Este primero de junio se cumplió un año de la primera elección judicial de la historia de México. Sin embargo, el aniversario llegó acompañado de una paradoja difícil de ignorar. Mientras el país recordaba la jornada electoral que prometía transformar para siempre al Poder Judicial, el Congreso avanzaba en una nueva reforma destinada a corregir, fortalecer y consolidar aquel modelo que apenas comienza a cumplir su primer año de vida.
La coincidencia obliga a formular una pregunta incómoda. Si la elección judicial representaba la culminación de la reforma constitucional aprobada en 2024, ¿por qué apenas un año después resulta necesario modificar nuevamente aspectos centrales de su diseño? La respuesta oficial es conocida. Se trata de perfeccionar el sistema. Evitar errores operativos. Posponer la siguiente elección hasta 2028. Capacitar mejor a las personas juzgadoras. Reorganizar el funcionamiento de la Suprema Corte. Fortalecer los mecanismos de evaluación. Todo ello puede ser cierto. Pero existe un aspecto de la nueva iniciativa que merece mucha más atención de la que ha recibido. La reforma vuelve a colocar en el centro de la discusión a los órganos encargados de seleccionar, evaluar y proponer candidaturas. Probablemente ahí se encuentra una de las claves para entender lo que ocurrió hace un año. Durante meses se nos dijo que el elemento revolucionario del nuevo modelo era permitir que la ciudadanía eligiera directamente a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, la experiencia de 2025 demostró que toda elección tiene dos momentos. El primero ocurre cuando los ciudadanos emiten su voto. El segundo, y muchas veces el más importante, ocurre cuando alguien decide quiénes podrán aparecer en la boleta. Si se controla esa etapa, el resultado final deja de depender exclusivamente de las urnas. Por eso resulta tan significativo que una de las principales preocupaciones de la nueva iniciativa sea precisamente la reorganización de los mecanismos de selección de candidaturas. La reforma parece reconocer implícitamente que el verdadero centro de gravedad del sistema no se encuentra únicamente en la elección, sino en el proceso previo que determina quién puede competir. Un año después vale la pena recordar un episodio que en su momento generó enorme controversia. El 12 de mayo de 2025, semanas antes de la elección judicial, el periodista Mario Maldonado publicó una columna en la que relataba la existencia de una reunión celebrada en la Secretaría de Gobernación donde presuntamente se distribuyó una boleta simulada con los nombres de candidatas y candidatos que debían ser impulsados políticamente. Entre ellos aparecían perfiles que posteriormente ocuparían posiciones centrales dentro de la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y otros órganos del nuevo sistema.
La relevancia de aquella publicación no radica en demostrar una ilegalidad. Su importancia consiste en haber planteado una pregunta que sigue sin respuesta: ¿quién decidió cuáles eran los perfiles que debían llegar a los cargos más importantes del nuevo Poder Judicial? La polémica creció después con los llamados acordeones. Durante semanas la discusión pública giró alrededor de quién los imprimió, quién los distribuyó o quién los financió. Sin embargo, quizá la pregunta verdaderamente relevante era otra. ¿Quién elaboró originalmente las listas que aparecían en ellos? Porque los acordeones no crearon candidaturas. Simplemente promovieron nombres que alguien había seleccionado previamente. Ahí es donde la nueva reforma adquiere una importancia extraordinaria. Al fortalecer y centralizar los mecanismos encargados de evaluar y coordinar la selección de candidaturas, parece reconocer que el verdadero poder del sistema judicial no se encuentra necesariamente en la votación popular, sino en la definición previa de quiénes llegan a la boleta. Esa reflexión debería preocuparnos más que cualquier otra discusión sobre campañas o participación electoral. No se trata de afirmar la existencia de conspiraciones. Tampoco de negar la legitimidad de quienes resultaron electos. Se trata de reconocer una realidad elemental de cualquier sistema democrático. Ninguna candidatura surge espontáneamente. Siempre existen grupos políticos, corrientes ideológicas, operadores institucionales y centros de poder que participan en la construcción de las opciones que posteriormente se presentan al electorado. La diferencia entre un sistema transparente y uno opaco consiste en que los ciudadanos sepan quiénes toman esas decisiones y bajo qué criterios lo hacen.
Por eso, un año después de la elección judicial y frente a una nueva reforma que busca reorganizar precisamente los mecanismos de selección de candidaturas, la pregunta más importante ya no es quién ganó aquella elección. La verdadera pregunta es quién decidió quién podía ganarla. _____ Nota del editor: Carlos Enrique Odriozola Mariscal es abogado y activista en la defensa de los derechos humanos. Presidente del Centro Contra la Discriminación. Redes sociales @ceodriozolam Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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