Tiene un problema de soberanía. Y ningún programa de «proximidad social» ni de «fortalecimiento comunitario» resuelve ese problema si primero no se nombra con precisión. He leído estudios académicos con más honestidad analítica que este programa sectorial. Y eso, viniendo de un gobierno que presume de rigor técnico, es devastador. El segundo gran fracaso del documento es su arquitectura —o su ausencia de ella. El programa está saturado de lo que en el gremio llamamos «narrativa de buenas intenciones»: humanismo, perspectiva de género, interculturalidad, atención a las causas profundas. Nadie, en su sano juicio, puede estar en contra de esas orientaciones en términos generales. El problema es que no son una estrategia de seguridad. Son una cosmovisión política disfrazada de ingeniería operativa. ¿Dónde están los modelos de despliegue diferenciado por región? ¿Dónde está la arquitectura de inteligencia criminal nacional? ¿Dónde está el protocolo para municipios bajo dominio criminal? ¿Dónde está la estrategia de recuperación territorial con indicadores verificables? ¿Dónde está el diseño táctico para enfrentar estructuras criminales con capacidad financiera mayor que la de muchos estados? No están. No existen.

Un documento diseñado para el archivo, no para el campo

En su lugar hay párrafos que podrían haber sido escritos por cualquier consultoría internacional que nunca ha puesto un pie en Aguililla, en Acapulco, en Culiacán o en Reynosa. Yo lo llamo así, sin eufemismos: es un programa escrito para ser presentado, no para ser implementado. Lo más preocupante no es la debilidad técnica, que es enorme. Lo más preocupante es lo que revela sobre la visión que tiene este gobierno de su propio país. Si el diagnóstico oficial ignora el control territorial criminal, si evade la captura política de municipios, si no nombra a los actores criminales relevantes, la conclusión lógica es una sola: el gobierno no está dispuesto a enfrentar la realidad que describe. Está dispuesto a gestionarla. A administrarla. A convivir con ella bajo condiciones negociadas que nunca serán públicas. Ese es el verdadero programa de seguridad de México. Y no está escrito en el Diario Oficial. _____ Nota del editor: Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5: 25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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